Si quiere informar, pase por caja

Quitarse el cinturón forma parte del trabajo de un periodista en Bruselas. Cada día, entrar en los edificios de la Comisión, el Parlamento, el Consejo o la OTAN exige armarse de paciencia y superar un control de seguridad similar al de un aeropuerto. En tiempos de amenaza terrorista, el trámite se acepta como un peaje necesario: las instituciones son el símbolo del progreso del continente, y golpearlas, un macabro triunfo para los que buscan desestabilizarlo.

Pero la seguridad tiene un precio. Y las autoridades belgas acaban de decidir que a los periodistas también les corresponde pagar por él. Hace dos meses entró en vigor en Bélgica una nueva normativa que obliga a los medios de comunicación a abonar una tasa de 50 euros semestrales por cada periodista acreditado en el país que acuda a una cumbre europea, sea belga o extranjero. El dinero recaudado debe servir para cubrir parte de los gastos de seguridad que generan los controles para acceder a la reunión donde cada tres meses se ven las caras los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La medida ha desatado una oleada de indignación. Las asociaciones de prensa han reclamado su anulación y han puesto el grito en el cielo por la discriminación que consagra la norma: los periodistas llegados de fuera de Bélgica para cubrir las cumbres están exentos de la tasa. Y los que trabajan como freelance —que según afirman las entidades, son mayoría—, deberán pagar esos 100 euros anuales de su propio bolsillo, otra desventaja frente a aquellos informadores empleados por compañías de medios que les cubren ese coste. "Tener que pagar para poder estar acreditado obstaculiza la libertad de informar", ha denunciado la principal asociación de periodistas belgas.

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El canon no solo ha recibido críticas desde el sector. Las propias instituciones europeas han mostrado su disgusto ante el hecho de que se pongan barreras a los encargados de informar de lo sucedido en el gran evento de la democracia europea. "Esta ley belga no nos gusta. Los periodistas deben poder hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles", afirmó la portavoz comunitaria Mina Andreeva.

Es cierto que, cada tres meses, la llegada de Emmanuel Macron, Angela Merkel o Theresa May  paraliza el barrio europeo de la capital belga en medio de un imponente dispositivo de seguridad. El blindaje impide acceder a la zona a todo ciudadano no residente, y no es raro ver el tráfico detenido por la policía belga para facilitar el paso de caravanas de vehículos de cristales tintados en los que viajan los mandatarios que deciden el destino de Europa. Sin embargo, los beneficios económicos para Bélgica derivados de su condición de centro de operaciones comunitario son mucho mayores: una legión de lobistas, funcionarios y periodistas vive y gasta en la ciudad a diario. Se construyen nuevas escuelas. El aeropuerto recibe pasajeros de las cuatro esquinas del continente. Y el sector hostelero saca tajada de los múltiples actos que suelen atraer a Bruselas a una clientela de alto poder adquisitivo.

Por ahora, pese a las críticas, el Gobierno belga del liberal francófono Charles Michel no ha rectificado. No hay cálculos totales de cuánto podría recaudar la tasa a los periodistas por poner un pie en el Consejo Europeo, un vasto laberinto burocrático con 24 kilómetros de pasillos en los que se han resuelto —y a veces también empeorado—, las mayores crisis que ha vivido Europa en las últimas décadas, del rescate a Grecia al Brexit. Si el número de periodistas acreditados para las cumbres fuera justo un millar —cifra que no se aleja demasiado de la real—, el montante anual para las arcas belgas sería de 100.000 euros. Algunos periodistas ya barajan la idea del boicot si no hay marcha atrás: "Imaginad a Donald Tusk, Jean-Claude Juncker o Charles Michel hablando en el vacío ante las cámaras porque los periodistas se han quedado en sus oficinas", fantasea un reportero.