Los retos en seguridad y defensa del nuevo gobierno colombiano

Como se esperaba el concepto de seguridad es uno de los tres pilares fundamentales del Gobierno del presidente Iván Duque, apenas a unas horas de posesionarse, se dirigió a Tumaco, una de las zonas con mayores desafíos criminales. Desde allí anunció una serie de medidas, también como se esperaba era más de lo mismo, es decir, lo mismo que se ha hecho en los últimos años, pero con un tono y un vocabulario más agresivo. No debe olvidarse que el expresidente Álvaro Uribe montó su popularidad sobre su gestión en la seguridad y armaron la campaña presidencial, del actual presidente Duque, manifestando que el expresidente Santos era débil y le había entregado el país al crimen.

Ahora en el Gobierno, el partido del Centro Democrático tiene su prueba de fuego para resolver algunos asuntos de seguridad y mostrar nuevamente su mano dura, con lo cual aspiran a subir en popularidad rápidamente. En todo caso los primeros anuncios no dicen nada nuevo: dan ultimatos a criminales, anuncian incremento de pie de fuerza y mayor prolongación de las operaciones a profundidad. Pero lo cierto es que los retos son variados, complejos, y utilizar las mismas recetas no va a solucionar los problemas. Se podría hablar de cinco grandes retos en materia de seguridad.

En primer lugar, hay un reto en cerca de 80 municipios de los 1.122 que tiene el país, donde grupos armados organizados y la guerrilla del ELN tienen sus mayores fortines. Estas zonas fueron copadas por estas organizaciones criminales una vez la entonces guerrilla de las FARC dejó las armas. El temor es que Colombia no avance en la estabilización y nos adentremos a una nueva ola de violencia.

El segundo reto, conectado con el anterior, se refiere a la lucha contra las economías ilegales, más de 170.000 hectáreas de hoja de coca, cerca de 200 municipios con minería criminal y 80 municipalidades con rutas de contrabando y trata de personas, hacen de muchas regiones del país un verdadero polvorín. Aquí es importante diferenciar una política de lucha contra organizaciones criminales, de las políticas de lucha contra las economías ilegales. Muchos estados, como México o Colombia, siempre confunden ambos tipos de políticas, pero lo cierto es que son bastante diferentes. Por ejemplo, la estrategia de los Objetivos de Alto Valor, o capturar y capturar jefes de organizaciones criminales no tiene un impacto grande sobre el flujo de una economía ilegal, pero sí sobre las organizaciones criminales.

El tercer objetivo es la inseguridad urbana. En Colombia todos los indicadores asociados a la guerra han caído, el homicidio se redujo de una tasa de 34 por cada 100.000 habitantes al 24% en seis años, el desplazamiento forzado cayó, las desapariciones forzadas están en su nivel más bajo en décadas. Pero a medida que esto indicadores caen, en las ciudades la población cada día se siente más insegura. El hurto de celulares, a locales comerciales y el callejero son los principales problemas. El tema en este punto, es que esto no se resuelve con Fuerzas Militares o mayor represión, la problemática es compleja, se requiere mejorar el servicio de justicia, incrementar cuerpos de inteligencia policial en las ciudades y sobre todo desestructurar los flujos económicos de estos mercados. Es decir, se debe pasar del concepto de defensa al de seguridad ciudadana.

El cuarto reto se refiere a la necesidad de crear una orden coherente en la institucionalidad encargada de la seguridad. Hoy en Colombia, seis instituciones del orden nacional dan directrices en materia de seguridad ciudadana, todas invierten recursos, no hay lineamientos claros de la política pública, y todos los alcaldes creen que la seguridad se reduce a pie de fuerza de la Policía Nacional. Esto debe acabarse y crear una jerarquía institucional clara.

El último, debe ser la creación de una política criminal, hoy Colombia no la tiene. El sistema penitenciario es un desastre, y no solo por el hacinamiento. Además, el sistema de responsabilidad penal adolescente está en crisis e incluso, los ciudadanos para poner una denuncia por robo fácilmente tardan dos días. Habrá que esperar si el nuevo gobierno se dedicará al discurso y la mano dura en las calles, o pasará a solucionar los temas de fondo.