El presidente de Perú cuestiona el uso extendido de la prisión preventiva

El terremoto político provocado en Perú por las investigaciones del caso Odebrecht, con sospechas de corrupción que alcanzan a Gobiernos de las tres últimas décadas, enfrenta el país sudamericano ante la necesidad de una regeneración urgente. Pero también ha alentado un debate sobre la aplicación de la justicia a la que se acaba de sumar el presidente, Martín Vizcarra, que había mantenido hasta ahora un perfil bajo. Todo detonó el pasado el pasado miércoles, con el suicidio del exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) cuando iba a ser detenido. Dos días después, el juez impuso tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra ingresado en una clínica por una afección cardiaca y que está acusado de lavado de dinero.

El grupo de fiscales encargado de esclarecer el escándalo, coordinado por Rafael Vela, defiende la adopción de este tipo de medidas durante la fase de instrucción de un caso. Sin embargo, Vizcarra se dirigió al Ministerio Público y al poder judicial para pedir una reflexión en torno a la detención antes de un juicio. "Siendo consciente de que la prisión preventiva está contemplada en el código procesal penal, está contemplada como una medida extraordinaria cuando existe peligro inminente de fuga de la persona que está siendo investigada o se crea que su intervención va a entorpecer el proceso de investigación que está siendo llevado a cabo", afirmó el domingo por la noche en una entrevista en TV Perú.

"Yo, en mi condición de presidente de la República, no puedo evaluar individualmente el trabajo de un fiscal o un juez", continuó. "Pero yo tengo también derecho de opinión como ciudadano. Y como ciudadano les digo, ¿las medidas de carácter excepcional se están considerando exclusivamente como carácter excepcional? Es la reflexión que hago para fiscales y jueces. Y ese es el equilibrio que tienen que buscar. Una autoridad que tiene la responsabilidad de encontrar y aplicar la justicia tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos, la aplicación del código que rige su comportamiento, pero con el fin máximo de encontrar la verdad".

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Estas valoraciones dieron pie a la reacción casi inmediata de uno de los fiscales del llamado Equipo Especial Lava Jato, que investiga los sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña en el país andino. José Domingo Pérez aseguró que la Fiscalía "va a seguir realizando su labor como siempre, con independencia". Y solicitó "respeto a la independencia de la Administración de justicia".

Vizcarra asegura que su postura no ha cambiado desde que ingresara en prisión el también expresidente Ollanta Humala o la líder opositora Keiko Fujimori. "Se está aplicando una medida que es excepcional en casi la totalidad de los casos. Tiene ese carácter extraordinario, entonces que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente", dijo. A propósito de la denuncia de Rafael Vela, que en conversación con EL PAÍS describió el pasado viernes un pulso con la clase política peruana y presiones de varios sectores, el mandatario se limitó a resaltar que todos los ciudadanos quieren conocer la verdad. “Queremos que fiscales y jueces objetivos encuentren la verdad y que se castiguen ejemplarmente a los responsables de procesos de corrupción. Pero en el proceso de búsqueda de la verdad y castigo para los responsables de la corrupción, jueces y fiscales tienen que encontrar el equilibrio”, opinó.

Después del suicidio de García, que estaba siendo investigado por la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, se intensificó el debate sobre la dureza de las medidas cautelares. En el caso de Kuczynski, de 80 años, la medida de prisión preventiva durante 36 meses ha recibido críticas por excesiva. Y el propio Vizcarra —su sucesor al frente del Gobierno peruano— instó al poder judicial a que haga el esfuerzo de que los procesos sean mucho más cortos. La orden de detención recoge, no obstante, algunos incumplimientos: el político no se presentó a algunas diligencias fiscales, se negó a entregar documentación que el Ministerio Público le ha requerido, intentó viajar a Estados Unidos pese a que por una resolución judicial de marzo de 2018 estaba impedido de salir de Perú, y dio información falsa sobre el paradero de una testigo que la Fiscalía aún no ha podido ubicar.

La hipótesis del Ministerio Público es que Kuczynski participó, durante el Gobierno de Alejandro Toledo —hoy prófugo—, en su condición de ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, de “acuerdos corruptos” y la aprobación de normas para que el gigante constructor Odebrecht obtuviera la licitación de la Carretera Interoceánica Sur y del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. 

“Existe alta posibilidad de fuga en caso permanezca en libertad”, señala la resolución, que también añade que “el peligro procesal no se ha desvanecido. La pluralidad de actos del procesado evidencia un alto estándar de peligrosismo”. El domingo a mediodía, las dos hijas mayores del expresidente, Alex y Carolina, y el hermano menor del político, Michael, declararon a la prensa que la prisión preventiva “es en la práctica una condena de muerte”, para alguien de la edad de Kuczynski y con importantes problemas de salud.