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La inmigración agrieta la política italiana

La incapacidad del Ejecutivo de Gentiloni para aprobar la ley que otorga la nacionalidad a los hijos de inmigrantes descubre las costuras de la legislatura

Senadores italianos de la Liga Norte protestan contra la ley Ius Soli.
Senadores italianos de la Liga Norte protestan contra la ley Ius Soli.

Algunas leyes dicen más de la situación de un país que miles de tertulianos gritando. En las últimas semanas, la piedra Rosetta de la política italiana se llama ius soli. Una norma que el Gobierno de Paolo Gentiloni quería aprobar antes de terminar el curso y según la cual los hijos de los inmigrantes con al menos cinco años de residencia en el Estado recibirían la nacionalidad, en lugar de tener que esperar hasta los 18 años. Pero la debilidad del Ejecutivo, sostenido por pequeños partidos a su derecha, y el creciente rechazo a la inmigración masiva que vive Italia, han provocado un juego de transparencias en el que en una sola semana se han visto las costuras de una legislatura que ha tenido tres gobiernos y apura sus últimos meses con demasiada fatiga.

Ningún país de la UE aplica el ius soli puro (EE UU sí lo hace). Pero casi todos, desde España a Alemania, pasando por Francia, lo contemplan con algunas restricciones (nacionalidad de uno de los dos padres, estabilidad de la residencia...). La excluyente norma italiana, diseñada en 1992 y que no da margen a obtener la nacionalidad hasta la mayoría de edad, alumbró a la llamada generación Balotelli (futbolista palermitano, hijo de padres ghaneses y estrella fugaz de la selección). Más de un millón de personas nacidas en el país, educadas en sus escuelas, que hablan dialectos cerrados y que, sin embargo, no son italianas. Una situación legal inclinada a la discriminación social y administrativa que Matteo Renzi prometió liquidar cuando su gobierno no era un barquito de papel en la tormenta populista del debate migratorio.

Tras semanas de negociación, dimisiones, empujones en el Senado —con lesión de la ministra Valeria Fedeli incluida— y trifulcas agitadas por los desembarcos masivos (94.000 en lo que va de año), Paolo Gentiloni ha reculado y no someterá la ley a votación. “No se dan las condiciones”, señaló admitiendo la derrota. Con las elecciones a la vista y un PD con la herida abierta, algunas de las formaciones que apoyaban al Gobierno “pirómanos del miedo”, los llamó La Repubblica— se han negado seguir a haciéndolo si no desistía.

El debate migratorio divide al Gobierno y da oxígeno al populismo político

Si Gentiloni, tras siete meses escuchando el eco de Matteo Renzi en cada decisión, hubiera querido aprobar el ius soli hace una semana, podría haberse sometido a una moción de confianza. Sucedió ya con la polémica ley del voucher (los bonos para pagar pequeños servicios y evitar que se evadan impuestos). Sin embargo, prefirió trasladar el problema —sobre el que también se ha pronunciado el Vaticano— al mes de septiembre, cuando se presume que los desembarcos y el riesgo electoral disminuirán y no se pondrá en riesgo la aprobación de los presupuestos. Fuentes del Gobierno, sin embargo, aseguraron ayer a este periódico que el compromiso de sacar adelante la ley sigue intacto y solo hay que decidir el procedimiento, en referencia a si se usa la moción de confianza.

El problema, opina Miguel Gotor, senador de Artículo 1, la minoría escindida del PD el pasado febrero, es que todo se basa en una priorización ideológica. “Se trata de una norma básica de derechos civiles. Pero hoy tenemos a una izquierda que legitima las batallas de la derecha. Y es un gran error, porque al final los italianos escogerán al original”, analiza. De hecho, el PD ya es la tercera fuerza política en las encuestas, que lideraría la coalición de centroderecha formada por Forza Italia, Liga Norte y Fratelli di Italia.

La gran coalición de centroderecha

lidera ahora

las encuestas

La fragilidad parlamentaria e ideológica del Gobierno viene subrayada por la fragmentación en ambas cámaras que vive el país y por los ejecutivos fugaces (tres gobiernos en cinco años y ningún primer ministro elegido en las urnas desde Silvio Berlusconi). Pequeños partidos y transfuguismo extremo. Desde 2013, 324 parlamentarios han cambiado de barco para formar un nuevo grupo o modificar el logotipo de su escaño. Son un tercio de honorables que, seguro, crecerá cuando se acerquen las elecciones, previstas antes de primavera, y pueda olerse la sangre de los rezagados.

El ius soli también ha costado dimisiones. El ministro de Asuntos Regionales, Enrico Costa, se marchó la semana pasada para evitar el debate en septiembre y se vuelve a Forza Italia con Silvio Berlusconi, cuya formación renace de sus cenizas y abandera de nuevo centroderecha italiano. Pero las desavenencias en el Gobierno no terminan. El escurridizo ministro de Exteriores, Angelino Alfano (Nueva Centroderecha), también ha hecho uso de su microapoyo para coaccionar al Gobierno con el veto a la nueva ley. “Tal y como está no se aprueba”, desafía mientras confirma la fragilidad de un Gobierno que ha hecho de su provisionalidad un modelo de gestión nacional.

Pero la situación también habla de cómo el populismo crecido al calor de la inmigración masiva impregna todas las decisiones políticas. Cualquier desliz en esta cuestión cuesta votos. Unos vaivenes que, a menudo, destiñen un discurso muy difícil de analizar ya desde el eje derecha-izquierda, como demuestra la polémica frase de Matteo Renzi emitida también en los últimos días. “Ayudemos a los inmigrantes, pero en ayudémosles en su casa”.

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