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Militares de EE UU demandan a su Gobierno por no protegerles de la radiación en el accidente de Palomares

La acción judicial reclama una compensación por discapacidad a los uniformados que limpiaron la zona en que cayeron cuatro bombas termonucleares en 1966

Vallado que limita el área restringida de contaminación en Palomares (Almería)
Vallado que limita el área restringida de contaminación en Palomares (Almería)

Militares retirados estadounidenses han iniciado una batalla judicial para reclamar una compensación por discapacidad por los efectos del accidente radioactivo en 1966 en la localidad española de Palomares. Los veteranos participaron en las tareas de limpieza de la zona en que cayeron cuatro bombas termonucleares y sufren enfermedades que creen pueden atribuirse a la radiación. La demanda alega que la Administración estadounidense hizo un análisis “fundamentalmente defectuoso” sobre el riesgo sanitario del incidente, en el que justificó la decisión de no conceder ayudas a los militares.

La demanda la interpusieron el lunes estudiantes de Derecho de la Universidad de Yale en un juzgado federal de apelaciones en Washington, que debe decidir si la acepta. Los alumnos representan al veterano de la Fuerza Aérea Victor Skaar y quieren incluir a otros militares afectados por el accidente de hace 51 años y a los que se denegaron también compensaciones. El pleito va dirigido contra el actual secretario de Asuntos Veteranos, David Shulkin.

El accidente de Palomares fue un momento clave de la relación entre España y Estados Unidos durante el franquismo y la Guerra Fría. El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 colisionó en el aire con un avión que debía suministraba combustible. Murieron siete de los 11 tripulantes. El choque hizo que cayeran cuatro bombas de hidrógeno. No llegaron a explotar, pero dos de ellas desprendieron plutonio, contaminado la superficie en la costa de Almería. Se estima que hoy permanecen hasta 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada. EE UU y España firmaron en 2015 un acuerdo de intenciones por el que Washington se comprometió a llevarse el material tóxico, pero el pacto todavía no se ha materializado.

Skaar, que entonces tenía 29 años, fue uno de los cerca de 1.600 militares estadounidenses que se desplazaron a Palomares para hacer pruebas de radiación y retirar restos de plutonio. “El Gobierno no proporcionó a los militares protección adecuada en las semanas o meses que trabajaron en el lugar, no midió en muchos militares su exposición a radiación dañina y no informó sobre los resultados a la mayoría a los que había efectuado pruebas”, aduce el pleito.

La demanda sostiene que Skaar y “muchos” de los militares que estuvieron en Palomares han sufrido enfermedades relacionadas con radiación, como cáncer y desórdenes sanguíneos. Recuerda que el Departamento de Veteranos considera que algunos accidentes de ese tipo pueden ser considerados legalmente como “actividades de riesgo radiactivo”, pero que en el caso de Palomares ha negado esa calificación.

Los estudiantes de Yale aseguran que las primeras pruebas que se hicieron tras el accidente descubrieron que muchos de los uniformados “estuvieron expuestos a niveles peligrosamente altos de radiación”, superando los límites establecidos. Sin embargo, un informe encargado en 2001 por el Departamento de Veteranos determinó que los niveles “no eran ilógicamente altos”.

Los demandantes alegan que ese proceso fue un uso “arbitrario y caprichoso” de la ley y que vulneró el derecho constitucional de los veteranos al debido proceso y a una protección igualitaria. En 2013, el Gobierno recurrió a ese informe y dictaminó que las cifras, en la peor estimación posible, se situaban por debajo del umbral necesario para proporcionar asistencia médica gratuita y otros beneficios a la mayoría de militares.

La acción judicial de Skaar reclama al secretario de Veteranos que reconozca las tareas de limpieza del accidente de Palomares bajo la categoría legal de “actividad de riesgo radiactivo”, se realice una estimación de la contaminación mediante evidencias científicas sólidas y se readjudiquen las ayudas negadas a los veteranos.

El proceso cuenta con el apoyo de Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, donde está Yale. “Estos veteranos fueron expuestos a una radiación peligrosa mientras servían fielmente a nuestra nación”, señaló en un comunicado Blumenthal, que sirvió en el Ejército. “Se merecen un proceso justo y consistente para determinar los beneficios para veteranos relacionados con esa exposición”.

El pasado octubre, los estudiantes de Yale ya demandaron al Departamento de Defensa, en nombre de un grupo de militares retirados, para solicitar la difusión de documentos sobre el accidente, como datos medioambientales y pruebas sanitarias.

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