El Supremo de Israel permite la entrada a la estudiante retenida más de dos semanas en el aeropuerto de Tel Aviv

En un fallo que supone uno de los mayor reveses sufridos por el primer ministro Benjamín Netanyahu en la actual legislatura, el Tribunal Supremo de Israel ha permitido este jueves la entrada al país a una estudiante estadounidense que llevaba retenida hace más de dos semanas en el aeropuerto de Tel Aviv. El Ministerio del Interior prohibió el paso el pasado día 2 a Lara Alqasem, de 22 años y nieta de palestinos, bajo la acusación de haber apoyado la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el Estado judío. La joven —que había recibido un visado en el consulado israelí en Miami y había sido aceptada para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, recurrió la decisión hasta llegar al Alto Tribunal, que finalmente ha rechazado las tesis del Gobierno.

Decenas de militantes o simples simpatizantes del movimiento BDS han sido bloqueados en las fronteras y expulsados desde que el Gobierno de Netanyahu, considerado el más derechista en la historia de Israel, lograra en 2017 la aprobación en la Kneset (Parlamento) de una restrictiva legislación que les veta la entrada al país. Este fue el caso de la activista española Ana Sánchez Mera, a quien le fue expeditivamente aplicada la norma el pasado mes de julio en el aeropuerto de Ben Gurion cuando coordinaba la visita a Palestina de una delegación de cargos municipales y autonómicos de Podemos y sus confluencias.

Al Qasem fue presidenta de la sección de la Universidad de Florida, donde se licenció en Derecho, en la organización estadounidense Estudiantes por la Justicia en Palestina. Durante la vista que se desarrolló la semana ante el tribunal de Tel Aviv que confirmó en primera instancia su expulsión de Israel, su abogado aseguró que ella se había desvinculado de la política en los campus hace más de un año y que por ello había decidido estudiar un máster sobre derechos humanos en la más prestigiosa universidad israelí.

“La decisión del Supremo de anular el fallo del tribunal de Tel Aviv y permitirla entrada al país es una victoria para la libertad de expresión, la libertad académica y el Estado de derecho”, aseguraron sus letrados en un comunicado citado por el diario Haaretz. “Dado que la acusación no ha presentado una causa satisfactoria para impedirle el ingreso a Israel, la impresión inevitable es que la invalidación del visado que se le otorgó se ha debido a sus opiniones políticas”, reza la resolución del Alto Tribunal. "Si este es realmente el caso, se ha dado un paso extremo y peligroso que podría llevar al desmoronamiento de los pilares sobre los cuales se asienta la democracia en Israel”.

Yotam Ben-Hillel, el principal abogado del caso Alqasem, argumentó que Israel tiene todo el derecho a controlar sus fronteras, pero ello no faculta al Ministerio del Interior para actuar con poderes no sometidos al escrutinio de la ley para expulsar a quien considere indeseable”. Este caso, apostilló, “confirma que una democracia no puede tener cabida una policía del pensamiento”.

El ministro de Turismo, Yariv Levin, miembro de unos de los sectores más nacionalistas del gubernamental partido Likud, presidido por Netanyahu, calificó de “vergonzoso” y “contrario a la democracia” el fallo del Supremo. “Contradice una clara legislación aprobada por el Parlamento y crea una vía verde (nada que declarar) para la entrada de activistas del boicot a Israel que quieren perjudicar al Estado”, argumentó.

La Universidad Hebrea, que ha apoyado a la estudiante durante, expresó en un comunicado su satisfacción por la decisión judicial que permitirá que “Lara Alqasem pueda unirse a miles de estudiantes [en Jerusalén]”. “La estudiante decidió venir a Israel para cursar un máster en Derecho, a pesar de los principios del boicot [que se le imputan]”, aseguró el rectorado durante la vista. “Creemos que la decisión de deportarla es un error que (…) socava las iniciativas académicas israelíes para atraer estudiantes e investigadores extranjeros”.

La campaña de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) a Israel fue iniciada en 2005 por activistas en Palestina y a escala internacional. Persigue a la misma estrategia de aislamiento que puso fin al régimen del apartheid en Sudáfrica hace un cuarto de siglo para acabar con la ocupación de territorios palestinos por el Ejército israelí. El Gobierno de Netanyahu acusa al movimiento de intenta deslegitimar la existencia del Estado hebreo y de fomentar el antisemitismo.

El caso Alqasem ha adquirido una repercusión sin precedentes tanto en su propio Estados Unidos —donde el Departamento de Estado ha invocado el principio de libertad de expresión de sus ciudadanos— como en el propio Estado judío. Sectores del Gobierno y de la sociedad civil han comenzado a poner en duda la efectividad de la ley que veta el paso a partidarios del BDS ante el deterioro que causa a la imagen internacional de Israel.