Turquía decreta una purga en las Fuerzas Armadas y la Policía antes de la toma de posesión de Erdogan

Más de 18.600 policías, militares y funcionarios turcos fueron despedidos este domingo mediante la publicación de un decreto ley en el Boletín Oficial. Se trata de la última orden de purgas firmada por el Gobierno turco antes de su disolución este lunes, cuando tomará posesión Recep Tayyip Erdogan como nuevo presidente ejecutivo, aunando las funciones de jefe de Estado y de Gobierno, tras su victoria electoral el pasado día 24.

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Está previsto que mañana, al asumir el cargo, Erdogan suprima el estado de emergencia vigente desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y que ha permitido al Ejecutivo gobernar mediante estos decretos durante casi dos años. El régimen de excepción confería potestades extraordinarias a las autoridades y permitía restringir derechos y protestas, aunque se espera que parte de estas prerrogativas sean transformadas en ley, pues Ankara considera que la "amenaza terrorista" continúa.

A los purgados de este domingo se les imputa “tener contacto o ser miembros de organizaciones terroristas u otros grupos, iniciativas y estructuras que mantienen actividades contrarias a la seguridad nacional”, según se lee en el Boletín Oficial. La misma acusación genérica que se ha utilizado hasta ahora en las profundas purgas llevadas a cabo desde la fallida asonada de 2016 y que se han cobrado el puesto de unos 130.000 empleados públicos, en su mayoría relacionados con el movimiento islamista de Fethullah Gülen, antaño aliada de Erdogan pero a la que se acusa de orquestar la sublevación militar. Sin embargo, también se han visto afectados por las purgas aquellos de ideas cercanas al nacionalismo kurdo o a posiciones de izquierda.

Desde hace días se especulaba con cual sería el contenido del “último decreto ley” antes de levantar el estado de emergencia, y en las Fuerzas Armadas había preocupación, confesó una fuente militar consultada por este diario. Se olían que venía una nueva purga que añadir a las sufridas durante los últimos dos años y que habían acabado con más de 10.000 oficiales, entre ellos un tercio de los generales al mando de la cúpula militar. Esta vez han caído 6.152 de golpe, en su mayoría militares con rango de suboficial y pequeños oficiales.

Además, cerca de 9.000 policías han sido obligados a entregar placa y pistola (anteriormente 25.000 agentes habían sido purgados), junto con 650 oficiales y suboficiales despedidos de la Gendarmería, un millar de funcionarios vinculados al Ministerio de Justicia, 200 académicos y varios cientos de funcionarios repartidos por varios ministerios e instituciones públicas. También fueron prohibidas doce asociaciones —muchas de ellas de estudiantes y varias ligadas a una cofradía islamista que no se plegaba a Erdogan—, así como tres periódicos —izquierdistas y prokurdos— y un canal de televisión.

“Hay una reestructuración en marcha”, opinó la fuente militar. Según los analistas locales, el equilibrio de fuerzas en el Ejército y la Policía ha cambiado. En la cúpula castrense, los generales más partidarios de la Alianza Atlántica están siendo apartados en beneficio de militares de ideas eurasianistas y contrarias a la OTAN con los que se ha aliado Erdogan. En el Ministerio del Interior, donde la infiltración de los gülenistas estaba más extendida, las nuevas vacantes han sido suplidas por agentes cercanos al ultraderechista movimiento ülkücü (idealista), que ya gozaron de gran influencia en el cuerpo desde mediados de los setenta hasta principios de los 2000. Este movimiento está vinculado al Partido de Acción Nacionalista (MHP), que ha concurrido a las elecciones en alianza con los islamistas de Erdogan y se ha convertido en indispensable para la nueva legislatura.

En toda la función pública también se ha notado esta reestructuración: de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo recogidos por el diario Cumhuriyet casi la mitad de los actuales 2,5 millones de funcionarios turcos están afiliados a Memur-Sen, la confederación sindical cercana al Gobierno islamista (y que hace 15 años no pasaba de 40.000 afiliados en todo el país). Mientras tanto, los otros dos grandes sindicatos de empleados públicos han visto reducir su proporción de afiliados, en muchos casos por presiones y por ser víctimas de las purgas.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado duramente las purgas en la Administración turca pues para los afectados se trata de una “muerte civil” ya que se les impide trabajar para el Estado de por vida y difícilmente logran empleo en el sector privado debido a la mancha que supone que sus nombres estén en listas públicas. Dado que el Tribunal Constitucional se declaró no competente a la hora de juzgar los decretos del estado de emergencia, la única vía que les resta para demostrar su inocencia y recuperar su trabajo es apelar a una comisión creada ad hoc pero que debido al volumen de trabajo avanza con lentitud.