China condena a cinco años de cárcel a un activista taiwanés
Li Ming-che, detenido tras haber estado desaparecido en China en marzo, ha sido declarado culpable de intento de "subversión del Estado"


China condenó este martes a cinco años de prisión al profesor y activista pro derechos humanos taiwanés Li Ming-che, por intento de “subversión del Estado”, en un caso que pone a prueba unas relaciones ya de por sí gélidas entre Pekín y Taipei. Li había desaparecido en marzo durante un viaje a China y reaparecido más tarde a manos de la Policía. Junto a él ha sido declarado culpable y condenado a siete años de cárcel otro activista chino, Peng Yuhua, por el mismo delito.
Ambos se habían declarado culpables durante su juicio en la ciudad de Yueyang, en la provincia central de Hunan, el pasado septiembre. Entonces, la esposa del activista taiwanés, Li Ching-yu, que estuvo presente en la audiencia, aseguró que no reconocía la autoridad del tribunal.
La sentencia contra Li ha suscitado una enérgica condena del partido de la presidenta Tsai Ing-wen en Taiwán, el Partido Demócrata Progresista (PDP). En un comunicado en el que considera la decisión del tribunal “totalmente inaceptable”, el PDP ha exigido la vuelta del activista a la isla y que, mientras tanto, se garantice su salud y el acceso de su familia.
Las relaciones entre China y Taiwán han sufrido un fuerte enfriamiento desde la llegada al poder hace dos años de Tsai, partidaria de menores lazos con Pekín y que, pese a los deseos del gobierno chino, nunca ha querido admitir que ambos lados del estrecho sean un mismo país. China considera Taiwán una parte inalienable de su territorio y nunca ha renunciado a la violencia para recuperar la isla, que mantiene relaciones diplomáticas formales con una veintena de países.
Durante la detención de Li, China hizo caso omiso de las continuas peticiones de Taiwán de información acerca del paradero del activista y de los cargos que se le achacaban. Pekín también impidió la entrada en el territorio continental de una exdiputada del PDP, Wang Li-ping, que quería presenciar el juicio y a la que reenvió a Hong Kong.
"La sentencia indica cómo el Gobierno chino intenta silenciar incluso a los críticos de fuera de China con la apariencia del uso de la justicia, cuando en realidad lo que ha habido ha sido una detención secreta y un juicio sesgado contra Lee. El mensaje de China está claro: enviar un jarro de agua fría a otros críticos de China extranjeros", explica Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional en Hong Kong.
Poon advierte que "no debemos descartar que China pueda dirigirse contra otros trabajadores de organizaciones no gubernamentales en China si hablan o trabajan sobre cuestiones de derechos humanos, pues también puede considerarse que 'ponen en peligro la seguridad nacional' como en el caso de Li".
Ninguno de los dos sentenciados, según los vídeos del juicio y del veredicto colgados en la página web del Tribunal Intermedio de Yueyang, apelarán la condena.
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