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¿A dónde vamos?

La confianza en las instituciones en 20 años no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos

Un fantasma recorre América Latina: la desconfianza. Esta se generaliza y proyecta en dos planos: desconfianza interpersonal y desconfianza en las instituciones públicas y del Gobierno. Pese al crecimiento económico, de acuerdo a las mediciones de Latinobarómetro nuestra manera de actuar con el otro y nuestra confianza en las instituciones no ha cambiado en los últimos 15 años. La institucionalidad democrática de la región, tal cual la hemos conocido, está en cuestión.

Así, la confianza en los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial —las instituciones públicas de la democracia— en los últimos 20 años no supera los 4 de cada 10 latinoamericanos. En el último lustro ha bajado de 60 % a 47 % la aprobación a los Gobiernos y la inseguridad ciudadana aparece como el principal y creciente problema en la mayor parte de los países. Es muy baja, también, la representatividad de los congresos nacionales (23% en AL; 8% en el Perú) y es pobre la percepción sobre transparencia gubernamental (36 % en AL; 24 % en el Perú).

Al ser “desafección”, es diferente de una simple indiferencia. Se está ante algo que puede ser explosivo si la democracia no es capaz de recrearse. Una mera “indiferencia” apuntaría a que la dinámica social y política marche en paralelo al Estado: la vida económica y social operando al margen de lo que pase en el Gobierno, el Congreso y otras áreas del Estado. La desafección —definida como mala voluntad— apunta, por el contrario, a contradicción, choque y, en general, a conflicto. Destacan cuatro procesos simultáneos.

En primer lugar, el cambio social producido luego de la década de crecimiento (2002-2012): crecimiento económico de 80%, reducción de la pobreza en 30% (100 millones menos de pobres) y crecimiento de la clase media en otro 30%. Nunca antes la región había pasado por tiempos tan expansivos. Esa nueva clase media, sin embargo, no es necesariamente factor de estabilidad. Francis Fukuyama, ha analizado que una clase media amenazada con dejar de serlo ha sido históricamente un gran factor de inestabilidad política y social; tiene más información, tiempo y recursos para la protesta que los sectores más pobres.

En segundo lugar, el desdibujamiento de las instituciones de representación, incluida la presidencia de la república. Y, paralelamente, espacios de poder “desde abajo” que la dinámica social ha ido generando y que tendrán que irse vertebrando dialécticamente con el ejercicio del poder presidencial y estatal.

El Perú viene siendo, en esto, un caso emblemático: la popularidad de los últimos cuatro Gobiernos elegidos democráticamente cayó en picada al primer año pese a que en esos tiempos la situación económica era buena. Kuczynski, al año de gestión, anda por el 22/24%.

En tercer lugar, la progresiva autopercepción de derechos entre la población y una creciente demanda democrática, lo que, en principio, es positivo. Ocurre, sin embargo, en un contexto de débil legitimidad de las instituciones públicas y de los sistemas de representación. Esto gatilla la acción directa a falta de instituciones. Se va labrando, así, el camino de la participación —a veces tumultuaria y ruidosa— como la vía más directa y confiable de hacerse oír. La consulta previa y las diferentes exigencias de ser escuchados ante procesos de inversión en sus tierras y territorios, por ejemplo, han llegado para quedarse y no pasan por lo que piensa o no el presidente de la república.

En cuarto lugar, la mutación acelerada de sociedades rurales a urbanas en América Latina, que no es un dato demográfico neutral. Tiene profundas implicancias políticas y sociales que más del 80 % de la gente viva hoy en ciudades —o megaciudades— que se encuentran colapsadas en asuntos cruciales como el transporte público o el abastecimiento de agua. Esto erosiona el tejido social y alimenta la violencia y la tensión. Así, las políticas del Gobierno local de una megaciudad como Ciudad de México, Bogotá o Lima, tienen repercusiones sociales y políticas grandes dejando de ser un asunto local lo que apunta a revisar diseños de Estado superados.