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Trump carga contra la cúpula de seguridad tras el fracaso de su política migratoria

La falta de resultados para afrontar la situación en la frontera con México ha provocado una ola de destituciones

Impaciente por detener el flujo migratorio en la frontera con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, carga contra la cúpula de las agencias responsables. El fracaso de su política migratoria ya se ha llevado por delante a la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y también al jefe del Servicio Secreto, Randolph Alles. Y se esperan más salidas.

El presidente Donald Trump a su llegada a Washington tras visitar la frontera con México. En vídeo, declaraciones de Trump este martes.

Un récord del que no presume Donald Trump es el de liderar una Administración con la mayor tasa de rotación de personal en décadas. El desmantelamiento de la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional iniciado la semana pasada ha marcado un nuevo hito y se desencadenó con la sorpresiva renuncia de Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad Interior. La experta en ciberseguridad no tenía la intención de dimitir, pero Trump la habría forzado a hacerlo, según medios estadounidenses.

Con la resaca aún fresca de la noticia, el pasado lunes la Casa Blanca anunció la destitución Randolph Alles, responsable del Servicio Secreto. Las salidas llegaron apenas unos días después de que el mandatario diera marcha atrás en el nombramiento de Ronald Vitiello como jefe de la policía de inmigración de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés), argumentando que busca a alguien “más duro” que este veterano de la Patrulla Fronteriza. Además, la lista de bajas no parece estar cerrada. Según han revelado funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a The Washington Post, se espera que pronto se marchen también el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Lee Francis Cissna, y otro alto cargo del área, John Mitnick.

Con la salida de Nielsen ya son tres los departamentos destacados dirigidos por interinos, ya que aún no han sido confirmados en sus cargos por el Senado: Kevin McAleenan, comisario de la guardia fronteriza, en Seguridad Nacional; David Bernhardt, en Interior; y Patrick Shanahan en Defensa. A ellos se suma Mick Mulvaney como jefe de gabinete en funciones en la Casa Blanca desde el pasado diciembre. Según Trump, no hay “prisa”.

Mano dura

El vuelco en los puestos de Seguridad Nacional tiene lugar cerca de dos meses después de que el republicano declarara un estado de emergencia en EE UU arguyendo una crisis de drogas e inmigración ilegal en la frontera sur. Trump tuvo que recurrir por primera vez al veto presidencial para mantener una medida que le permite dotarse de los fondos públicos para construir el muro con México tras la negativa del Congreso y los demócratas a concederlos.

Mientras, el flujo migratorio se robustece. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sostiene que el sistema está “colapsado” tras una escalada en la llegada de familias sin papeles, sobre todo centroamericanos. En marzo, las patrullas fronterizas detuvieron a cerca de 100.000 inmigrantes, en comparación con los 58.000 de enero.

Mientras la Casa Blanca carga contra la cúpula que lleva la política migratoria, la voz de Stephen Miller, asesor del presidente y emblema de la mano dura en inmigración, se levanta con fuerza. Crítico con la gestión de Nielsen y Vitiello, el mandatario le dijo recientemente que ahora estaría a cargo de todas las iniciativas de inmigración y asuntos fronterizos, según fuentes presentes en la reunión citadas por The Washington Post. Miller, de 33 años, apoya los planteamientos más radicales del mandatario, como llevar a cabo su amenaza de cerrar la frontera con México.

Nuevo freno judicial en la frontera

Ni las amenazas ni las políticas “de mano dura” han logrado que Donald Trump consiga detener el flujo migratorio, una de sus propuestas estrella durante la campaña electoral a la Casa Blanca. La justicia tampoco está de su lado. El lunes, un juez de California paralizó la aplicación de una orden que permitía desde el pasado enero que la policía fronteriza aceptara una petición de asilo en un puerto de entrada y después obligara al solicitante a esperar en México a que su caso llegara a juicio.

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