Francia esboza qué medidas de excepción contra el terrorismo quiere convertir en ley

El Gobierno ha defendido el proyecto de ley de “refuerzo de la seguridad interior y de la lucha contra el terrorismo” como una forma “regulada” de salir del estado de emergencia en vigor en el país desde los atentados de noviembre de 2015 y que prevé renovar una vez más en las próximas semanas, para dar espacio a que se pueda discutir y aprobar la ley con la que será sustituido. Ante las numerosas críticas que suscitó un primer borrador filtrado, el texto fue revisado y Macron en persona le aseguró la semana pasada al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Guido Raimondi, que la iniciativa “será respetuosa con el Estado de derecho y la libertad de expresión”, según el Elíseo. En entrevista con varios medios, entre ellos EL PAÍS, esta semana, el presidente justificó la necesidad de la ley porque la amenaza terrorista es “duradera”. “Necesitamos respuestas inéditas y propias a la lucha contra este terrorismo islamista”, aseveró.

El texto ha sido elaborado por el ministro del Interior, Gérard Collomb, quien tras el último ataque frustrado contra un furgón de gendarmes en los Campos Elíseos, el lunes, también reiteró la necesidad de una normativa más dura. “El nivel de la amenaza en Francia es extremadamente elevado”, afirmó. Tras las últimas revisiones, que atienden según la prensa a algunas inquietudes —aunque no todas— expresadas por el Consejo de Estado que pudo estudiar el texto, Collomb se mostró confiado en que su propuesta de ley logra “conciliar la eficacia con el respeto de las libertades públicas esenciales”, declaró a la entrada al consejo de ministros donde presentó el texto legal.

El proyecto de ley tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional, que dominan holgadamente el partido de Macron y sus aliados.

El texto, que todavía no ha sido publicado íntegramente, prevé, según lo adelantado por el Gobierno y la prensa, seguir permitiendo, como durante el estado de emergencia, que los prefectos puedan ordenar sin necesidad de consultar a un juez la instauración de “perímetros de protección” para garantizar la seguridad en lugares de grandes concentraciones como festivales o eventos deportivos masivos. Algo que supone un problema, según Kartik Raj, experto de Human Rights Watch, porque se les da a los prefectos un poder “sin que se requiera probar la existencia de una amenaza inminente”, criticó en France Info.

Con la nueva ley, los prefectos podrán también continuar decidiendo, como sucede bajo el estado de emergencia, el cierre de lugares de culto si consideran que estos incitan a la violencia, a la comisión de actos de terrorismo o hacen apología del mismo. Según Le Monde, el Gobierno ha escuchado los reparos del Consejo de Estado y ha retirado la provisión inicial que también permitía decretar el cierre de un lugar de culto si se consideraba que este incitaba al odio o a la discriminación. Pero no ha hecho caso de la petición de que la medida se limite a cuatro meses y mantiene la duración de la clausura de los centros afectados por medio año. Desde la instauración del estado de emergencia, 16 mezquitas han sido clausuradas.

Durante el estado de emergencia, un prefecto puede ordenar un registro domiciliario. Con la nueva ley, esta medida, que ahora se llamará “visita domiciliaria”, deberá ser autorizada previamente por el juez de libertades y detención, un magistrado especializado en libertades individuales, y será otorgada solamente cuando la persona afectada represente “una amenaza de una gravedad particular para la seguridad y el orden públicos”.

Según la ley del estado de emergencia, las autoridades administrativas también pueden ordenar, sin necesidad de una autorización judicial, arrestos o restricciones domiciliarias para personas que se cree pueden ser un riesgo. Con la propuesta antiterrorista, estas medidas se transforman en una “obligación de no desplazarse fuera de un perímetro geográfico que le permita continuar al individuo con su vida familiar y profesional”. El afectado también puede aceptar llevar un dispositivo de supervisión electrónica. Actualmente, están en vigor 66 medidas de este tipo en todo el país bajo el estado de emergencia.

Uno de los medios más críticos con el proyecto de ley antiterrorista ha sido el diario Libération, para el que esta normativa “perpetúa de facto en el derecho común disposiciones que tenían vocación de ser provisionales”. Entre las principales críticas al proyecto de ley recogidas por rotativo, expertos advierten de que muchas de las justificaciones para actuar contra individuos sospechosos se pueden llegar a basar en “nociones jurídicas imprecisas y susceptibles de interpretaciones”. Denuncian, además, que en los últimos tiempos se ha aprovechado el estado de emergencia “para fines totalmente ajenos a la lucha contra el terrorismo, como el control de manifestaciones y las protestas políticas, o la gestión de crisis migratorias”.