La seguridad física de las FARC

Se cumplen poco más de tres semanas de la dejación de armas de las FARC con números históricos, Es el primer proceso de paz en el mundo en el que hay más armas que insurgentes reincorporados. Sin embargo, dos hechos amenazan el futuro de la reincorporación de las FARC. La seguridad jurídica y la seguridad física. Sobre el primer tema, se puede decir que después de siete meses de haber sido emitida la ley de amnistía, más de 1.500 guerrilleros siguen en las cárceles.

Pero sobre la seguridad física la situación comienza a ser compleja. Dos son los fenómenos. Por un lado, desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma de los acuerdos de paz, han sido asesinados 55 líderes sociales, casi todos ellos militaban en movimientos sociales que surgían gracias a la apertura democrática de los acuerdos de paz. Es decir, que cada cuatro días en Colombia se asesina a un líder social.

En todo caso es importante reconocer que en los últimos tres meses la intensidad de los asesinatos ha disminuido, mientras que en enero fueron asesinados 14 líderes sociales, en junio fueron asesinados tres. En gran parte, la reducción de la intensidad de estos homicidios se debe a diferentes acciones institucionales como la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, o a un grupo especializado que creó la Fiscalía Nacional y, claro, el propio vicepresidente de la República se ha puesto al frente del tema.

El otro fenómeno que comienza a preocupar es el asesinato de guerrilleros o familiares de los mismos. Desde la firma del acuerdo de paz se han registrado cinco homicidios de guerrilleros en proceso de reincorporación y 10 asesinatos contra familiares de los mismos. Los departamentos más afectados han sido Caquetá (dos asesinatos), Cauca (dos asesinatos) y Nariño (un asesinato). Sobre la motivación de los hechos se han encontrado al menos dos elementos. Por un lado, uno de los asesinatos en Caquetá, uno en Cauca y el de Nariño son producto de propuestas de grupos criminales para que estos guerrilleros reincidieran, a lo que se negaron. Todo parece indicar que ante los incumplimientos del Gobierno colombiano en la seguridad jurídica o la ausencia de una planificación del plan de reincorporación, los guerrilleros han comenzado a recibir propuestas para que se vinculen a grupos criminales. En una entrevista, uno de los otrora comandantes de las FARC confirmó la información y dijo que para los guerrilleros rasos había propuestas de dos millones de pesos mensuales, es decir, 900 dólares al mes. Para comandantes medios o especialistas como explosivitas, la cifra era de diez millones de pesos mensuales, algo así como 4.500 dólares y para mandos altos de las FARC hasta cincuenta millones de pesos. Las FARC hasta el momento han logrado controlar estos fenómenos, pero el riesgo existe.

En otros casos estos asesinatos son producto de situaciones de venganza política. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia familiares del guerrillero Guillermo León Osorio fueron masacrados por una estructura criminal cercana al Clan del Golfo, que se liga al proceso de desmovilización paramilitar. En el departamento del Chocó ocurrió un hecho similar. El Clan del Golfo se encuentra en proceso de copamiento de algunas zonas que antes dominaban las FARC y en ese proceso han cometido todo tipo de hechos violentos. En los demás hechos no hay claridad sobre las motivaciones de los actos violentos.

El Gobierno colombiano ha venido tomando medidas, pero en la vida real los niveles de impunidad son muy altos, nada de capturas y, claro, mucho menos de identificación de los autores de estos hechos. Las FARC están concentradas en 26 zonas rurales. Desde el 1 de agosto estas zonas de dejación de armas se convertirán en zonas de reincorporación y capacitación. De ellas hay ocho en graves riesgos de seguridad. Por tanto, los dispositivos de seguridad deben reforzarse, así como los dispositivos de seguridad para los comandantes de las FARC que desde septiembre entrarán a participar en política y a hacer las campañas electorales que finalizarán en marzo de 2018, cuando se vote a la elección del Congreso de la República.