Bruselas se pertrecha para sortear un año de turbulencias en la UE
La Comisión de Juncker se resigna a prolongar su mandato ante la inestabilidad reinante y la fragmentación política
La Unión Europea entra en 2019 con todas las luces de alarma política encendidas por el temor a una fractura institucional sin precedentes. Bruselas afronta un año de elecciones y renovación de altos cargos que estaba condenado a ser un ejercicio en blanco para el proceso de integración europea. Pero el riesgo de quiebra interna (con el Brexit en ciernes), la fragmentación política y la debilidad de los Gobiernos en muchas capitales sumado a las amenazas exteriores amenazan con convertir el año en blanco en un año lleno de turbulencias para la UE. Bruselas se pertrecha a toda prisa para intentar sortearlo.
¿Qué más puede pasar en 2019? La pregunta se repite en la capital comunitaria en estos días de final de año. Y todas las fuentes avistan los mismos nubarrones. Una presidencia semestral de la UE en manos del Gobierno de Rumania, cuya capacidad para tener el timón plantea serias dudas. Un divorcio con el Reino Unido a mala cara. Unas elecciones europeas probablemente intoxicadas por los troles de San Petersburgo. Un Parlamento Europeo donde un tercio de los escaños podría prestarse a ser el caballo de Troya del antieuropeísmo. Un Consejo Europeo donde casi la mitad de los países tienen un Gobierno minoritario. Una Comisión Europea maniatada durante el primer trimestre por las elecciones al Parlamento Europeo (26 de mayo). Y unos presupuestos comunitarios previsiblemente empantanados y sin visos de ser rematados a tiempo.
Con ese panorama en el horizonte, la maquinaria comunitaria ha entrado ya en modo prevención de crisis, con el objetivo de capear o al menos mitigar el impacto en el club de una suma de fragilidades institucionales como no se recordaba en Bruselas.
DIPUTADOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
La decisión más tangible y probablemente inevitable será, según fuentes comunitarias, la prolongación del mandato de la actual Comisión Europea, que en teoría expira el próximo 31 de octubre. Buena parte del equipo presidido por Jean-Claude Juncker asume ya que el relevo difícilmente va a llegar a tiempo el 1 de noviembre de 2019. Y las agendas se ajustan para un período de inestabilidad de duración imprevisible durante el que los comisarios salientes deberán garantizar que el motor comunitario se mantiene al menos al ralentí.
"Todo el mundo en Bruselas habla de la dificultad que supondrá un Parlamento Europeo más fragmentado tras las elecciones del 26 de mayo, pero las verdaderas complicaciones se van a ver en la Comisión", augura un alto cargo comunitario. La próxima alineación del colegio de comisarios se anuncia como el primer tropiezo porque reflejará los aristados perfiles políticos que gobiernan en muchas capitales.
Por primera vez en 60 años de historia, la Comisión no estará formada solo por miembros procedentes de los partidos tradicionales (populares, socialistas, liberales), sino también por representantes de la extrema derecha o extrema izquierda, ambas presentes en Gobiernos como el italiano y el austriaco o el griego, respectivamente. El encaje de las 27 personalidades se anuncia como una tarea titánica para el futuro presidente de la Comisión. Y la investidura de todo el equipo en el pleno del Parlamento podría dilatarse durante varias semanas o meses.
Como en anteriores ocasiones, cada aspirante a comisario deberá superar una audiencia ante la comisión del Parlamento Europeo que corresponda a su cartera. "¿Y qué comisión parlamentaria aprobará al candidato de Salvini?", se pregunta con inquietud una fuente comunitaria en alusión al comisario que pueda designar el Gobierno de Roma. El propio Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno, ha especulado sobre la posibilidad de postularse él mismo como candidato a presidir la Comisión.
Durante el proceso de investidura, que se prevé largo, el funcionamiento de la Comisión Europea estará garantizado en los departamentos como el de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, o Pierre Moscovici, comisario de Economía, donde la actividad está pautada y sujeta a estrictos calendarios. Pero la capacidad de iniciativa de Bruselas estará paralizada. Un parón que se añadirá a la sequía legislativa del final de legislatura, lo que anticipa, como mínimo, un año en blanco. La maquinaria europea se ha preparado en las últimas semanas para un período de incertidumbre sin precedentes.
La primera tarea ha sido acelerar bajo la presidencia semestral de Austria el remate de numerosos proyectos legislativos (desde la prohibición de plásticos de un solo uso al establecimiento de los nuevos objetivos de emisiones de CO2), que serán aprobados durante las últimas semanas del actual Parlamento Europeo (que celebra su último pleno a mediados de abril).
La Comisión también ha publicado los planes de contingencia ante el riesgo de que Reino Unido abandone el club el próximo 29 de marzo de manera brusca y sin acuerdo. Bruselas también prepara ya la hipótesis de un posible aplazamiento del Brexit, aunque algunos países, como España, creen que la prórroga no debería ir más allá de julio.
En el frente exterior, la Comisión ha emitido instrucciones y recomendaciones para intentar blindar las elecciones de mayo al Parlamento Europeo ante el riesgo de ataques informáticos y campañas de fake news atribuidas a menudo a Rusia.
Y los esfuerzos de la Comisión en los próximos meses se centrarán en intentar agilizar la toma de decisiones para esquivar posibles vetos de los socios más incómodos y evitar que el club caiga en una parálisis permanente. El otro frente será fortalecer el control de los valores fundamentales, ante la temida deriva de socios como Polonia, Hungría, Eslovaquia o Rumania.
Las previsiones de agenda de la Comisión apuntan a que en enero se estudiará el paso de unanimidad a mayoría cualificada para tomar decisiones en ciertas áreas de fiscalidad; en marzo, en áreas de energía y cambio climático; y en abril, en áreas de política social.
El vicepresidente de la Comisión y candidato socialista a la presidencia, Frans Timmermans, también espera plantear en julio, una vez pasadas las elecciones, una reforma del marco de vigilancia de los valores fundamentales, que se ha revelado ineficiente en los expedientes abiertos contra la Polonia de Kaczynski y la Hungría de Orbán.
Sin marco presupuestario
La esperada prórroga del quinquenio de Juncker (2014-2019) se anuncia como el remate final de un año que pinta muy turbulento para la UE. El ejercicio arranca con el traspaso el 1 de enero de la presidencia semestral del club de Austria a Rumania, un relevo que genera gran inquietud en Bruselas.
La Comisión, además, ha tenido escaso éxito en su intención de adelantar la negociación del futuro marco presupuestario (2021-2027). Juncker aspiraba a cerrar un acuerdo antes de las elecciones europeas y con ello demostrar la fortaleza de la UE tras el Brexit. Bruselas anunció un escenario apocalíptico en caso de que se retrasase el acuerdo (con las becas Erasmus paralizadas, fondos de investigación aplazados...), pero el susto no ha cundido en las capitales. Y los países más afectados presupuestariamente por el Brexit, como Francia o Italia (que deberán aportar más y recibir menos) no tienen ningún interés en que el saldo negativo se visualice antes de la cita de mayo con las urnas. "No hay que descartar que la UE esté un año o dos con las cuentas prorrogadas", pronostica el embajador de uno de los países que figuran entre los principales contribuyentes. Ese grupo (al que pertenecen Alemania y Holanda, entre otros) tampoco tiene ningún interés en pactar un nuevo marco que incremente su aportación.
La negociación también se espera muy complicada para los presupuestos de 2020, los últimos, en teoría, tramitados a caballo de la Comisión de Juncker y la siguiente. Las cuentas para 2019 ya han requerido presentar por segunda vez el proyecto, ante la falta de acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. El año que viene, con un nuevo Parlamento, el acuerdo puede resultar imposible. Todo indica, pues, que Bruselas está a punto de contagiarse de la doble maldición que afecta a tantas capitales: una Comisión en funciones con un presupuesto prorrogado.
Una investidura en tres broncas
Parlamento contra Consejo.
Eurófilos contra eurófobos.
Parlamento contra Comisión.
El nombramiento de la próxima Comisión Europea contará al menos con tres momentos de gran tensión institucional que pueden dilatar de manera indefinida el proceso de investidura y el relevo del actual presidente, Jean-Claude Juncker.
El Tratado de la UE prevé que los jefes de Gobierno propongan un candidato a presidir la Comisión, por mayoría cualificada y tomando en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Pero los actuales grupos parlamentarios han advertido que no aceptarán ningún aspirante que no haya concurrido a las elecciones como cabeza de cartel de un partido. Por parte de los populares (PPE) y socialistas (S&D), esa condición solo la cumplirán el alemán Manfred Weber y el holandés Frans Timmermans, respectivamente.
El candidato designado por el Consejo deberá obtener a continuación el apoyo de la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo, que contará con 705 escaños tras el Brexit. Los sondeos apuntan a una fragmentación del hemiciclo que obligaría, probablemente, a que el candidato cuente con el respaldo de tres o cuatro grupos. Pero la batalla también se librará en términos de eurófilos contra eurófobos, lo que podría hacer que los dos grandes grupos (populares y socialistas) sufrieran deserciones de los eurodiputados alineados con las tesis más contrarias a Bruselas. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo dispondrá de un mes para designar, también por mayoría cualificada, a un nuevo aspirante. Y en esa segunda tanda, el Parlamento tendría muy difícil exigir que fuera un cabeza de cartel, lo que abriría el camino a los candidatos que se han quedado en la sombra, entre quienes se menciona al francés Michel Barnier y a la danesa Margrethe Vestager.
El presidente de la Comisión, una vez refrendado por el Parlamento, deberá consensuar con el Consejo la lista de sus comisarios a partir de las propuesta de cada país de la Unión. Todo el equipo deberá someterse de nuevo a votación ante el Parlamento, que podría rechazar la investidura si no le convencen las personalidades elegidas o el reparto de carteras asignadas por el presidente. El voto negativo dinamitaría toda la investidura, incluida la del presidente.
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