Amnistía acusa a la policía de Maduro de usar violencia sistemática contra los manifestantes

Amnistía Internacional responsabiliza al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de incitar a la violencia y de poner en práctica una estrategia premeditada para utilizar la fuerza ilegítima contra los críticos al régimen. La ONG puso nuevamente la alarma este lunes, tras un aumento de muertes durante las manifestaciones que han dejado al menos 91 fallecidos y 1.400 heridos en tan solo tres meses.

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“Lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad es una estrategia planificada por parte del Gobierno del presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde el 4 de abril, cuando comenzó la ola de protestas sistemáticas en contra de Maduro, Amnistía Internacional afirma que ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes. Un ejemplo es el caso de Juan Pernalete, quien murió después de recibir un impacto de un proyectil de gases lacrimógenos directamente al pecho mientras se manifestaba en Caracas en abril pasado. Las fuerzas de seguridad también han utilizado armas de fuego, recalca la ONG. Fabián Urbina murió el 20 de junio después de que un funcionario de la Guardia Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas.

“El hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de terroristas, a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela”, afirma Guevara Rosas. 

Asimismo, existen preocupaciones sobre un posible empeoramiento de la situación de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente convocadas por Maduro para el próximo 30 de julio. La escalada ya es real. La semana pasada, grupos de choque del chavismo irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes. Unas 300 personas permanecieron retenidas en el edificio durante horas, mientras un nutrido grupo de civiles armados del régimen les impedía salir.

Amnistía Internacional tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que han atacado a la población civil. El informe de la ONG asegura que existen pruebas de que los ataques por parte de estos grupos, denominados “colectivos armados”, se han producido en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no han actuado para proteger a la población. 

Según informa la ONG, la violencia no solo atañe a los manifestantes que rechazan el Gobierno de Maduro. También se han documentado ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas. Uno de los ejemplos proviene de La Isabelica, Carabobo, donde los habitantes informaron de que en mayo 2017 las fuerzas de seguridad allanaron la comunidad, disparando gas lacrimógeno directamente hacia casas y disparando al azar a transeúntes.

Ante esta situación, la justicia penal internacional —tanto la Corte Penal Internacional, como aquellos países que cuentan con jurisdicción universal— estarán observando de cerca la situación venezolana, amenaza la ONG. Si los altos mandos gubernamentales, militares, y policiales "no eliminan los mecanismos que apuntan a una política estatal de violencia en contra de la población, y no ponen fin a la promoción de la violencia en sus discursos y sus órdenes oficiales, podrán ser llevados ante la justicia penal internacional", concluye.