Torretas y alambradas: la campaña china de reeducación en Xinjiang

Centenares de miles de funcionarios del Partido Comunista que se instalan a vivir con las familias locales. Un aparato de seguridad cuyo gasto se ha multiplicado por diez en una década. Cámaras de vigilancia, policía, puestos de control. En Xinjiang, la campaña de control de la población uigur, la etnia de religión musulmana originaria de esta provincia china, ha alcanzado niveles asfixiantes en nombre de la lucha contra el terrorismo, según denuncian activistas y académicos. Tan asfixiantes que según algunos cálculos hasta el 11,5% de los uigur de Xinjiang -un millón de personas- pueden estar internados en una red de campos de “reeducación”.

“La seguridad y la estabilidad en Xinjiang se ha convertido en una preocupación principal a causa de la Nueva Ruta de la Seda (el plan estratégico chino de una red de infraestructuras que le comunique con el Oeste). El Estado inició una campaña masiva de seguridad que ha consistido en reclutamientos de policía, sistemas de vigilancia, pero nada de eso era suficiente. Además, la reeducación se estableció como el paso final en la lucha contra cualquier forma de separatismo. Estamos hablando de la reeducación de una población entera”, explica por teléfono Adrian Zenz, académico de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Korntal (Alemania), que este martes ha publicado un detallado informe sobre estos centros de reeducación en el medio especializado China Brief, de la Jamestown Foundation.

En 2009, unas sangrientas revueltas enfrentaron a los uigur con los han, la etnia mayoritaria en China, y dejaron casi 200 muertos. Entre 2013 y 2014, China vivió una serie de graves atentados en distintas áreas del país que atribuyó a separatistas islámicos uigur. Desde entonces, ha emprendido una campaña cada vez más dura de represión y control en Xinjiang.

Desde marzo de 2017, las autoridades chinas han detenido a decenas de miles de uigures y otras minorías en centros de reeducación, al margen del sistema judicial, donde son sujetos a intensas sesiones de propaganda china con el objetivo de desradicalizarlos, según han denunciado residentes, organizaciones de derechos humanos, académicos y medios. Pekín niega su existencia, o da la callada por respuesta. En octubre pasado, un alto funcionario expresaba a la prensa que “garantizamos los derechos legítimos e intereses de todas las etnias y prohibimos la discriminación y la opresión contra cualquier grupo étnico”.

“Sabemos que esos campos existen. Lo que no sabemos con exactitud es qué ocurre ahí dentro”, explican fuentes diplomáticas occidentales.

El informe de Zenz, que se basa en los datos disponibles en los medios de comunicación chinos y páginas web concursos de obra pública, ha encontrado 73 licitaciones sobre estos centros, con un valor conjunto mínimo de 682 millones de yuanes. El experto calcula que el total de centros puede rondar los cerca de 1.200. Documentos filtrados y publicados por organizaciones uigur alegan que hasta un millón de personas podrían encontrarse en esos centros. El total de la población de esta etnia son once millones.

Comparativamente, la red de campos de trabajo que China desmontó en 2013 contaba oficialmente en 2008 con 350 centros y 160.000 detenidos. Si los documentos filtrados son correctos, “es completamente posible que el actual sistema de reeducación de Xinjiang exceda el tamaño y la capacidad del sistema de reeducación mediante el trabajo que existió en toda China”, apunta el académico en su informe.

“Es muy difícil encontrar una familia uigur que no tenga al menos un miembro internado”, explicaba el profesor James Millward, de la Universidad de Georgetown, en una reciente charla en el Hudson Institute en Washington y transmitida por Internet.

Aunque los campos aparecen descritos, según los casos, con distintos nombres, como “centros de enseñanza vocacional”, “bases” o “centros de reeducación”, las licitaciones especifican, en algunos casos, material propio de centros penitenciarios: alambradas, muros reforzados o torretas. En un caso, se reclamaba la instalación de sistemas de comunicación por vídeo similares a los que se usan en las visitas de los familiares a los presos.

Tras la red de centros, se encuentra “la creencia de que un porcentaje significativo de la población musulmana está afectada por pensamientos extremistas. Así que necesitas que un cierto porcentaje de la población se someta a reeducación, no solo los casos más graves, sino también otros que hayan podido verse expuestos” a esa ideología, explica Zenz.

Su mera existencia, y la posibilidad muy real de acabar en uno de ellos, “crea una fuerte atmósfera de intimidación y medio. También mantiene a una parte significativa de la población detenida, y si estás detenido no puedes hacer nada contra el Gobierno. Así que a corto plazo hace muy improbable que haya ninguna trama terrorista. A largo plazo, sin embargo, las consecuencias pueden ser bastante graves”, agrega.

La campaña de control incluye otras medidas, además de los campos. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave. Los móviles se inspeccionan constantemente. Abundan los puntos de control y los casos en los que es necesario mostrar la identificación.

Según Human Rights Watch, que ha documentado de manera exhaustiva las medidas de seguridad en Xinjiang, en los últimos meses parece haberse acelerado un programa que existía desde 2014, y que prevé que funcionarios chinos se alojen durante varios días con familias uigur. Durante estas visitas, puntualiza la ONG, “las familias deben aportar a los funcionarios información sobre sus vidas y opiniones políticas, y se ven sujetos a adoctrinamiento político”. Según esta organización, solo en diciembre de 2017, más de un millón de funcionarios fueron movilizados para alojarse en viviendas, principalmente en el campo y entre familias musulmanas. No consta que los anfitriones puedan negarse a acogerlos.

Para el Gobierno, se trata de “una combinación de lealtad obligatoria, vigilancia y control, información sobre subsidios y ayudas oficiales y un ejercicio de relaciones públicas, de venta de la idea de que la gente convive felizmente los unos con los otros”, explica Maya Wang, investigadora de HRW, desde Hong Kong. Pero es un programa “muy intrusivo. Incluso cuando comes o duermes lo haces bajo los ojos del Partido. Es la mayor invasión de intimidad posible”.

La situación, a todas luces, va a continuar y endurecerse. Según apunta Zenz en su estudio, “Pekín probablemente seguirá apoyando esas medidas, que reflejan los crecientes esfuerzos del Gobierno central por poner barreras a las religiones ‘extranjeras’. De hecho, el sistema de reeducación en Xinjiang puede acabar sirviendo como un modelo para gestionar las bolsas más resistentes de creencias religiosas poco deseables por todo el país".