La transición democrática se estanca en Túnez
El bloqueo de las reformas políticas ha creado una gran desafección en la única experiencia esperanzadora de la Primavera Árabe
Con las recientes visitas a Túnez del presidente francés, Emmanuel Macron, y el español, Mariano Rajoy, se volvió a poner de manifiesto el abismo que separa la percepción de las élites occidentales y los ciudadanos tunecinos sobre la situación en este país magrebí. Macron describió su transición como el gran éxito de la Primavera Árabe, y Rajoy saludó “el Túnez vigorosamente democrático”. En cambio, según las encuestas, cerca de un 80% de los tunecinos cree que el país va “en la dirección incorrecta”. ¿Cómo es posible una distancia tan sideral entre la percepción desde fuera y la de dentro?
En parte, la respuesta reside en que enfocan distintos momentos de la desigual trayectoria seguida por el país después de la Revolución de 2011. En los tres años siguientes, Túnez aplicó con éxito y una relativa rapidez una serie de reformas políticas clave, como la celebración de tres elecciones libres y la redacción de una nueva Constitución democrática. El proceso le valió el reconocimiento de la comunidad internacional, que se tradujo en la concesión del Nobel de la Paz en 2015. Sin embargo, desde entonces, Túnez experimenta un estancamiento tanto político como económico que explica la frustración ciudadana.
“Además de un bloqueo en varias instituciones, existe un riesgo de involución por la creciente concentración del poder en manos del presidente de la República a expensas del primer ministro y el Parlamento, violando el régimen político establecido en la Constitución", comenta Rosa Álvarez, una investigadora española afincada en Túnez. Un ejemplo paradigmático es la falta de un Tribunal Constitucional. Más de siete años después de la caída del dictador Ben Alí, los partidos políticos todavía no han sido capaces de pactar quiénes serán los magistrados que lo integrarán. La ausencia de la institución enquista los conflictos institucionales y dificulta la depuración de las leyes previas a 2011 que vulneran la Carta Magna.
El incidente que hizo saltar las alarmas de la sociedad civil tuvo lugar el pasado 26 de febrero, cuando decenas de policías armados penetraron en el recinto del tribunal de Ben Arous para exigir la liberación de varios de sus compañeros bajo arresto. Los agentes habían sido procesados por torturas, un hecho prácticamente inédito a pesar de que los abusos no han desaparecido de cárceles y comisarías. La semana pasada, la Organización Contra la Tortura en Túnez anunció que registró 80 casos de torturas en 2017 a manos de las fuerzas de seguridad. Cinco de ellos desembocaron en la muerte de las víctimas.
“Las reformas en el sector de la seguridad se hallan paralizadas debido a la polarización política, a la prioridad dada a la lucha antiterrorista, y a las resistencias del partido gobernante, Nidá Tunis, que representa a las fuerzas del antiguo régimen”, sostiene Álvarez. La sociedad civil confiaba en que la labor de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), encargada de investigar los crímenes de la dictadura, ayudaría a poner fin a la impunidad policial. No obstante, en parte por la negativa del Ministerio del Interior a permitir el acceso a sus archivos, la IVD se acerca al final de su mandato sin haber podido cumplir con su cometido.
La oportunidad de las elecciones locales
Estas carencias, sumadas a la persistencia de unas grandes desigualdades regionales y a una alta tasa de paro juvenil, han creado una amplia desafección hacia la clase política. En las elecciones legislativas de 2014 ya se detectó una cierta desmovilización, pues votó menos del 40% del censo —un 60% de los ciudadanos registrados—. Para algunos analistas, las elecciones del próximo 6 de mayo, las primeras municipales libres en la historia del país, podrían ser una solución a muchos de estos problemas. “El proceso de descentralización es crucial para estimular la participación política, y quizás crear una nueva generación de políticos. Creo que puede ser la mejor forma de restaurar la fe en la democracia”, asevera Shaima Bouhlel, una conocida activista de la sociedad civil.
No obstante, los propios comicios son también víctima en el bloqueo político a causa de las luchas partidistas. Su celebración no solo llega con tres años de retraso, sino que ya se ha iniciado la campaña electoral sin saber todavía qué competencias tendrán los municipios. “El Parlamento debe adoptar con urgencia la ley de las colectividades locales antes de las elecciones. Si no, con la ley de 1975 vigente, el margen de maniobra de los consistorios municipales será muy limitado”, advierte Basem Mataar, responsable de la ONG ATIDE, encargada de velar por la transparencia electoral.
Entre las razones de la lentitud del Parlamento, está la voluntad de algunos partidos de mantener el modelo centralista actual o esperar a conocer el resultado antes de decidir cuánto poder otorgar a los Ayuntamientos.
