La fiscalía italiana investiga si el padre de una víctima de abusos contrató a un sicario para asesinar al pederasta

Giuseppe Matarazzo fue condenado en 2011 a once años y medio de prisión por haber abusado sexualmente de una menor. La adolescente, de 15 años, se quitó la vida antes de que él entrara en la cárcel. El hombre, de 46 años, salió en libertad el pasado junio después de haber reducido su condena por los beneficios penitenciarios. Un mes después, lo asesinaron a balazos en plena calle en Frasso Telesino, una ciudad al norte de Nápoles. Alguien le pidió desde un vehículo que se acercara, para pedirle una información y cuando lo hizo, un hombre le descerrajó varios tiros hasta matarlo.

Ahora la fiscalía de Benevento cree que se trata de un crimen por encargo y que quien apretó el gatillo fue un sicario contratado por la familia de la chica fallecida. En concreto, las pistas que manejan los inspectores llevan hacia el padre, que está investigado, aunque no ha sido ni interrogado ni detenido por el momento. Pero creen que tiene “un móvil importante” para la venganza.

Le pidieron desde un vehículo que se acercara para pedirle una información; cuando lo hizo, le descerrajaron varios tiros

El 28 de diciembre, los Carabinieri detuvieron a dos hombres, de 30 y 55 años, sospechosos de haber conducido el vehículo que se usó en el crimen, y acusados de homicidio premeditado. El fiscal de Benevento, Aldo Policastro, en unas declaraciones, en una rueda de prensa, recogidas por la agencia italiana ANSA, confirmó que seguían la hipótesis de los sicarios a sueldo, a cambio “de algunos miles de euros”.

“El homicidio ha sido seguramente por encargo y los dos arrestados son solo el inicio porque las investigaciones continúan, en busca de un eventual intermediario y de los mandantes”, explicó. Según su tesis, no hay ningún vínculo entre los detenidos y la víctima ni tampoco entre los arrestados y el principal investigado por haber encargado el crimen, por lo que creen que algún intermediario pudo haberlos puesto en contacto.

El coche desde el que se disparó a la víctima y en el que después huyeron los detenidos puso a la policía tras la pista del detenido de mayor edad. Estaba a nombre de unos familiares, pero él lo conducía a menudo. Un testigo y la señal GPS del vehículo lo sitúan en el momento y en el lugar del crimen. Y también revelan que había rondado por la zona algún día antes, por lo que la fiscalía cree que el homicidio pudo ser premeditado.

Más información

¿Por qué se matan ahora más los portugueses al volante?

Las viudas de dos ‘sherpas’ muertos en el Everest escalarán la montaña para homenajear a sus maridos

Sherezade se inyecta bótox en Beirut

La detención se precipitó cuando los inspectores descubrieron que este mismo hombre estaba intentando conseguir documentación falsa para, presumiblemente, salir del país. Más tarde se descubrió que la pistola que se utilizó como arma del crimen era también suya, aunque los investigadores no creen que haya sido él quien apretó el gatillo, y por el momento desconocen quién pudo hacerlo.

Según la prensa italiana, el arrestado se ha declarado inocente y ha dicho que se encontraba en la zona para colocar unos carteles publicitarios de un evento. Acerca de los documentos falsos, ha explicado que hizo varias consultas para unos amigos albaneses que querían trasladarse a Italia.

El caso ha servido también para reabrir el debate en ciertos sectores sobre las penas por abusos sexuales a menores y mujeres. El secretario general del sindicato de policía penitenciaria, Aldo Di Giacomo, ha afirmado que el suceso ha despertado ciertas alarmas. “Cuando no hay una certeza de castigo, hasta el punto de que en ocasiones no se determina ninguna distinción entre víctima y verdugo, sucede que se despiertan, sobre todo entre los familiares de las víctimas de delitos odiosos como la violencia sexual sobre menores, actos de tomarse la justicia por su mano como único camino, algo que de todos modos siempre es condenable”, ha dicho.

El sindicato ha publicado en su página web que, según un estudio de la revista Diritto penale contemporaneo (Derecho penal contemporáneo), con la colaboración de la universidad Bocconi de Milán, realizado sobre 100 sentencias de violencia sexual en primer grado a menores y mujeres, la pena media para estos delitos es de cinco años, algo que el autor de la investigación, el profesor Francesco Macrì, considera “insuficiente”.