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La justicia concede una victoria al movimiento antiabortista en Estados Unidos

El Supremo considera una “probable” vulneración de la libertad de expresión una ley de California sobre organizaciones contrarias al aborto

Manifestantes antiaborto se manifiestan el lunes frente al Supremo, en Washington
Manifestantes antiaborto se manifiestan el lunes frente al Supremo, en Washington REUTERS

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este martes “probablemente” inconstitucional una ley de California que obliga a organizaciones contrarias al aborto a proporcionar información sobre procedimientos de interrupción del embarazo financiados por el Estado. El fallo, propiciado por la mayoría conservadora en el tribunal, no afecta a la legalización del aborto por parte del Supremo en 1973, pero sí supone un espaldarazo al movimiento antiabortista.

En EE UU, hay alrededor de 2.700 “centros de atención y crisis” del embarazo, vinculados a organizaciones cristianas. En California, unos 200. Son cifras superiores a las de las clínicas que practican abortos, según datos de Reuters. Los defensores de esas organizaciones alegan que ofrecen una información legítima contraria a la interrupción del embarazo, mientras que los críticos esgrimen que engañan a los pacientes al aparentar ser centros médicos.

La ley había sido aprobada en 2015 por la Asamblea y el gobernador demócrata de California y entró en vigor en 2016. Obliga a los centros registrados como organizaciones de planificación familiar a colgar o distribuir información en sus sedes sobre los programas estatales que ofrecen servicios gratuitos o muy asequibles sobre contracepción u opciones de interrupción del embarazo.

Esas organizaciones esgrimieron que la ley vulneraba su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución, al ser obligadas a transmitir un mensaje contrario a sus valores. El Supremo les da la razón al considerar que “probablemente viola la Primera Enmienda”.

El Instituto Nacional de la Familia, que presentó la demanda, celebró el fallo contra una ley que calificó de “coercitiva” por obligar a “publicidad gratuita para abortos financiados con impuestos”. En cambio, el fiscal general californiano, Xavier Becerra, lamentó la decisión del Supremo. Dijo que el objetivo de la ley era que mujeres con pocos recursos tuvieran acceso a información “crítica y no sesgada” sobre las distintas opciones en caso de embarazo.

La Asamblea Legislativa de California había acusado a esos centros religiosos de “publicidad y asesoramiento intencionadamente engañoso que suele confundir, desinformar e incluso intimidar a mujeres a la hora de tomar decisiones, plenamente informadas y con tiempo, sobre un asunto crucial de salud”.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal, con sede en San Francisco, había decretado por unanimidad la legalidad de esa ley. Sin embargo, otros tribunales de apelación han derogado normas similares en otras partes de EE UU bajo el argumento de que los Gobiernos disponían de alternativas para informar a las mujeres.

Tras esa decisión, las organizaciones antiabortistas de California decidieron recurrir ante la máxima autoridad judicial del país. Ha sido clave que desde abril de 2017 haya un nuevo conservador en el Supremo: Neil Gorsuch, propuesto por el presidente Donald Trump. En este y otros casos, Gorsuch ha decantado la balanza por un voto a favor: los cinco juristas conservadores frente a los cuatro progresistas.

El impulso de Pence al giro conservador

El vicepresidente, Mike Pence, abandera el giro conservador en asuntos sociales en el Gobierno de Donald Trump, que en sus primeros días de presidencia, en 2017, ya firmó —como sus últimos predecesores republicanos— un decreto que prohíbe a ONG y proveedores sanitarios en el extranjero destinar fondos del Gobierno estadounidense para asesorar a mujeres sobre la opción del aborto. Estas restricciones las ha endurecido posteriormente con nuevas medidas.

Pence apoya activamente a los grupos antiabortistas y no esconde su rechazo al fallo del Supremo en 1973 que legalizó la interrupción del embarazo bajo determinadas condiciones. Cuando era gobernador de Indiana, promovió en 2015 la ley que permitía a los comercios negar sus servicios a los homosexuales, aunque dio marcha atrás. En 2006, apoyó una enmienda que hubiese definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y sostuvo que legalizar el matrimonio gay llevaría a un “colapso social”.

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