Un exiliado demanda a una empresa de ciberseguridad israelí por ayudar a Arabia Saudí a espiar a Khashoggi

La conexión de Israel con el caso Khashoggi emerge con nuevas revelaciones judiciales. Un activista saudí exiliado en Canadá, Omar Abdulaziz, presentó una demanda este domingo ante un tribunal de Tel Aviv contra la empresa de ciberseguridad israelí NSO, que vende a agencias gubernamentales el programa Pegasus, que roba información a los usuarios de móviles y ordenadores. Según ha informado este lunes el diario Haaretz, Abdulaziz, amigo y confidente del periodista asesinado Jamal Khashoggi, ha denunciado a través de un abogado de Jerusalén que NSO facilitó el malware Pegasus a “regímenes opresores que violan la legislación internacional”. También asegura que el software de espionaje fue usado para interceptar más de 400 mensajes vía WhatsApp que ambos intercambiaron desde octubre de 2017 hasta agosto de este año, dos meses antes del asesinato de Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, el 2 de octubre.

Otra demanda similar ya fue presentada en Israel contra la misma compañía de ciberseguridad por activistas de México, cuyo Gobierno utilizó presuntamente el sistema Pegasus para espiar al menos a 88 periodistas críticos y defensores de los derechos humanos. Expertos de la Universidad de Toronto detectaron que el teléfono de Abdulaziz había sido pirateado con el programa de espionaje “de nivel militar” creado por NSO y siguieron un rastro digital que les condujo hasta el Gobierno saudí.

El intercambio de mensajes muestra que ambos eran muy críticos con la política de Mohamed bin Salmán (MBS) y trabajaban para apartarle del poder. Para ello planearon crear un movimiento digital —“las abejas”— entre la juventud saudí para contrarrestar la propaganda oficial en las redes sociales a través del perfil enTwitter de Khashoggi, que llegó a contar con más de 340.000 seguidores. Algunos de estos mensajes en WhatsApp han sido reproducidos en la web del canal CNN, que ha entrevistado a Abdulaziz con motivo de la presentación de la demanda contra NSO.

El estudiante de 27 años con estatuto de asilado político en Canadá desde 2014 Omar Abdulaziz plantea en una comunicación la misión del "Ejército digital". Jamal Khashoghi le responde satisfecho: "Intentaré recaudar el dinero. Tenemos que hacer algo. A veces he sido [ciber]atacado". Unas semanas más tarde el exiliado reconoce que sus mensajes han sido interceptados por el espionaje saudí. "Una vez que escucharon acerca de las abejas, estaban realmente preocupados y perturbados. Arrestaron a mucha gente y asaltaron muchos lugares". "No tuitees nada sobre Canadá ni sobre las abejas", le replicó Khashoggi, "de lo contrario iré a prisión".

"[Bin Salmán] es como una bestia pac-man [comecocos], cuantas más víctimas come, más quiere. No me sorprenderá que la opresión llegue incluso a los que lo vitorean", ecribió el periodista disidente a su contacto canadiense. "¿Hay alguna posibilidad de que cuando sea coronado muestre clemencia?", preguntaba el joven Abulaziz. "Esto es lo que dice la lógica", reflexionaba en voz alta Khashoggi, "pero ya no tengo fe en ella para analizar la mente de este hombre". El exiliado saudí recibió la visita de enviados de Riad en Canadá que le invitaron a regresar a su país, donde le suguirieron que recibiría grandes sumas de dinero. Antes tenía que pasar por la embajada saudí en Ottawa para solucionar los últimos trámites.

La compañía de ciberseguridad NSO opera con licencia del Ministerio de Defensa de Israel y se ampara en la autorización de su Gobierno para vender sus productos a agencias oficiales de otros países. “No toleramos el uso ilegal de nuestros productos”, ha asegurado la firma israelí en un comunicado, “si existen sospechas, las investigamos y adoptamos las medidas apropiadas”. Amnistía Internacional (AI) reclamó el pasado 28 de noviembre que se le retirara el permiso de exportación por haber ayudado a Arabia Saudí a espiar a un representante de la ONG humanitaria. AI considera que la aprobación israelí a las actividades de la controvertida empresa de ciberseguridad equivalen a “cooperar con los abusos contra los derechos humanos”.

El software infecta los teléfonos móviles inteligentes mediante un virus que accede a toda la información por control remoto. Escucha de llamadas, lectura de mensajes, rastreo del historial en Internet... todo es factible, incluso operar a través de la cámara y el micrófono de la terminal. A Omar Abdulaziz le llegó a través de un mensaje para el seguimiento del envío de un paquete. El especialista en ciberseguridad Jaime Blasco, citado por EL PAÍS en 2017, reconocía durante la investigación del espionaje mediante el programa Pegasus en México que una vez que el programa se infiltra en el móvil ya no hay aplicaciones seguras, aunque estén encriptadas: “El atacante tiene acceso a todo, no importa si usas WhatsApp o Telegram”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto llegó a la conclusión de que el inocente mensaje de seguimiento en línea del envío de un paquete había sido emitido por los servicios de inteligencia saudíes, de acuerdo con el texto de la demanda presentada por el letrado de Jerusalén Alaa Mahajna, antiguo asesor de la ONG Adalah, el centro de asistencia legal para la minoría árabe en Israel, que agrupa a una quinta parte de la población del país.

Una reciente investigación del diario Haaretz ha revelado que Arabia Saudí pagó 55 millones de dólares (48,5 millones de euros) para hacerse con el malware Pegasus. Emiratos Árabes Unidos también lo ha utilizado para espiar a opositores y disidentes. “No tenemos Parlamento, solo tenemos Twitter”, lamentaba Abdulaziz en uno de los mensajes enviados a Khashoggi publicados por CNN. “Esa es la herramienta que [el régimen] utiliza para esparcir falsos rumores. Hemos sido atacados y amenazados muchas veces y tenemos que responder”.