En la violenta Guanajuato, el debate sobre la Guardia Nacional de López Obrador no existe

La señora Carmen escuchó los primeros balazos mientras se preparaba unos huevos con frijoles y un café. Supo que venían de la avenida, tan cercanos, justo al otro lado de la puerta. Tratando de protegerse, fue corriendo a su cuarto, en la otra punta de la casa. Se ocultó debajo de la cama y se quedó allí un buen rato. Cuando ya no escuchaba disparos, salió. Llegó a la puerta de la calle y la abrió. Enfrente, Carmen vio con horror los cuerpos de varias personas en el suelo, sin vida. La sangre. Y alrededor varias patrullas, policías, militares. Habían asesinado a seis agentes de tránsito.

“Por aquí era una zona tranquila, aunque antes toda Salamanca era tranquila”, dice Carmen, un nombre falso que sustituye al suyo por petición de la entrevistada. No es el único tiroteo que ha sentido de cerca. Hace poco estaba con su hijo en el puesto ambulante de venta de pollos que gestionan entre ambos, cuando se desató la balacera. “Las balas me pasaron rozando. Me metí corriendo en una papelería”, dice. Todo en menos de un año.

Es la historia de Carmen, pero podría ser la de cualquier vecino de Salamanca, que sufren desde hace casi dos años una oleada de violencia sin parangón. Aunque podría ser, en realidad, la historia de cualquier habitante de Guanajuato, antaño un estado tranquilo y próspero del centro de México, aquejado ahora de niveles delictivos nunca vistos. E incluso podría ser la historia de casi cualquier mexicano, cualquiera que no viva en Yucatán o alguna de las escasas regiones que se mantienen al margen de la crisis de inseguridad que asola al país.

Hasta el 31 de octubre, en Guanajuato se cometieron 2.742 asesinatos. En todo 2017 fueron 1.423. Y en 2016, 1.096. Solo en Salamanca, una ciudad de 300.000 habitantes, de enero a agosto de este año contaron 152 asesinatos. Y la pregunta que se hacen vecinos como Carmen es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede parar esto?

A pocos días de que Andrés Manuel López Obrador inaugure su presidencia, el debate securitario arrecia en los medios. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han criticado el plan del futuro presidente para crear un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, de carácter militar, dependiente orgánicamente de la Secretaría de la Defensa. No se puede combatir la inseguridad con más militares, dicen.

Desde Morena, el partido de López Obrador, se defienden. Primero, dicen que el 80% de su estrategia de seguridad se centrará en atender las causas de la violencia. Esto es, la pobreza y la falta de oportunidades. Segundo, argumentan que uno de los problemas hasta ahora era entender el tráfico de drogas como un problema de seguridad pública y no un asunto de salud pública. Y tercero, matizan que crear la Guardia Nacional no implica profundizar en la militarización del país. Todo estará bajo el mando del presidente y su secretario de Seguridad Pública, dos civiles, dicen.

Pese a las bondades de la estrategia, loada por los integrantes del futuro gabinete estas últimas semanas, la sombra de la Guardia Nacional prevalece. A doce años de que los militares empezaran a asumir el papel de las policías, y visto que 2018 está a punto de convertirse en el año más violento en la historia de México, la pregunta es si la propuesta del nuevo Gobierno es la correcta ante el desastre.

El año pasado, la académica Laura Atuesta publicó un artículo en que analizaba la presencia de militares en las calles entre 2006 y 2011, los primeros años de la guerra al narcotráfico impulsada por el expresidente Felipe Calderón, que dejaron decenas de miles de muertos. Atuesta, especialista en políticas de seguridad, concluía que los municipios en que militares y civiles se habían enfrentado habían sufrido un aumento posterior de los asesinatos del 9%. Aunque el artículo es de marzo de 2017 y la Guardia Nacional no era siquiera una idea, Atuesta decía: “En el momento en que se implementó la política de seguridad de Calderón no se contaba con evidencia empírica para poder saber que no iba a dar los resultados esperados. Pero 10 años más tarde ya no tenemos la misma excusa”.

El abogado Santiago Aguirre, del centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, apunta al carácter acaparador de la Guardia Nacional. Según el futuro Gobierno, el país se dividirá en 266 regiones. La Guardia Nacional tendrá mayor o menor presencia en cada una dependiendo de la inseguridad de cada región. En todo caso, su papel será preponderante. “La propuesta de la Guardia Nacional es muy centralista. El mando es jerárquico y no incorpora esquemas de participación y mejora de las policías estatales y municipales. No hay incentivos para fortalecer a las policías. Se da por hecho que están perdidas. Las policías jugarán un papel de subordinación”.

Preguntada al respecto, la señora Carmen no sabe qué es la Guardia Nacional. Aunque dice: “Yo creo que tiene que haber más policías y más militares, que se componga la cosa. Porque antes yo me sentaba aquí en la puerta de casa y ahora ya no”.

Un vecino, el señor Restrepo, taxista, argumenta: “Guardia Nacional o no, vamos a caer en lo mismo. Lo que necesitamos son leyes más duras”, dice, justo antes de detallar el caso de un tipo al que agarraron con armas en la autopista y, añade, luego soltaron. “Militares o policías, ellos van a hacer su trabajo. Las sanciones a los delincuentes son lo que está mal”.

Manuel, otro vecino, explica que ya no vive en Salamanca por la violencia. Va y viene por el trabajo, pero vive en León, en la otra punta del estado. “¿La Guardia Nacional? Mire, ya [el expresidente Felipe] Calderón intentó lo de los militares y no funcionó. No te garantiza nada que anden por ahí. Aquí llegaron hace meses y no ha cambiado nada”.

En enero, el Gobierno anunció la llegada de 3.200 policías militares a Guanajuato, en un intento por controlar la situación. Y desde entonces cada semana que pasa es un recordatorio de que algo no funciona. En septiembre se batieron todos los récords de asesinatos en el estado desde que hay registros: 334.

Aguirre y muchos otros, entre abogados, académicos y activistas ven preocupados la llegada de la guardia. A la lectura de las opiniones de estos y otros vecinos de Guanajuato, Aguirre asume que lo único que quiere la gente es vivir en paz. “El tema de la seguridad es muy emocional. En las encuestas le preguntan a la gente, ‘¿confías en la policía?’ Y responden, ‘no’. Y luego, ‘¿qué harías para mejorar la seguridad?’ Y dicen, ‘más policía’. Está tan descompuesto el sistema de procuración de justicia que es difícil plantear alternativas aceptables. No hemos hecho pedagogía para explicar que las medidas securitarias que funcionan bien, bien en el corto plazo, pueden no funcionar en el medio o largo plazo”.