El jefe de seguridad de Macron sume al presidente en la peor crisis de su Gobierno

Un juez de instrucción confirmó este domingo la imputación por “violencia en reunión” e “injerencia en el ejercicio de una función pública” de Benalla, tal como había solicitado la Fiscalía. También fueron imputados los otros cuatro implicados en el caso. Se trata de Vincent Crase, un empleado del partido de Macron que también golpeó a manifestantes el 1 de mayo, y tres funcionarios de seguridad que fueron arrestados el viernes por copiar y enviar a Benalla las imágenes de videovigilancia que lo implicaban, después de que la prensa revelara su identidad. Todos permanecieron bajo detención preventiva hasta la noche del sábado.

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Tras la investigación parlamentaria decidida el viernes y otra iniciada en el seno de la policía para depurar responsabilidades, se trata de la tercera investigación abierta en menos de cuatro días en torno a un caso que el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha comparado con el escándalo Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon. La condena a la actuación del Gobierno en este caso ha sido unánime en todo el espectro político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha de Marine Le Pen, que ha reclamado la comparecencia del propio Macron ante la Asamblea Nacional. “El silencio del jefe de Estado está transformando el caso Benalla en el caso Macron”, advirtió la líder de Reagrupamiento Nacional (antiguo Frente Nacional) respecto del hermético silencio presidencial.

Le Pen no es la única que no comprende la negativa de Macron a pronunciarse sobre un caso que lo afecta directamente, ya que tras el poco específico cargo de “colaborador” en “misión” para el Elíseo como adjunto del jefe de gabinete de la presidencia, las tareas de Benalla consistían, básicamente, en garantizar la seguridad del presidente. Numerosas imágenes rescatadas en los últimos días muestran la proximidad de Macron y el joven de 26 años, vigilando siempre a su jefe tanto en actos oficiales como en momentos privados del mandatario.

La estrategia presidencial podría sin embargo estar cambiando. Según la Agencia France Presse, Macron ha empezado a dejar claro, aunque todavía no lo haya dicho públicamente, que considera que los actos de los que se acusa a Benalla son “inaceptables” y que “no hay ni habrá impunidad”. Le Figaro, que también reproduce este mensaje citando las mismas fuentes “próximas al Elíseo”, asegura que el mandatario reunió en la noche del domingo a varios miembros de su gobierno, incluidos el primer ministro Édouard Philippe, Collomb, el portavoz Benjamin Griveaux y el jefe de su partido, Christophe Castaner, para hablar de lo que calificó de “disfuncionalidades” en la gestión del caso Benalla y maneras de evitar que vuelva a producirse algo similar

Una muestra más de la preocupación del Gobierno ante una crisis que no vio venir o, al menos, no supo gestionar en sus inicios.

Silencio incomprensible

Porque la indignación popular es elevada. Sobre todo tras las últimas revelaciones de la prensa, que ha demostrado que Benalla no solo no fue apartado de sus funciones, como se aseguró en un primer momento, sino que incluso siguió disfrutando de una posición privilegiada, hasta el punto de que hace solo unos días todavía escoltaba a los Macron durante una visita en provincia. Le Monde, el diario que destapó el escándalo, reveló además que, desde comienzos de mes, Benalla disfrutaba de una vivienda adjudicada por el Elíseo en la elegante Quai Branly. Es la misma residencia en la que el socialista François Mitterrand alojó discretamente a la mujer con la que mantuvo una larga relación oculta, Anne Pingeot, y a la hija de ambos, Mazarine.

Los franceses cuestionan al presidente que llegó hace poco más de un año al poder prometiendo una forma nueva —y limpia— de gobernar por haber caído en las mismas artimañas de ocultamiento que tanto reprochaba a los políticos tradicionales. No se entiende por qué Macron, que fue informado pronto del incidente del 1 de mayo, decidió aparentemente proteger a uno de sus íntimos a costa de la ejemplaridad, transparencia e irreprochabilidad que impone a su propio equipo.

La prensa coinicide en calificar el caso Benalla como un escándalo “de Estado”. En un duro editorial, Le Monde critica que “el poder haya elegido proteger a un individuo por su pertenencia al primer círculo del macronismo, despreciando el respeto a la ley y las normas”. Bajo el título Mentiras, Libération afirma que tanto el Elíseo como el Ministerio del Interior “prefirieron el disimulo”, imponiendo una sanción mínima a Benalla —dos semanas de suspensión de sueldo y empleo—, a hacer cumplir la ley, que “obligaba a denunciar este caso a la justicia”.

A todas estas acusaciones, y a numerosos cuestionamientos más, deberá responder Collomb este lunes ante unos diputados tan indignados por el caso que han paralizado toda actividad parlamentaria aledaña. Belloubet tuvo que suspender de hecho este fin de semana la revisión constitucional que realizaba la Asamblea Nacional, “hasta que se den condiciones más serenas”. No parece que vaya a suceder pronto.