Más que cero, menos que infinito

El pilar europeo de derechos sociales acaba de aprobarse en Gotemburgo. El catálogo de derechos sociales de los europeos ha sido solemnizado. La noticia es muy buena. Por cuatro razones:

Es signo de que Europa está dispuesta a luchar contra la principal causa remota del populismo: el precariado social.

Es acicate para que los beneficiados por el reconocimiento teórico de los nuevos derechos pugnen para que se traduzcan a realidades prácticas, tangibles.

Es bandera de que la Europa del inmediato futuro, que este año se está discutiendo y diseñando, no debe limitarse a la economía y a la defensa —donde más avanza—, sin implicar a los trabajadores, los autónomos, los jóvenes, los parados.

Y es indicio de que la primavera que vive la UE desde que ha derrotado en 12 meses a los retropopulismos nacionales —mientras se imponían en los dos grandes países anglosajones— puede prolongarse. Pese a las amenazas de truncarla que proceden de Alemania, donde ha sido mucho menos florida.

La crítica más obvia al paquete es su carácter no vinculante, no obligatorio: su aplicación dependerá de los Gobiernos, y menos de la capacidad de control (y sanción) de las instituciones comunes.

Correcto. Pero aunque la ambición sea mucho menos que infinita, su impacto es mucho mayor que cero. Legitima, aúpa y justifica la lucha por convertir esos derechos en realidad.

Es clave que se reconozca el derecho a un salario mínimo (SMI). Media docena de países de la UE carecen del mismo. La propia Alemania, hasta que la socialdemocracia se encaramó al último Gobierno de coalición de la canciller Merkel. Los detractores arguyen que entre los países sin SMI figuran los de más altos salarios medios, y con menos paro.

Pero también hay otros, farolillos rojos en ambos estándares, Italia o Chipre. Y entre los de mejores sueldos, la ausencia de ese SMI provoca que los colectivos más periferizados se vean más precarios.

Es clave el impulso a la renta básica (para quienes carezcan de recursos); a las políticas de vivienda social; el apremio a que los parados de larga duración reciban atención personalizada para la búsqueda de empleo como muy tarde a los 18 meses; o que los jóvenes (reafirmación de la garantía juvenil) encuentren, a los cuatro meses de acabar los estudios o caer en el desempleo, el derecho a aprendizaje, a formación complementaria o un apoyo a la búsqueda de empleo.

Clave, porque los países (y los agentes sociales) se emularán al competir entre ellos para alcanzarlos. Y porque la UE puede establecer incentivos presupuestarios al logro de esos objetivos.

Solo se ríen de estas cosas quienes no las necesitan. O los profetas nihilistas.

Hay más. Gotemburgo ha fraguado la duplicación y ampliación, a decidir en la próxima cumbre, del programa Erasmus. La Europa social y educativa resucita.