Siete meses esperando a Yeisvi

Vilma Carrillo tiene cuatro dientes postizos. Su esposo le arrebató los verdaderos en una de las palizas. Abatida por la violencia, la mujer indígena de Guatemala tomó una decisión en mayo de este año: escapar de su tierra para solicitar asilo en Estados Unidos, el país en el que había vivido ilegalmente durante cuatro años a comienzos del 2000, y donde había concebido a una de sus dos hijas. No tenía los recursos para llevarse a ambas así que optó por marchar con la que tenía nacionalidad estadounidense, suponiendo que la tratarían mejor. Pero sus planes se dieron de bruces con la política migratoria de mano dura de Donald Trump. Carrillo, de 38 años, cruzó la frontera de Arizona tres días después de que entrara en vigor la polémica medida de separación de familias. Los agentes las retuvieron en la aduana y cuando se dieron cuenta de que su pequeña de 11 años era una ciudadana de EE UU, la sacaron de la celda. Esa fue la última vez que vio a su hija.

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“Las dos lloramos al despedirnos. Yeisvi me decía: ‘Mami, no quiero dejarte sola’. Y yo le prometí que íbamos a estar juntas pronto. Después de eso me desmayé”, relata Vilma por teléfono desde el centro de detención Irwin, en Georgia, siete meses después de la separación. El pasado julio la trasladaron desde esas mismas instalaciones a Texas junto a otras madres. Sin saber leer ni escribir, ni inglés ni casi español —habla mam, una lengua maya—, creyó entender que las reunirían con sus hijos. A medida que transcurrían los días el nudo en el estómago de Vilma se volvió piedra. Veía cómo llamaban una a una a sus compañeras de celda menos a ella. De los cerca de 2.600 menores que habían sido separados de sus padres, el Gobierno de EE UU aún tiene bajo su custodia a cerca de 80. Yeisvi, que desde mayo vive con una familia de acogida en Arizona, a 3.000 kilómetros de su madre, forma parte de esa cifra.

La razón que le dieron a Vilma Carrillo para no reunificarla fue que los ciudadanos estadounidenses no pueden estar en los centros de detención para inmigrantes. Carrillo fue trasladada nuevamente a Georgia, donde se presentó a través de videoconferencia a una audiencia para obtener asilo. La guatemalteca tenía una pena que no sabía traducir. Declaró sin abogado, sin la documentación que respaldaba los abusos a los que fue sometida —la tenía en una mochila que la policía aún no le había devuelto— y con un intérprete que en teoría hablaba mam, pero que en las transcripciones de la sesión, a las que tuvo acceso EL PAÍS, queda en evidencia que no era así.

— Juez: Señora, ¿qué edad tiene hoy?

— Vilma: El 10 de mayo, ahí fue cuando crucé la frontera y ellos se llevaron a mi niña, y ya han pasado tres meses desde que la niña nació aquí y no he podido ver a mi niña.

Carrillo testificó a trompicones por el idioma y los nervios sobre las amenazas de muerte que recibió por parte de su esposo. Explicó que no lo denunció porque la estación de policía más cercana estaba a tres horas de su casa.

— Juez: ¿Por qué no se mudó al pueblo donde está la estación de policía?

— Vilma: Incluso si voy, no tengo dinero para darles. Ellos me pedirán dinero. Tampoco tengo para comprar el pasaje de bus hasta allá. Llegué aquí porque mis vecinos hicieron una colecta para ayudarme y me dijeron que como mi niña había nacido aquí quizá me podían ayudar.

La solicitud de asilo fue rechazada y se ordenó su deportación. No solo porque no se pudo expresar bien, sino también porque desde el pasado junio la violencia doméstica en el país de origen del solicitante ya no basta como motivo único para pedir protección en EE UU. Su hermano Martín (nombre ficticio), de 34 años y radicado desde hace 15 años en Georgia, atribuye la negativa del juez a un asunto de discriminación. “Este es un Estado racista y ese fue el juez que le tocó”, comenta por teléfono. El tribunal de Atlanta es de los que menos peticiones de asilo conceden, en torno al 20%. A pesar de que los hermanos están en la misma provincia, no se han podido ver porque están prohibidas las visitas a los centros de detención. Sí han podido hablar: “Está desesperada”, lamenta.

Carrillo se encuentra en proceso de apelación. En caso de que esta siga adelante y la expulsen del país, las autoridades estadounidenses pueden decidir que es demasiado arriesgado que se lleve a su hija por los antecedentes de violencia que ella misma ha expuesto para solicitar asilo. “Tenemos un muy buen argumento para pedir otra audiencia. No le pueden negar el derecho al debido proceso. Esa no puede ser su única oportunidad, tiene que ir a un juicio donde se pueda hacer entender”, explica Shana Tabak, abogada de Vilma y directora ejecutiva del Centro de Justicia Tahirih, una organización que ofrece servicios legales a las inmigrantes víctimas de violencia de género.

El equipo de abogados apeló la decisión del juez —un recurso que puede tardar meses—, y solicitó que, mientras se tramita, liberen a Vilma por razones humanitarias para que pueda ver a su hija. El 5 de noviembre el juez rechazó el requerimiento. “El Gobierno federal está perjudicando su derecho a ser madre, puede perder la custodia”, apunta Tabak. Carrillo está llamada a declarar el 29 de enero en una audiencia en Arizona junto a un abogado del Estado que velará por los intereses de Yeisvi. La representante legal de la guatemalteca teme que si no la liberan antes de esa fecha, los jueces estimen que no se puede hacer cargo de la menor. La ofensiva antimigratoria de Trump establece que no puede liberarse a los inmigrantes mientras esperan su juicio sobre asilo porque luego no se presentan y se quedan ilegalmente en EE UU. Tabak recoge esta suposición en el alegato y responde que eso no va a ocurrir con Vilma porque tiene un buen argumento para obtener la protección y porque ya lo ha difundido: “¿Dónde se va a ir? Ella no quiere desaparecer. Quiere estar aquí y que le respeten su derecho. Solo quiere hacerlo hablando en mam”.

Desde la separación, Carrillo ha mantenido el contacto con su pequeña vía telefónica. “Creo que está traumatizada. Vio cómo su papá me quemaba, escapamos, y ahora no estamos juntas”, afirma con un hilo de voz. Su otra hija, de 17 años, se mudó con una de sus tías a un pueblo a ocho horas de su natal Huehuetenango por miedo a su padre. “Me dijo ‘mami, puedes irte con mi hermanita a luchar a Estados Unidos’”, relata la solicitante de asilo. Y agrega: “Yo no vine aquí para ser rica, vine para salvar a mi hija”.