El expresidente Saca confiesa su millonario desfalco a las arcas de El Salvador

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca confesó ante un tribunal que durante su mandato (2004-2009) orquestó una estructura mediante testaferros y falsas empresas para el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Para ello Saca diseñó un reglamento que le permitía mantener una aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos. "Me los apropiaba en beneficio personal y de otra gente", dijo ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia.

El expresidente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que pactó con la Fiscalía su confesión a cambio de recibir una condena mínima, aseguró ante los jueces que para respaldar el desvío de los fondos emitió un reglamento, para que la información relacionada fuera considerada como secreto de Estado.

Saca detalló que el dinero fue traspasado puntualmente durante sus cinco años de gestión a 13 cuentas particulares de su ex secretario privado Elmer Charlaix y otros dos empleados, y que buena parte se retiró en efectivo.

El expresidente de la República, Antonio Saca, también confesó la mañana de este jueves que le pagó 10.000 dólares mensuales a su esposa, Ana Ligia de Saca, y que ese dinero salió de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia, "que eran entregados en efectivo. De igual forma, se le abonó a la primera dama en concepto de viáticos los gastos en los que había incurrido para el uso de su tarjeta de crédito de los viajes en el exterior", declaró el expresidente.

Añadió que para lavar el dinero pactó "sin licitación y de manera ilegal" con tres agencias de publicidad el pago mensual de unos 100.000 dólares, y que las empresas se quedaban con el 20%, y el 80% era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50% y el 90% de las acciones.

El exmandatario apuntó que para que este dinero llegara a su patrimonio personal y para "cubrir el origen ilícito" de dichas sociedades, le pagaban un salario mensual de entre 4.000 y 60.000 dólares. Además, acotó que entre 2005 y 2006 se propuso "extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado", por lo que mediante "testaferros" fundó varias sociedades para que "fingieran" prestar servicios de publicidad al Gobierno.

Saca, quien antes de convertirse en empresario y presidente se dedicó al periodismo deportivo, confesó que estas empresas compraron diversos inmuebles en el país. También declaró, sin la presencia de los otros seis imputados en la sala de audiencias, que el partido político Arena recibió "varios millones de dólares" para "actividades que no tenían ninguna relación con la presidencia".

Explicó que también pagó a ministros, viceministros y presidentes de entidades autónomas de su Gobierno cantidades de entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales y en efectivo como "sobresueldos". Además, pagó a Jorge Hernández, acusado en un proceso paralelo y expresentador de noticias de la principal cadena de televisión, un salario "ilegal" de 10.000 dólares mensuales para recibir una "cobertura amplia y favorable".

También reconoció que le pidió privilegios a los bancos para que no identificaran a los que retiraran el dinero y que no informaran de esas transacciones. "Así se ha manejado siempre", justificó, para hacer referencia que sus antecesores hicieron un uso similar de la partida de gastos reservados de la presidencia.

Con esta confesión se espera que los jueces impongan una sentencia de 10 años de prisión a Saca, pena acordada con la Fiscalía y menor a la condena máxima de 30 años que estable la legislación salvadoreña por malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enjuiciado en 2015, pero falleció antes de que comenzara el proceso.

La corrupción se lleva cada año sumas millonarias en El Salvador donde más del 40% de la población es pobre. Solo por evasión y elusión de impuestos no llegan a las arcas del Estado unos 2.000 millones de dólares, casi la mitad de los Presupuestos de la Nación.