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Despido masivo en las aulas rebeldes de Nicaragua

Las autoridades echan a decenas de maestros, trabajadores administrativos y estudiantes de la Universidad Nacional, centro de la resistencia universitaria en Nicaragua

Un autobús del transporte público en la ciudad de Managua.
Un autobús del transporte público en la ciudad de Managua. AP

Por los pasillos del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) no se escuchan por estos días las voces de los jóvenes en el ajetreo de las clases o el estrés de los exámenes. Desde el pasado abril este centro de estudios superiores sufrió un cambio radical: decenas de estudiantes tomaron la universidad y se atrincheraron en ella como respuesta a la represión que el presidente Daniel Ortega desató contra las manifestaciones pacíficas que exigen el fin de su mandato. Durante dos meses la UNAN fue el bastión de la resistencia estudiantil, hasta que Ortega lanzó el 14 de julio un feroz ataque que dejó dos estudiantes muertos y decenas de heridos. Ahora, el Gobierno toma represalias contra quienes apoyaron a los jóvenes atrincherados: más de cuarenta académicos, trabajadores administrativos y más de 80 universitarios han sido expulsados.

Josvell Saintclair recibió su carta de despido el 2 de agosto, tras ocho años trabajando en la UNAN como docente de Física y coordinador de la maestría en Enseñanza de la Ciencia. Cuenta con una maestría en Investigación Didáctica por la Universidad Autónoma de Barcelona y un máster en Educación e Intervención Social por la misma UNAN y asegura que con su expulsión “quien más pierde es el pueblo de Nicaragua”. Saintclair afirma apesadumbrado: “Me gustaba la UNAN y tenía el fin social de trabajar en la universidad, porque trabajas para el pueblo, para la educación de aquellos que no tienen para pagar una educación de calidad”.

Este hombre alto, de pecho amplio y de hablar decidido asegura que su despido se debe al apoyo que dio a los estudiantes mientras mantenían su atrincheramiento en el campus. Como decenas de nicaragüenses que se solidarizaron con la protesta estudiantil, Saintclair entregó ropa, alimentos, medicinas a unos 200 jóvenes que mantenían cerrada la universidad. “Varios de mis estudiantes estaban atrincherados y nos decían lo que necesitaban. Uno no puede mirar a otro lado con toda esa necesitad. Ese tipo de situaciones creo que me hacen ser un candidato idóneo para el despido. Por eso creo que estoy en la primera ola de despidos”, asegura el físico.

Anielka Montoya trabajaba en la Facultad de Medicina de la UNAN. Como enfermera tuvo que atender a los heridos en las protestas, un “delito” en un país donde el Estado es señalado de ordenar al personal sanitario cerrar las puertas de los hospitales a los manifestantes heridos en las protestas, según recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desplegó una misión en Nicaragua para constatar las violaciones de derechos humanos registradas en el marco de la crisis que ya deja más de 320 muertos. A Montoya la despidieron sin darle explicaciones, pero asegura que es una represalia por su apoyo a los estudiantes. "Uno no puede mantenerse callado o insensible frente a la represión contra los estudiantes. Todos los despedidos participamos de alguna manera en las protestas y nos pronunciamos contra los atropellos contra la autonomía en las universidades", explicó la enfermera. "Cada uno de nosotros, ahora más que nunca, sabemos lo que es la autonomía. Una compañera de trabajo solo público en su biografía de Facebook una bandera azul y blanco (la bandera de Nicaragua) y por eso la despidieron”, agregó Montoya.

Los despidos incluyen a destacados académicos como el doctor Allan Pernudy, a cargo de un laboratorio de Biotecnología Médica –con equipo valorado en 100.000 euros–, en el que además se practicaban exámenes a personas con leucemia. O Freddy Quezada, maestro del curso de Comunicación para el Desarrollo quien fue despedido el 30 de julio. Quezada publicó en su perfil de Facebook que el despido es una “flagrante violación a mis derechos de trabajador y docente y clara represalia por ejercer mi libertad de expresión y pensamiento, desde las redes sociales, y que debiera garantizar toda autonomía real y efectiva de una universidad pública como la UNAN, cuyas autoridades superiores han comprometido su imagen ante los cruentos sucesos acaecidos en nuestra casa de estudio”.

Las autoridades universitarias no se han pronunciado sobre estos despidos. EL PAÍS intentó entrevistar a la rectora Ramona Rodríguez, pero no atendió a las solicitudes de este periódico. A los académicos despedidos se unen 82 estudiantes que fueron expulsados de la UNAN por haberse atrincherado en el recinto universitario. Las autoridades universitarias conformaron una comisión especial “para averiguar y determinar responsabilidades en lo referido a la destrucción de la UNAN”. Esa comisión catalogó como “faltas muy graves” las acciones de los estudiantes y decidió su expulsión definitiva, aprobada el 20 de agosto, pero hecha pública el viernes. En una carta firmada por Luis Alfredo Lobato, secretario general de la universidad, se adjuntan los nombres de los estudiantes expulsados, las carreras que cursaban y las facultades a las que pertenecían.

Entre los expulsados está Jonathan López, de 20 años y estudiante de Ciencias Económicas. López participó en la toma de la UNAN y estuvo atrincherado en la universidad, además de ser una de los voceros del movimiento estudiantil que planta cara a Ortega. López lamenta el despido de sus maestros y la decisión de las autoridades de expulsar a decenas de estudiantes. “Nos duele y nos llena de rencor, porque no es posible que personas que deberían defender nuestros derechos, nos están atacando. Según la ley de autonomía y sus estatutos, el protestar no solo es un derecho sino un deber del estudiante, porque como futuro del país tenemos el deber cívico de salir y exigir que se respete la autonomía o los derechos humanos en general”, dijo López. Las autoridades de la UNAN planean reanudar las clases en septiembre, pero los estudiantes se han declarado en desobediencia estudiantil. “No nos podemos presentar a clases porque nos pueden apresar”, dijo López. “Intentar reanudar las clases es una falta de respeto a nuestros compañeros muertos”, agregó el joven, que el viernes participaba en una manifestación en Managua.