Los laboristas proponen que las grandes empresas den acciones y dividendos a sus empleados

McDonnell ha puesto cifras concretas a su propuesta: cerca de 11 millones de empleados en Reino Unido se beneficiarían con ello, ha dicho, y su sueldo anual se incrementaría en 560 euros aproximadamente. La promesa de un mayor control de los trabajadores sobre las decisiones empresariales va más allá: un tercio de los asientos de los consejos de administración, ha prometido, serán para ellos.

Con los cálculos realizados por el equipo económico del Partido Laborista, parte de los dividendos producidos por esos fondos de propiedad —que calculan en cientos de millones de euros— serán destinados a un nuevo fondo social que los distribuirá entre la sanidad pública, los colegios y el sistema de seguridad social británico. Las patronales del país ya se han mostrado en contra y  dispuestas a combatir lo que consideran un nuevo impuesto encubierto.

El Partido Laborista está basando toda su estrategia en una sola opción: que el Gobierno conservador de Theresa May, enredado en sus luchas internas y atascado en el laberinto del Brexit, acabe adelantando las elecciones generales. Por eso el discurso de McDonnell ha intentado en primer lugar convencer a los votantes laboristas de que el partido está preparado para gobernar y tiene un plan económico detallado.

Y ese plan supone una combinación de recetas socialdemócratas tradicionales con otras más novedosas, o la reelaboración de viejos remedios con nuevos enfoques. Por ejemplo, la intención de volver a nacionalizar servicios públicos como la electricidad, el agua, los trenes o el servicio postal, viene acompañada de un compromiso. Los laboristas no quieren arrebatar esos servicios a unas élites financieras, dicen, para entregarlos a una élite burocrática. Anuncian una nueva orientación en el modo de gestionar los bienes públicos más democrática. Nuevos órganos de gestión compuestos por ayuntamientos y consejos locales, trabajadores y consumidores que tomen sus decisiones colectivamente y de un modo transparente. Todo bajo la supervisión de un nuevo departamento del Tesoro que vigilará la legalidad y equidad de esas decisiones.

McDonnell ha lanzado una seria advertencia a las grandes empresas que eluden el pago de impuestos: The game is over (el juego se ha terminado). Los laboristas quieren incrementar la vigilancia fiscal sobre esas corporaciones y las medidas de presión. Por ejemplo, ha anunciado, se pedirá a todas las instituciones que gestionan fondos de pensiones e invierten en esas compañías que participen en la campaña que un Gobierno laborista pondría en marcha para exigirles más transparencia en su rendición de cuentas.

No ha podido faltar en el discurso una mención al elefante en medio de la habitación en este congreso: el Brexit. "El resultado de la rabia de los ciudadanos después de años de austeridad que han traído pobreza", justificaba McDonnell. El cerebro gris del partido, el alma gemela de Corbyn, ha puesto sobre la mesa, para que decidan los afiliados, la opinión y la estrategia que defiende la dirección. Antes que pedir un segundo referéndum, los laboristas prefieren que haya unas nuevas elecciones generales para poder llegar al Gobierno y negociar ellos la salida de Reino Unido de la UE, "que proteja la economía y los empleos del país".

El Partido Laborista cree que sus votantes quieren medidas contundentes y no paños calientes. Por eso, ha explicado McDonnell, frente a discursos de anteriores direcciones que ante una situación de crisis económica optaban por rebajar las expectativas, ha anunciado su intención de hacer lo contrario. "Cuanto mayor sea el estropicio que heredemos, más radicales seremos", ha prometido.