Los ultraconservadores no cesan su batalla contra el aborto en Europa

Los movimientos ultraconservadores de todo el mundo han tomado desde hace años el cuerpo de la mujer como su campo de batalla ideológico. Y animados por la deriva de Estados Unidos, donde desde la llegada al poder de Donald Trump han logrado varias victorias, y en guardia por el avance de la ola de feminismo global que lo sacude todo, las organizaciones anti-derechos de Europa han incrementado su ofensiva. El derecho al aborto peligra en varios países del Este, como en Polonia y en Eslovaquia, donde estos grupos anti-derechos se han movilizado para contrarrestar el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, tras el fracaso de su campaña contraria a legalizar el aborto en Irlanda, lucharán para que la nueva ley sea lo más estricta posible y que el camino de las mujeres para acceder a la prestación sea complejo.

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Ese es el caso de Polonia, el país de la UE con la ley más restrictiva, tras Malta —donde el aborto está completamente prohibido— y ya por poco tiempo Irlanda, donde la ciudadanía ha decidido en un referéndum histórico legalizarlo. En el Gigante del Este, donde estos grupos utraconservadores tienen mucha fuerza apoyados en el Gobierno ultra católico y nacionalista y en la fuerza de la Iglesia, solo se permite el aborto por violación, riesgo grave para la salud de la mujer o anomalías fetales graves—. Allí, estas organizaciones han encabezado una iniciativa ciudadana que ahora estudia el Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS) para prohibir esta intervención en casos de malformación fetal. Algo que en la práctica implica que Polonia dejaría de realizar abortos, ya que el 96% de estas intervenciones se hace bajo ese supuesto: unos mil al año.

La ley es tan severa en Polonia que las mujeres se ven obligadas a viajar al extranjero para abortar, aunque estén cubiertas por uno de los supuestos legales; o a recurrir a un aborto clandestino, muchas veces con pastillas compradas en Internet o en el mercado negro. Una realidad que le ha costado a Polonia varias condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no ha hecho sino ignorar. En 2015, la movilización ciudadana y la presión internacional obligaron al Gobierno polaco a retirar otra propuesta para recortar los derechos de las mujeres, un ejemplo que las organizaciones de mujeres y de derechos civiles esperan que se repita con este nuevo intento de recortar derechos.

En España, el Ejecutivo de Mariano Rajoy también tuvo que retirar una propuesta de ley para endurecer la norma actual, que permite a la mujer abortar sin justificar su decisión hasta la semana 14. Tras las manifestaciones masivas de las mujeres, la ley no solo no salió adelante —aunque sí un apartado que recortaba los derechos de las menores de 16 y 17 años— sino que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió.

Casos que no disuaden a estos grupos a dar la batalla. En Eslovaquia, donde la ley permite el aborto sin dar explicaciones hasta la semana 12 de gestación —una ‘ley de plazos‘, como en la mayoría de los países de la UE—, el partido de la derecha radical y neonazi Kotleba ha propuesto en el Parlamento restringir esta intervención solo a casos de violación, riesgo para la vida de la mujer o cuando se detecten anomalías fetales graves. Organizaciones ultracristianas y algunos diputados conservadores apoyan la iniciativa en el país del Este, de 5,4 millones de habitantes, donde acuden un buen número de polacas a abortar y donde se practican algo más de 6.000 interrupciones al año.

“Se ha incrementado el ataque contra los derechos fundamentales en Europa, donde las organizaciones ultraconservadoras han cobrado fuerza e influencia gracias a que disponen de fondos”, alega la diputada sueca conservadora Ulrika Karlson, presidenta de la Unión Interparlamentaria. Fondos, por otra parte, provenientes de donaciones privadas que son opacos y difícilmente cuantificables. Además, aunque estos lobbies no son muy numerosos, sí tienen importantes financiadores y valedores clave en los parlamentos nacionales y en la Eurocámara, como apunta también Neil Datta, secretario general del Foro Europeo de Población y Desarrollo y uno de los mayores expertos en grupos anti-derechos de Europa, en su análisis Restablecer el orden natural.

Entidades como Hazte Oír (España), Ordo Iuris (Polonia), La manif pour tous (Francia) o In the name of the family (Croacia), están muy bien conectadas entre sí —y han fundado la iniciativa europea Uno de nosotros— y con organizaciones hermanas en Estados Unidos. Su estrategia sobre los derechos reproductivos es similar en todos los países: tratan de endurecer las leyes a través de iniciativas ciudadanas o de judicializar el debate para hacerlo mediante la jurisprudencia, nacional o comunitaria.

Es esto último lo que tratan de hacer en Noruega y en Suecia, donde el panorama social y político hace casi imposible revertir en el Parlamento los derechos ya ganados hace décadas. Por esto, estas organizaciones usan otra estrategia y han denunciado a ambos países ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aseguran que las autoridades no garantizan la protección a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. En uno de los casos que ha llegado a juicio, estos grupos de presión reclaman que Suecia discriminó a una comadrona que se negaba a participar en todo lo relacionado con las interrupciones voluntarias del embarazo. En Noruega, estos grupos exigen que un médico de familia tenga derecho a negarse a prescribir anticonceptivos. Su foco es España, donde lograron una victoria histórica cuando el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de un farmacéutico a no vender la píldora del día siguiente por objeción de conciencia.

Con estas maniobras pretenden acercarse al caso de Italia, donde pese a la ley, que permite el aborto, es muy difícil que las mujeres accedan a esta prestación. Allí, un 70% de los médicos se niega a practicar estas intervenciones aduciendo que es contraria a su conciencia (y llega al 90% en algunas regiones). E Italia, pese a las condenas del Tribunal de Estrasburgo, no ha corregido su ley para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, lo que genera importantes problemas de salud pública.

La del aborto, además, no es la única batalla de estos grupos anti-derechos. También atacan el derecho de las mujeres a acceder a pruebas médicas —como ecografías—, a la contracepción o la igualdad de género. En los últimos meses, por ejemplo, están presionando para impedir la firma del Convenio de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia machista en Bulgaria, Croacia y Polonia, que todavía no lo han rubricado. De momento, tras la movilización, han logrado que el Gobierno búlgaro se niegue a ratificarlo.

También han logrado importantes triunfos en Croacia y en Eslovenia para frenar las leyes de matrimonio igualitario y toda equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo. Su objetivo ahora es Rumania, donde tras una iniciativa ciudadana de estas organizaciones se votará en referéndum cambiar la Constitución para que se explicite que el matrimonio “es la unión de un hombre y una mujer”.