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Poderes salvajes

En este momento los huachicoleros ya no solo pinchan los ductos para ordeñar sino para sabotear la distribución. Un acto terrorista que busca ahogar a ciudades importantes de México

Un militar resguarda un centro de distribución de combustible en Jalisco.
Un militar resguarda un centro de distribución de combustible en Jalisco. EFE

El problema de ir contra los poderes salvajes es que terminan siendo más poderosos y más salvajes de lo que se había previsto. Son industrias criminales que no están inscritas en la seguridad social o en el registro de contribuyentes; solo se les puede dimensionar cuando se les enfrenta. A menos, claro, que las autoridades hubieran hecho la investigación de fondo y el trabajo de inteligencia que no acostumbran.

En México se ha discutido hasta el cansancio si la cruzada que el presidente López Obrador ha lanzado en contra de las bandas organizadas para el robo de combustibles (huachicoleros) debió haber sido mejor planeada para evitar el desabasto de gasolinas que ha trastocado la vida en algunas ciudades del país. Ciertamente desencadenó una confrontación que ha resultado más feroz de lo que el Gobierno pudo anticipar. Acostumbrado a la impunidad, el crimen organizado está muy lejos de haber renunciado a su patente de corso simplemente porque el Estado haya decidido lo contrario. Una batalla que en buena parte ha tomado como rehén a la población mexicana, pero podría escalar en otros actos de terrorismo, incluso atentados en contra de su rival, el presidente.

El poder del huachicol reside en buena medida en la enorme penetración que posee en el tejido social en territorios con densidad de ductos y por la enorme vulnerabilidad de estos a lo largo de cientos de kilómetros. Pueblos completos en los que existe una división del trabajo en torno al fenómeno: desde los niños que vigilan, los hombres que se han especializado en los tecnicismos de la ordeña, los jóvenes que la trasladan a gasolineras e industrias, las mujeres que las venden a pie de carretera. Y por encima de todos ellos sicarios de los cárteles (originalmente Zetas, luego Jalisco Nueva Generación) que exigen tributo, compran o amedrentan voluntades en Pemex y en gasolineras y facilitan sicarios para la protección y la represión. A diferencia de la droga o la piratería que requiere una inversión considerable en mercancía, la ordeña de ductos o el robo de camiones cisterna ofrece una rentabilidad inmensa una vez que se tiene el control de una región.

En este momento los huachicoleros ya no solo pinchan los ductos para ordeñar sino para sabotear la distribución. Un acto terrorista que busca ahogar a ciudades importantes (Guadalajara, Morelia, Guanajuato y, en lo posible, la capital) con la esperanza de que un desabasto de combustible prolongado se traduzca en escasez de artículos de primera necesidad. En última instancia es una batalla por la opinión pública entre el operativo del Gobierno en contra del huachicol y las acciones de este para exasperar a los ciudadanos y forzar una suspensión parcial o total de la cruzada.

Un pulso que hasta ahora López Obrador ha logrado ganar con amplia ventaja según las encuestas de opinión. Entre el 60 y el 80% de los ciudadanos, según la fuente que se consulte, acepta enfrentar desabastos a cambio de combatir el robo de combustible. Una victoria que el presidente está consiguiendo a costa de un brutal desgaste personal, consciente de que se está jugando buena parte de su activo político para lo que resta del sexenio: jornadas de 20 horas de él y su equipo, sesiones de información todas las mañanas a las 7, recuento público e imágenes de las ordeñas de las últimas horas, descripción puntual del precario avance en el suministro de combustible a las ciudades afectadas.

Es tal el éxito de la narrativa presidencial para encarar su campaña contra el huachicol como una lucha entre el bien y el mal, que incluso sus rivales políticos encuentran incómodo mantener la dura campaña en redes sociales y medios de comunicación sobre la logística improvisada o los daños del desabasto. Todo indica que la confrontación será larga, pero si el Gobierno logra convencer a la población de que el suministro mejora poco a poco, y los datos parecen confirmarlo, mantendrá el apoyo popular y muy probablemente incluso este vaya en aumento.

Los críticos podrán esgrimir cifras ingentes de lo que costó el conflicto o el gasto innecesario derivado de errores de logística y planeación, pero en la medida en que la población perciba esta como la primera batalla victoriosa en contra de la corrupción, incluso los sacrificios personales serán asumidos como una contribución cómplice a favor de una causa de todos.

Por desgracia los poderes salvajes tienen la característica de ser impredecibles. Sus reacciones escapan al cálculo político convencional. Están desesperados y lejos de haberse rendido. La próxima semana López Obrador ha prometido visitar el llamado Triángulo Rojo en Puebla, bastión del huachicol, donde los policías son recibidos a balazos y los militares son golpeados por la población. Sicarios dispuestos a matar y morir. Esperemos que el presidente, por lo general displicente sobre su seguridad personal, no asuma esta vez que va blindado por el manto protector del “cariño del pueblo”.

@jorgezepedap

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