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La oposición venezolana se moviliza en solidaridad con el diputado detenido

Juan Requesens cumple cinco días de detención sin juicio ni poder ver a su familia

El padre y hermana del diputado venezolano Juan Requesens en una manifestación de apoyo en Caracas, Venezuela.
El padre y hermana del diputado venezolano Juan Requesens en una manifestación de apoyo en Caracas, Venezuela. EFE

“Ese no es mi hijo”, repite una y otra vez Juan Guillermo Requesens. Para el papá del diputado opositor detenido por supuestamente estar involucrado en el atentado frustrado contra Nicolás Maduro, el que aparece en los vídeos que difundió el Gobierno confesando su participación no es su hijo. “No está en sus cabales, yo soy médico y sé que seguramente está bajo la influencia de alguna sustancia química y está sometido a torturas psicológicas. Hasta que yo no pueda ver, abrazar y hablar con mi hijo para mi sigue desaparecido”, dijo este sábado en un acto en Caracas en el que unas 300 personas, entre ellos dirigentes políticos de la oposición como Lilian Tintori -esposa de Leopoldo López- y varios parlamentarios, expresaron su solidaridad con el diputado.

El testimonio difundido por el Gobierno como prueba de la participación de Requesens y de Julio Borges en el atentado fue tomado sin que el detenido haya si quiera sido presentado ante tribunales. El diputado sigue incomunicado desde el martes, lo que configura una violación del debido proceso establecido en la Constitución. Ni siquiera el viernes en la noche, cuando fue trasladado a los tribunales para una audiencia que finalmente se difirió para el lunes, los abogados pudieron entrar en contacto con él. “A él lo mantuvieron en el sótano del Palacio de Justicia y nos notificaron del diferimiento cuando ya lo habían regresado a la cárcel”, contó el diputado Juan Miguel Matheus, compañero de Requesens en el partido Primero Justicia.

Repudio internacional

El Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, repudió las acciones represivas contra los diputados de la Asamblea Nacional y exigieron que “se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela”.

En el comunicado condenan la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, “durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa del diputado Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado Julio Borges”.

Reiteraron que “sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano”, y reafirmaron su compromiso “de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela”.

Proiuris, una ONG defensora de derechos humanos, explicó en un comunicado que la confesión autoinculpatoria de Requesens es un indicio de tortura y de los vicios del procedimiento legal ejercido contra el parlamentario, al que bajo la protección de la imnunidad que le da el artículo 200 de la Constitución venezolana, solo le correspondía un antejuicio de mérito en instancia del Supremo, pues no fue capturado en flagrancia.

“Mientras el diputado Requesens permanecía incomunicado, el gobierno nacional, a través del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó un vídeo que muestra al parlamentario admitiendo que facilitó un contacto a uno de los supuestos involucrados en el presunto magnicidio, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República. El ordenamiento jurídico penal es claro. El numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma”, señala el comunicado suscrito por una treintena de organizaciones que aseguran que la arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario con el que la Asamblea Constituyente afín a Maduro allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido Requesens fundamentan las dudas sobre su supuesta confesión.

Erika Guevara Rosa, directora para Américas de Amnistía Internacional, se refirió al caso de Requesens e instó al Estado venezolano a garantizar la salud física y mental del diputado. “Tiene derecho a tener contacto con su familia y abogados”, insistió la activista.

La exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz -que en 2014 encarceló a Leopoldo López por los hechos de violencia durante las protestas- se ha manifestado en la misma línea: “Lo exhiben ante los medios, incriminándose él y otras personas. Esa incriminación es producto de la tortura psicológica y física”.

En la manifestación de este sábado, que terminó sin problemas con la policía, un grupo de jóvenes acudió en calzoncillos, tal como aparece el diputado en uno de los vídeos que se filtraron ayer en el que parece estar dopado, con una actitud muy distinta a la que se vio en las grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia en la que forcejeaba con los policías que se lo llevaron. “Si meten preso a uno, nos meten presos a todos”, coreaban los jóvenes que anunciaron que harán más movilizaciones para exigir la libertad del joven parlamentario, que se inició en la política en el movimiento estudiantil.

Requesens, electo en 2015 diputado, lideró gran parte de las movilizaciones opositoras de 2017 y muchas veces estuvo en la primera línea de las refriegas de los cuerpos de seguridad. En varias oportunidades logró superar los piquetes y subirse a las defensas que colocaba la guardia nacional para evitar el paso de los manifestantes. Semanas atrás, en un enérgico discurso en la Asamblea Nacional en rechazo a la persecución al diputado José Manuel Olivares, que tuvo que exiliarse el mes pasado en Bogotá, dijo que haría todo lo posible por sacar a Nicolás Maduro del poder. La frase ha sido usada por el gobierno como una evidencia de su supuesta intención de perpetrar el atentado.

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