La sombra de la corrupción del PRI y OHL que se extiende en más de 100 kilómetros del Estado de México
La controversia en torno a las concesiones a la española ha desatado una polémica que el partido ha tratado de esquivar y en la que sus oponentes en las elecciones del domingo no han querido profundizar
Nunca dos carreteras trajeron tantos dolores de cabeza a un partido político. La sombra de la corrupción y la financiación ilegal de varias campañas electorales recorre los más de 100 kilómetros de carretera del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. La controversia en torno a las concesiones por parte del Ejecutivo del PRI –el único partido de Gobierno en la historia del Estado de México– a la filial mexicana de la constructora española OHL ha desatado una polémica que el partido gobernante ha tratado de esquivar y ante la que sus oponentes en esta contienda tampoco han querido profundizar. El actor político más incisivo en las denuncias ha sido Ahora, un movimiento que busca capitalizar el hartazgo de los mexicanos en los partidos tradicionales con vista a las elecciones federales de 2018.
El nombre de OHL ha sobrevolado toda la campaña electoral del Estado de México, el más poblado del país, que elegirá gobernador este domingo, después de que la plataforma ciudadana impulsada por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, plasmase en varios vídeos el esquema mediante el cual, según denuncia, el PRI habría financiado ilegalmente varias campañas electorales –presuntamente, también la actual, con 4.000 millones de pesos (215 millones de dólares)– gracias a los acuerdos alcanzados con la constructora y concesionaria española. Especialmente, los referentes a los dos citados desarrollos carreteros.
Ahora cifra en 90.000 millones de pesos (más de 4.800 millones de dólares) el monto total defraudado a las arcas públicas mexiquenses. Solo en el caso del Circuito Exterior, el fraude habría ascendido a casi 60.000 millones: inicialmente la obra fue tasada en 5.600, pero terminó costando 63.200 y acabó desembocando en la emisión de deuda de OHL a nombre del erario. Para ponerlo en perspectiva, el monto total de deuda pública del Estado de México en circulación asciende a poco más de la mitad de esa cifra: 35.000 millones. La constructora ha rechazado estas denuncias.
La polémica obligó a la Secretaría (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno federal, que dirige Gerardo Ruiz Esparza, que ocupaba el mismo cargo en el Ejecutivo mexiquense cuando se otorgó la concesión del Viaducto Bicentenario, a salir a la palestra. El movimiento fue rocambolesco: la SCT solicitó a OHL que acreditara que no interfiere en procesos electorales. La empresa comunicó al Gobierno que no existen transferencias de recursos ilícitos, como era de esperar, pues cuesta creer que fuesen a admitir una operación ilegal. “Yo creo que la indagatoria desde nuestro punto de vista está totalmente hecha, es decir, la licitación que ganó de autopista está perfectamente auditada, clara, investigada y no tiene razón de duda alguna. Si ellos en un momento dado están haciendo uso de los recursos, solo ellos lo saben”, aseguró este miércoles Ruiz Esparza.
Sus enormes problemas internos, muchos ellos de índole jurídica, han llevado a OHL a ser completamente ajena a la reciente subida generalizada de las Bolsas mundiales. Tras un año aciago –en el que sus acciones han caído casi un 35%– la totalidad constructora y concesionaria hoy menos de 1.000 millones, la tercera parte del valor contable del Circuito Exterior.
Hace justo un año, la firma presidida por Juan Miguel Villar Mir fue excluida del Ibex, el selectivo que agrupa a las 35 mayores empresas de la Bolsa de Madrid, para integrarse en el índice general. Cuando entró al Ibex —en 2008, en plena crisis financiera mundial—, sus acciones valían algo más de 13 euros. Hoy, menos de una década después, apenas superan los tres euros: un 75% menos. Respecto a su máximo de 20,3 euros, alcanzado a mediados de 2014, la caída supera el 84%: un pequeño inversor que apostase entonces por OHL con 1.000 euros, hoy solo tendría 160. En el parqué mexicano, el desplome ha sido algo inferior: sus acciones valen hoy la mitad que a mediados de 2014.
El ingente escándalo de corrupción de su filial mexicana borró de un plumazo esos máximos. En 2015, la filtración de varias llamadas entre empleados de la firma en la que hablaban de un presunto amaño para incrementar los peajes en el Viaducto Bicentenario, una de sus grandes apuestas en México, sacudieron los cimientos de la matriz y asestaron un duro golpe de reputación que, a la larga, ha minado su valor en Bolsa. Desde entonces, el escándalo no ha dejado de crecer: al aumento en las tarifas en base a unas cifras de tráfico hinchadas le siguió la dimisión del entonces secretario en el Estado de México, Apolinar Mena; el cese de varios de los principales directivos de OHL México, entre ellos su presidente, José Andrés de Oteyza; la publicación de sobrecostes de triple dígito en el Circuito Exterior; la auditoría de todos sus contratos en México y hasta un burdo intento policial de inculpar a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber —una firma empresa en litigio con OHL— y una de las personas que más ha peleado por sacar a la luz pública las corruptelas de la firma española, tratando de meter en su vehículo una pistola durante un registro.
En el último año, Díez Gargari ha presentado ante la justicia mexicana cuatro denuncias por presuntos actos de corrupción de OHL en connivencia con dirigentes y exdirigentes del PRI en el Estado de México, el de mayor presupuesto del país y uno de los más opacos en el manejo de los recursos públicos. Entre los políticos acusados están el actual presidente, Enrique Peña Nieto; el canciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el propio Gerardo Ruiz Esparza. En la última de las denuncias presentada el pasado viernes ante la Procuraduría General de la República (la fiscalía mexicana), Díez Gargari los acusa de generar un “quebranto multimillonario” a la hacienda pública federal.
En paralelo, OHL también ha sido involucrada en varios escándalos de corrupción en España. El último de ellos, el caso Lezo, que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y que ha forzado la salida de la firma de Javier López Madrid, exconsejero del grupo y yerno de Villar Mir.
Tras un reguero de desinversiones para aligerar su elevada deuda, entre ellas la del complejo turístico Mayakobá (Riviera Maya), en el primer trimestre de 2017 el beneficio de OHL cayó un 66% respecto al mismo periodo del año anterior. A principios de mayo, la firma española alcanzó un acuerdo con sus sindicatos para el recorte de 500 empleados en España. Sus mayores problemas, en cambio, están a más de 9.000 kilómetros de Madrid.
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