Una polémica de 75 dólares a cuenta del abuso sexual en Michoacán

La noticia saltó el miércoles en Michoacán, en el centro de México. El Congreso local acababa de aprobar la ley de ingresos, que prevé el costo de los servicios que brindan los organismos públicos. En el apartado que corresponde a la fiscalía, el texto recogía el costo de los certificados médicos y de lesiones, de las valoraciones psicológicas y las visitas del trabajador social. Son los estudios que se practican cuando la fiscalía recibe una demanda de abuso sexual. Y según la nueva ley, cuestan unos 1.500 pesos, 75 dólares. O sea, que cualquier mujer que denuncie una agresión debería pagar esa cantidad para obtener los estudios que demuestren lo denunciado. O eso parecía decir el texto de la norma.

Al salir del pleno, la diputada Brenda Fabiola Fraga, del Partido del Trabajo, criticaba a sus compañeros por pasar la ley. "Esto", decia, "en vez de ayudar, discrimina a las mujeres que sufren violencia". La noticia se expandió y en la mañana de este jueves aparecía en la portada web del diario El Universal, uno de los más leidos de México.

La violencia contra las mujeres en el país ha alcanzado niveles escandalosos. Según el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, 2.813 mujeres murieron asesinadas el año pasado en México, la cifra más alta en 27 años. De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el país, "el 66.1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida", decía un informe del instituto, publicado en noviembre.

Es por ello que la noticia de la ley de ingresos de Michoacána ha corridon como la pólvora de los portales de noticias locales, al ámbito nacional.

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La fiscalía estatal no ha tardado en contestar. En un comunicado divulgado horas más tarde, decía: "Todos los dictámenes que se soliciten con motivo de denuncia o investigación de un hecho, no representan costos. Los costos que contempla la Ley de Ingresos son para certificaciones solicitadas por particulares o autoridades ajenas a una investigación, por derechos de servicios".

Y entonces, ¿qué hay del texto de la ley? ¿Se cobra pero no se cobra? Un portavoz del Gobierno estatal explicaba a EL PAÍS que se trata de una mala interpretación de la diputada Fraga. "La diputada pidió una anotación a la ley para que se exentara de estos costos a las víctimas, pero los diputados no aceptaron la anotación porque la presentó fuera de tiempo. Siempre han aparecido estos servicios en la ley, solo que ahora la polémica surgió porque la diputada pidió que se añadiera la anotación".

Es decir, que el costo de estos estudios aparece siempre en la ley. Que la diputada pidió esta vez que el texto dijera, explícitamente, que las víctimas que presenten denuncia no tienen que pagar nada. Y que sus compañeros diputados se negaron.

El portavoz del Gobierno decía que tal anotación resulta superflua, ya que la ley que rige el actuar de la fiscalía impide por defecto cualquier cobro a los denunciantes. El portavoz señalaba el artículo 56 de la normativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Aunque lo cierto es que no especifica nada al respecto.

Más tarde, EL PAÍS ha podido entrevistar a Mariana Ponce, directora de la Unidad Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la fiscalía. Ponce ha dicho: "Cuando llega una víctima a hacer su denuncia, el Ministerio Público nos gira un oficio donde se piden periciales, certificados, etcétera. Estos dictámenes no tienen ningún costo, nunca se han cobrado, ni se cobrarán, mientras esté una demanda de por medio. La ley establece un costo pero cuando lo pide un particular. Hay gente que solicita pruebas de genética, o la defensa, en calidad de particular, puede pedir un certificados de lesiones. Pero si nosotros tenemos una carpeta, no se cobra".

En 2016, el Gobierno de México declaró la alerta de género en Michoacán, por los elevados niveles de violencia contra la mujer en 14 municipios de la entidad. En teoría, esta medida implica la llegada de fondos adicionales para enfrentar el asunto. La fiscalía defiende que así ocurre. El portavoz del Gobierno local dice que a partir de la la alerta, "hay un Ministerio Público itinerante, una especie de remolque, equipado con todos los elementos para recopilar denuncias, exámenes médicos, psicológicos. Para llegar a zonas rurales".

Según INEGI, Michoacán y otro pueñado de estados acabaron el año pasado con la tasa de feminicidios más alta desde 1990.