El sector privado exige al Gobierno mexicano un alto a la violencia

La mayor patronal mexicana, Coparmex, ha pedido este lunes al Gobierno de Enrique Peña Nieto iniciar una reforma en seguridad pública que contemple la profesionalización de las policías y que atienda y mejore la procuración de justicia ante el aumento de la violencia que ha obligado a algunas empresas mexicanas a cerrar sus centros de distribución. “No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato”, ha destacado en un pronunciamiento el sindicato patronal más grande del país.

La violencia en México no da tregua y cada vez golpea con más fuerza al sector empresarial. El robo de combustible se disparó un 34% durante marzo. En el primer trimestre del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías (un incremento del 581%) y hubo 3.357 robos de mercancías, según datos de la patronal. “La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, dice en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Desde principios de este mes, Grupo Lala, el gigante de los productos lácteos en México, cerró su centro de distribución de Ciudad Mante, en el Estado de Tamaulipas (noreste) por las condiciones de inseguridad que hay en esa región disputada por violentos cárteles. En una escueta nota de prensa difundida la semana pasada dijo que está colaborando con las autoridades para "reiniciar actividades en cuanto sea posible”. Hace poco más de dos meses, Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, decidió cerrar su centro de distribución de Ciudad Altamirano, en el Estado de Guerrero (sur del país) con el objetivo de "preservar la integridad y la seguridad de sus empleados".

La patronal propone al Gobierno de Enrique Peña Nieto diseñar estrategias que atiendan al sistema de justicia en su totalidad. Una de las propuestas es profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales del país que asciende a unos 2.800 agentes. “Al momento, 6 de cada 10 policías no cuentan con el entrenamiento o equipo necesario para poder realizar sus labores”, se denuncia. Otro punto que solicita Coparmex, liderada por Gustavo de Hoyos, es mejorar la procuración de justicia mediante una Fiscalía autónoma que genere confianza en la población.

Uno de los puntos clave para mejorar la seguridad, apunta, es reformar el sistema penitenciario mexicano. Se requieren cárceles menos costosas y más eficientes que cumplan con el objetivo de castigar y reinsertar. La última demanda del organismo es la creación de una secretaría (ministerio) de seguridad pública. La elección, se expone en el escrito, no es una excusa para dejar la gobernabilidad del país como una segunda prioridad en la agenda. “El crimen no opera conforme a los ciclos políticos y por ello nuestras autoridades no deben hacerlo tampoco”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha sumado al exhorto de mejorar la seguridad ante la violencia que se ha convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. “No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar”, dice Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en un comunicado.

La Mina Dolores, ubicada en Chihuahua (norte) y operada por el grupo canadiense Pan American Silver Corp, ha reducido sus actividades ante la violencia. La planta, donde trabajan más de 1.800 empleados según el CCE, se suma a la lista de empresas afectadas por la inseguridad. El transporte ferroviario también ha sufrido embates de los criminales. Grupo México denunció que sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur, las principales vías de transporte de mercancías, han sufrido siete descarrilamientos debido a sabotajes en la ruta que va de Ciudad de México a Veracruz. El impacto económico es de unos 312 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) entre las ventas perdidas, la sustracción de bienes de los trenes y las reparaciones en vías, locomotoras y carros.

En plena campaña electoral los homicidios no cesan. Tan sólo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios. Castañón pide a los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular, que realicen propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad y combatir el crimen organizado y la corrupción. “Queremos que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrentamos”, manifestó.