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El sindicato de Policía holandés cree que el país presenta los rasgos de un ‘narcoestado’

Un informe del Sindicato Nacional de Policía destapa la falta de detectives para combatir el crimen organizado

Isabel Ferrer
Un cultivo de marihuana en la frontera entre Holanda y Alemania, en una imagen de archivo.
Un cultivo de marihuana en la frontera entre Holanda y Alemania, en una imagen de archivo. MARCEL VAN HOORN (AFP/Getty Images)

“Holanda presenta muchos de los rasgos de un 'narcoestado". Los pequeños delincuentes de la droga se transforman en ricos empresarios de la hostelería, el mercado inmobiliario y recreativo. El tráfico de estupefacientes prolifera, y con los efectivos actuales solo puede detenerse a uno de cada nueve grupos de criminales del sector”. Así describe el Sindicato Nacional de Policía sus carencias, en un informe que ha elevado este martes al Congreso para su discusión. En 2016, otro estudio reflejó ya los problemas del servicio de investigación policial holandesa, cuyos miembros se sienten ahora “abandonados” y piden la contratación de 2.000 nuevos colegas.

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Pieter-Jaap Aalbersberg, uno de los jefes de policía en Ámsterdam, prefiere no confirmar el término "narcoestado" usado por el sindicato. Pero sí ha admitido que “en el mercado de la droga hay una cadena clara, y la policía no tiene capacidad para abordar el crimen internacional organizado”, en unas declaraciones a la televisión pública. El estudio coincide con la alarma social desatada tras la muerte de un adolescente de origen marroquí en Ámsterdam, el pasado enero. Mohamed Bouchikhi fue tiroteado “por error” en un taller para menores. Los pistoleros buscaban a otro joven y consiguieron huir en plena noche. Aún se les busca. La policía presume que se trataba de un ajuste de cuentas entre mafias de la droga, pero Mohamed, que no tenía nada que ver, recibió un balazo mortal.

Desde entonces ha habido otras refriegas callejeras, que son un ejemplo de los peligros reflejados en el informe. El propio Aalbersberg ha reconocido que “hay jóvenes dispuestos a matar por 3.000 euros; lo mismo que en los años noventa hacía un asesino profesional por 50.000 euros”. Según el trabajo del sindicato, “este tipo de delito prolifera y acaba vaciando la democracia”. “No disponemos de los recursos ni la capacidad para detener a los peces gordos (…) y aunque tenemos la responsabilidad moral de perseguirlos, los detectives se sienten abandonados a su suerte. Al final, el pagano es el ciudadano”, según Jan Struijs, su presidente. En particular, señala a los ancianos y sectores vulnerables de la población, cuyos agresores no siempre son castigados.

Durante la elaboración del informe fueron entrevistados, en 2017, cerca de medio millar de agentes conocedores de “la economía paralela [de la droga] que se desarrolla aprovechando, de manera fraudulenta, las buenas infraestructuras de nuestro país”. Y el texto añade lo siguiente: “Solo puede cerrarse uno de cada cinco casos no relacionados con la droga, porque estamos ocupados con los ajustes de cuentas, robos y delitos violentos”. La falta de efectivos alcanza los equipos destinados a combatir el acoso y la violencia sexual, “puesto que la trata de personas, la pornografía infantil y los denominados crímenes de honor han sido añadidos a su trabajo; puede hablarse aquí de una sobrecarga emocional”, sigue la memoria. Su entrega al Ministerio de Justicia coincide con la apertura de negociaciones para el nuevo convenio colectivo policial.

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