Temer asegura que no dimitirá porque las pruebas contra él son fraudulentas

Las acusaciones se amontonan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, vapuleado por las pruebas y las declaraciones judiciales presentadas para incriminarle por los propietarios de uno de los principales grupos empresariales del país. Pero Temer no solo se resiste a dimitir sino que ha decidido pasar al ataque. Asegura que las pruebas contra él son “fraudulentas” y en un mensaje a la nación instó este sábado al Tribunal Supremo a suspender las investigaciones por obstrucción a la justicia, corrupción pasiva y organización criminal.

 Resistir a toda costa parece ser la consigna del presidente brasileño, pese a que la situación para él no hace más que agravarse según pasan los días. La divulgación el pasado viernes de las declaraciones judiciales de los empresarios que lo inculpan, los dueños del imperio cárnico JBS, trajo consecuencias devastadoras. La Orden de Abogados de Brasil (OAB), una poderosa organización que engloba a letrados de todo el país, ha encontrado indicios de "responsabilidad criminal" ya ha acordado presentar en el Congreso una solicitud de impeachment del presidente. La Constitución permite tomar esa iniciativa a cualquier ciudadano, y el grupo de los abogados ya lo había hecho el año pasado para sumarse a la iniciativa que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff. Por si fuera poco, el mayor grupo de comunicación del país, el poderoso O Globo, hasta ahora uno de los grandes apoyos de Temer, le está fustigando sin piedad y el viernes publicó un editorial exigiendo su renuncia.Y en el Congreso se resquebraja los respaldos políticos al presidente.

 En sus confesiones judiciales, los directivos de JBS describen un pago sistemático de donaciones ilegales, negociadas directamente con Temer a lo largo de los 10 últimos años, que suman hasta 4,7 millones de reales (unos 1,5 millones de euros). Las maniobras relatadas por los empresarios llegan hasta muy recientemente, incluso en medio de la conmoción creada en el país por las investigaciones del caso Lava Jato. Aseguran que hace unos meses un intermediario de Temer les exigió una comisión del 5% para lograr una decisión favorable del organismo que vela por la libre competencia y que podría reportar a JBS un negocio de 200 millones de reales (unos 60 millones de euros) al año.

Remontándose al pasado, los delatores narran episodios incluso chuscos. Por ejemplo, cómo Temer gestionó en 2010, siendo vicepresidente, una asignación mensual de 100.000 reales —unos 30.000 euros— para un aliado suyo que acababa de cesar como ministro. O cómo logró una donación de otros 15 millones de reales —unos 4,5 millones de euros— para los partidos que iban aliados con él en la campaña electoral de 2014 y luego decidió quedarse con un millón para su bolsillo.

Apoyo parlamentario

Aunque de momento Temer mantiene el grueso de su apoyo parlamentario, que incluye a su propia fuerza política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y al Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), continúa el goteo de deserciones entre sus aliados. Este sábado le retiró el respaldo el Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene un ministro, 35 diputados y siete senadores. Cada vez es más dudoso que disponga de fuerza suficiente para aprobar la reforma en la que más se ha empeñado y la que más le reclaman los mercados: el recorte de las pensiones.

Por primera vez desde que estalló la nueva crisis, salió a escena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para exigir la renuncia de Temer y elecciones anticipadas. Lula es el más interesado en comicios inmediatos porque lidera todas las encuestas y podría acudir a las urnas antes de que se resuelvan los cinco procesos judiciales abiertos contra él también por corrupción. El expresidente tampoco sale indemne de las confesiones de los dueños de JBS, que aseguran que entregaron 150 millones de reales –unos 45 millones de euros- en donativos ilegales al Partido de los Trabajadores de Lula.

En medio de este aluvión, Temer decidió este sábado dirigirse de nuevo a la nación no solo para negar todos los cargos sino para presentarse como el “moralizador” de las instituciones públicas brasileñas. Y advertir de que la apertura de la investigación judicial compromete la recuperación económica de Brasil, tras dos años de dura recesión, ya que ha situado al país en lo que él mismo admite como “una grave crisis política”.

Invalidar las pruebas

La estrategia de Temer es invalidar una de las principales pruebas en su contra, la grabación de una conversación que mantuvo el pasado 7 de marzo en su residencia oficial con el propietario de JBS, Joesley Batista. Del contenido de ese encuentro el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, deduce que el presidente dio su aquiescencia a los pagos que supuestamente Batista estaba haciendo para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, viejo aliado político de Temer ahora condenado a 15 años de cárcel por corrupción. El diario Folha de São Paulo ha publicado un estudio pericial que afirma que la grabación está editada y tiene hasta medio centenar de cortes. Aunque Batista lo niega, Temer se agarra a eso para sostener que la “grabación clandestina” fue “manipulada y adulterada”. La fiscalía no tardó en replicar al presidente que el registro de la conversación es "fiable e inteligible" además de presentar una "secuencia armónica".

El presidente se dirigió al Supremo para exigir que, mientras no se compruebe la veracidad de esa prueba, quede suspendida la investigación. Temer evitó confrontar directamente con el órgano judicial, pero deslizó críticas veladas a su actuación. El mandatario brasileño clamó contra la situación de libertad de los empresarios que le acusan, refugiados en Estados Unidos. “Engañaron a los brasileños y se fueron a Estados Unidos. Han cometido el crimen perfecto”, dijo Temer, tras aludir también a un episodio conocido estos días: los dueños de la JBS han acumulado enormes ganancias después de comprar dólares en vísperas de hacerse públicas sus confesiones, que hundieron la Bolsa de São Paulo y la cotización del real.

La grabación que esta semana convulsionó a todo Brasil contiene otros momentos demoledores para Temer. En una parte de la conversación, el empresario le confiesa que está siendo investigado pero que tiene un fiscal que le pasa información y también dos jueces “amarrados”. El presidente asiente y en un momento dado incluso exclama: "Magnífico, magnífico". Numerosos juristas han apuntado que eso por si solo sería suficiente para condenar a Temer por el tipo penal de prevaricación definido en Brasil, que castiga al funcionario público que no denuncie un presunto delito del que haya tenido conocimiento. El fiscal que informaba al dueño de JBS, estrecho colaborador del fiscal general de la República, fue detenido el pasado jueves. Pero Temer, un reputado jurista de profesión, tampoco da importancia a este detalle. Dice que hizo caso omiso de la confesión porque lo tomó como una “fanfarronada” de un empresario que conoce hace diez años y al que ahora define como un “lenguaraz exagerado”.

En su defensa, Temer llegó a atacar los “millonarios acuerdos” de JBS con los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, pese a que él mismo fue vicepresidente de esta última. Y hasta presumió de haber “moralizado” organismos públicos como la petrolera Petrobras, origen del caso Lava Jato.