Una democracia manchada de sangre

Como por arte de magia, desapareció de los titulares de la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos la masacre contra los líderes sociales que se viene presentando desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. También desaparecieron los problemas de seguridad que afectan varias regiones del país. Si bien el acuerdo de paz mejoró de forma increíble los indicadores de secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vinculación de niños y niñas y en general los indicadores de violencia, hubo regiones donde el Estado nunca llegó, no les cumplieron a las comunidades y no se logró combatir la economía ilegal. En 76 de los 242 municipios donde operaba la antigua guerrilla de las FARC se viven grandes problemas de seguridad. Entre 2012 y 2017 el homicidio pasó de una tasa de 34 por cien mil habitantes a 24 por cien mil, se redujo 10 puntos, pero en 2018 la tendencia se detuvo y estamos en un piso de cristal con un crecimiento marginal.

Durante las últimas semanas de la administración de Juan Manuel Santos cualquier alteración al orden público era noticia digna de titular, pero desde la llegada de Iván Duque a la presidencia estos titulares desaparecieron de la agenda pública. El gran problema de todo esto es que la violencia selectiva y silenciosa contra los líderes sociales no se ha detenido. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 13 de noviembre de 2018 se asesinaron 200 líderes sociales, eso significa que cada cuatro días matan un líder en Colombia. Es una masacre. Todos estos líderes de forma directa o indirecta han sido defensores del acuerdo de paz. Esa defensa les ha costado la vida. A continuación se ven los datos de victimización discriminados por mes.

El Gobierno colombiano y las autoridades judiciales han dicho que detrás de estos móviles hay disputas personales. Pero manifiestan que no hay motivaciones políticas. Sin embargo, los picos más altos de victimización se presentan en periodos electorales. Por ejemplo, nótese que en 2018, previo a las elecciones al Congreso de la República entre el 15 de enero y el 15 de febrero, fue asesinado casi un líder social cada dos días. Luego, días después de la segunda vuelta presidencial, ocurrió exactamente lo mismo, en el mes de julio fueron asesinados 18 líderes sociales. Todo indica que sí hay motivaciones políticas detrás de estos asesinatos.

Tres son los perfiles que más se ha victimizado estos dos años. Por un lado, líderes comunales de base que se oponen a economías ilegales y promueven la sustitución voluntaria de estas economías. No debe olvidarse que el acuerdo de paz promueve un modelo de sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca.

Luego están líderes sociales que buscan la verdad. En Colombia ha comenzado el modelo de justicia transicional, esto ha llevado a que organizaciones de víctimas promuevan la búsqueda de la verdad y el regreso de la tierra que le fue despojada. Obviamente, hay muchas personas, en la legalidad, que se beneficiaron de la guerra y están haciendo hasta lo imposible para callar a todo aquel que se atreva a reclamar verdad. Por ello, los reclamantes de tierra han comenzado a ser asesinados y amenazados, al igual que líderes de organizaciones de víctimas que buscan explicaciones de la muerte de sus familiares.

El tercer grupo de líderes sociales asesinados son aquellos que buscan participar en política. Como se mencionó antes, previo a las elecciones, el asesinato de este tipo de perfil fue bastante alto. Luego de los comicios la victimización ha disminuido. Pero en octubre de 2019 habrá elecciones locales y regionales en Colombia, y todo parece indicar que habrá una verdadera masacre en varias regiones del país el próximo año.

No hay democracia que soporte este nivel de victimización a liderazgos sociales, por ello el Estado debe preparar planes de choque para proteger a los líderes que participarán en política el próximo año, y para los reclamantes de tierra, pues será también el 2019 cuando la justicia transicional marche a toda máquina.