El Gobierno de Macron maniobra para blindar la reforma laboral en el Parlamento

Macron tiene prisa. Lleva prometiendo desde la campaña que la reforma laboral estará lista para finales de verano, por lo que no puede perder ni un momento. Aunque ya ha habido reuniones preliminares con sindicatos y patronales, el primer paso en firme lo dio este miércoles, al poner en blanco sobre negro su plan para legislar mediante ordenanzas, una vía rápida para conseguir la aprobación de una medida con rango de ley.

A diferencia de un decreto, una ordenanza requiere de la aprobación final parlamentaria, pero la acción de los legisladores es mínima ya que se trata de darle el visto bueno —o no— al texto final presentado por el Gobierno dentro de un plazo límite, pero sin posibilidad de enmendar su contenido. En vista de que Macron cuenta con una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, no es de prever que vaya a tener sorpresas de último minuto.

Lo que Macron quiere cambiar

El texto final de las ordenanzas no estará redactado hasta agosto. Pero lo adelantado ya por el propio Gobierno y lo que traza el proyecto de ley para habilitar las ordenanzas deja ver las líneas maestras de una reforma laboral que inquieta a un sector de la izquierda.

El principio transversal de la reforma, que constará de nueve puntos, es flexibilizar las normas laborales francesas, consideradas demasiado rígidas. “La actual normativa no se corresponde ya a la realidad económica actual, al desarrollo de las empresas y de la creación de empleo; además, protege mal a los asalariados y limita el diálogo social”, afirmó este miércoles el portavoz del Elíseo, Cristophe Castaner.

La ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, aseveró por su parte que el objetivo es adaptar las normas laborales a un mundo “globalizado y digitalizado”. Es un mundo nuevo, agregó, en el que tanto empresas como asalariados buscan nuevas seguridades y libertades y en el que también los trabajadores tienen “aspiraciones” diferentes, incluida una mayor movilidad laboral o la posibilidad del teletrabajo, algo que el actual código laboral, subrayó, no prevé siquiera.

En líneas generales, se trata de dar más flexibilidad a las negociaciones sobre las condiciones laborales, priorizando los acuerdos alcanzados dentro de las empresas entre propietarios y empleados, por encima de los acuerdos sectoriales. También se estudia crear un contrato híbrido entre el fijo y el temporal denominado “contrato indefinido de proyecto” cuyo término no estaría definido por una fecha concreta sino por el fin del proyecto para el que es empleado el trabajador. Otro de los puntos busca establecer un mínimo y un máximo a las indemnizaciones por despidos "sin causa real ni seria". Según el Gobierno, el máximo dará seguridad a las empresas sobre el coste de los despidos y así incentivar las contrataciones. Además, intenta fusionar las distintas instancias representativas de los trabajadores en las empresas, algo que sin embargo los sindicatos ven con reticencia, al igual que el argumento oficial que achaca a la rigidez y complejidad del actual código laboral la dificultad de reducir la tasa de desempleo, que roza el 10%.

Primeras protestas, en septiembre

Aunque el Gobierno insiste en que quiere acordar las líneas de la reforma tanto con sindicatos como patronales y que las ordenanzas “no son un cheque en blanco” al Gobierno, algunos sectores de izquierda han anunciado ya movilizaciones. Es el caso de la Confederación General del Trabajo (CGT), el segundo sindicato de Francia, que afirma que “el diálogo social ha sido acallado” de antemano y que ha convocado una huelga general para el 12 de septiembre. Una medida que apoya el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que ha prometido que su oposición será “completa”. “Quiero que todo el mundo comprenda que se trata de darle la vuelta a todo el orden público social de nuestro país por ordenanzas”, dijo en una entrevista radiada.

Otros sindicatos sin embargo, han dicho que prefieren esperar a conocer con más detalle las ordenanzas, en septiembre, antes de tomar una decisión. Es el caso del mayor sindicato, la CFDT, considerado más abierto a negociar con el Gobierno, pero también el del más izquierdista FO, cuyo presidente, Jean-Claude Mailly, valoró en Le Monde “la buena dirección” en que están yendo las negociaciones, al menos por el momento.