La huelga de jueces portugueses solivianta al primer ministro

Los jueces portugueses están en huelga y, pese a que son el pan de cada día en la educación, la salud o el transporte, esta no le ha sentado bien al primer ministro, António Costa, que la considera “no adecuada”. Desde hace 13 años que los jueces no paraban, aunque es su cuarta huelga en 43 años de democracia.

Todos los jueces de todas las instancias han iniciado un periodo de 21 días de huelga salteados por regiones o tribunales, en un calendario que se prolonga hasta octubre del próximo año si antes no se llega a un acuerdo sobre sus condiciones laborales y profesionales. Sus reivindicaciones ya son viejas, datan de 1993, y se refieren sobre todo a la progresión de sus carreras, de sus sueldos, diferenciando más sus salarios según la categoría judicial.

La huelga ha tenido el respaldo del secretario general del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, que considera que el Ejecutivo debe dar “respuestas a las reivindicaciones justas”.

La protesta de los jueces es la que faltaba por añadir al rosario de paros en el sector del transporte público, en la sanidad y en la educación que ocupan el otoño portugués y, sobre todo, lisboeta. A diferencia de esas otras, en esta, el primer ministro ha mostrado su contrariedad porque se debate en el Parlamento la renovación del estatuto de los magistrados, motivo de los problemas. “No es la reacción adecuada para quien es titular de un órgano de soberanía”, ha declarado António Costa a la agencia oficial Lusa. También se plantea la constitucionalidad o no de la huelga de los representantes de este poder.

La Asociación Sindical de Jueces Portugueses (ASJP) recuerda que sus peticiones tienen ya décadas de historia y que las conversaciones parlamentarias no han dado hasta ahora los frutos buscados por sus 2.300 asociados. El paro, del que se desconoce su seguimiento, afecta a todos los tribunales del país, judiciales, administrativos, fiscales, al Tribunal Constitucional y al de Cuentas. El presidente de la ASJP, Manuel Soares, ha señalado que la última propuesta del Gobierno sobre la revisión del estatuto es insuficiente.

Para la ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, la huelga “desacredita las instituciones”. La titular de Justicia considera la huelga desproporcionada cuando se está negociando la renovación del estatuto.

El fracaso de las negociaciones del Gobierno con el sindicato de jueces llega días después del choque entre el Gobierno y su grupo parlamentario socialista por el IVA que se debe aplicar a los espectáculos taurinos. Mientras el Ejecutivo defiende que sea del 13%, el grupo socialista ha presentado una enmienda a los presupuestos para que baje al 6%, como el resto de actos culturales.