López Obrador pide al Senado dar más peso al ejército en la Guardia Nacional

La creación de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad que impulsa el Gobierno de México, parece encaminada. El pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado la iniciativa y la mandará ahora al Senado, donde será discutida y votada en los próximos días. Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, controla ambas cámaras. La aprobación definitiva de la Guardia Nacional, aunque accidentada, parece solo cuestión de tiempo.

Morena, que necesitaba mayoría cualificada, sacó la votación con el apoyo del PRI, formación que ha dominado la política mexicana durante buena parte de los últimos 80 años. El partido tricolor ha aceptado los términos propuestos por Morena, después de algunas modificaciones en la propuesta. El Partido Verde, que suele hacer dupla con el PRI en contiendas electorales, le ha dado sus votos igualmente a Morena. 

Este jueves, horas después de su aprobación, López Obrador ha declarado sin embargo que no está conforme con los últimos cambios que ha sufrido el proyecto. El presidente ha pedido a sus legisladores en el Senado que reviertan las modificaciones aprobadas ayer. En concreto, el mandatario ha señalado dos puntos, uno que atañe a la capacitación de los futuros guardias nacionales y otro, sobre "la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública". En el primer caso, los diputados de Morena quitaron al Ejército esta atribución, formar a los reclutas, que sí aparecía en la propuesta original. En el segundo, eliminaron tres artículos que definían el mando del nuevo cuerpo -militar los primeros cinco años- y estipulaban el equilibrio entre la presencia de la Guardia en las calles y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad locales.

La indicación de López Obrador podría retrasar la aprobación definitiva de la Guardia Nacional, pero el apoyo del PRI y el Verde allana el camino a la reforma, aunque demore algunos meses más.

Desde noviembre, el nuevo cuerpo ha sido objeto de polémica. El día 15 de aquel mes, López Obrador, que aún no había tomado posesión, presentó el plan de seguridad de su Gobierno. Aunque dedicó la mayor parte del tiempo a detallar su estrategia para paliar las causas de la delincuencia, la Guardia Nacional se llevó los titulares. El entonces futuro mandatario explicó que el nuevo cuerpo estaría adscrito a la Secretaría de la Defensa. Policías militares, navales y federales serían sus integrantes. "Hay mucha descomposición en los cuerpos policiales. Se creó la Policía Federal para garantizar la seguridad pública, para que no intervinieran ni el Ejército ni la Marina. Pero no se ha consolidado", explicó entonces, consciente de que sería una decisión protestada. "La política siempre es optar entre inconvenientes", zanjó.

Para el colectivo Seguridad sin Guerra, un grupo de organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, expertos en políticas de seguridad y droga, la aparición del nuevo cuerpo es una pesadilla. Ante la descomposición de la oposición política después de las elecciones del pasado julio, Seguridad sin Guerra se ha erigido estos meses como contrapeso del Gobierno, al menos en este tema. Critican que la creación de la Guardia Nacional supondría profundizar en la militarización del país. Significaría, defienden, blindar la militarización en la Constitución. Como se trata de un nuevo cuerpo militar, la creación de la Guardia Nacional pasa por la modificación de varios artículos de la Carta Magna.

El empleo de militares en tareas policiales en México viene de lejos. Usadas desde la década de 1960 para perseguir a guerrillas rurales en el Estado de Guerrero y fustigar al movimiento de estudiantes en la capital, las Fuerzas Armadas protagonizan el combate a la delincuencia por mandato de los últimos presidentes. Desde el Gobierno de Vicente Fox, en 2000, pero sobre todo a partir de los años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decenas de miles de militares se dedican a investigar, perseguir y detener a delincuentes. A la vista de la estadística delictiva, el resultado no ha sido sin embargo el mejor. En México muere cada vez más gente asesinada y la presencia de los militares no garantiza nada. Al contrario, puede ser perjudicial. La académica Laura Atuesta, del Centro de Estudios y Docencia Económica, CIDE, presentó un estudio hace unos meses que probaba que en los municipios donde se habían registrado enfrentamientos entre militares y civiles, posteriormente había aumentado la violencia homicida.

Luego están los casos de mala praxis de los militares. En los últimos 12 años, los señalamientos contra el Ejército y la Armada por asesinato, tortura o desaparición forzada se cuentan por decenas. En octubre, por ejemplo, un tribunal condenó a cuatro militares, entre ellos un coronel, por el asesinato premeditado y la desaparición forzada de siete personas, cuatro de ellas menores de edad. Los hechos ocurrieron en 2015 en el Estado de Zacatecas. Un capitán de información llegó al cuartel con datos sobre el presunto jefe de un grupo criminal. El comandante organizó entonces un operativo para capturarlo. En el operativo, aprehendieron al presunto delincuente y a otras seis personas que estaban con él. Luego se los llevaron a una zona deshabitada. Los separaron y los mataron a balazos. Luego dejaron allí sus cuerpos y se fueron.

Hechos como el anterior apenas han pesado en el debate. Antes de aprobar el cambio en la Constitución para crear la guardia, el Congreso organizó unas jornadas de discusión con legisladores, integrantes del Gobierno y expertos en seguridad para tratar de llegar a un punto de acuerdo. Uno de los expertos, Alejandro Madrazo, del CIDE, decía: "La letalidad de nuestras fuerzas federales es tan grande que parece que hay una política de ejecución extrajudicial sistemática, y si no es una política, sí es una práctica extendida a lo largo del país y a lo largo de los años".

A raíz de estas jornadas, el Gobierno cedió y dijo que el mando de la Guardia Nacional será civil desde el principio y no dentro de cinco años, como lo habían dispuesto al principio. También accedió a prever un programa de capacitación para las policías locales.

Para Seguridad Sin Guerra, estos cambios son puro maquillaje, pues la forma de funcionar, la educación y el reclutamiento seguirán estando en manos de la Secretaría de la Defensa.

Con la previsible aprobación en el Senado, la decisión sobre la Guardia Nacional pasaría después a los parlamentos de los Estados. Al menos la mitad más uno debe pasar la propuesta para que entre finalmente en vigor.