El Gobierno de Peña Nieto pide cuentas a los gobernadores por el auge de la violencia

Las notas de violencia acaparan nuevamente las primeras planas de México. Tan solo esta semana balaceras entre militares y narcotraficantes dejaron al menos cinco muertos y 11 bloqueos en las calles de Reynosa, Tamaulipas. En Puebla, al centro del país, el robo lleno de saña a una familia en una carretera de peaje dejó dos mujeres violadas y un bebé muerto. Y el cuerpo de una mujer apareció dentro de la Universidad Nacional, en la capital del país, una región que ha visto dispararse sus cifras de homicidios a niveles de hace 16 años. Cada vez es más frecuente la impresión de que la violencia repunta y está extendida en todo el país.

La inseguridad puja con fuerza y amenaza en convertirse en el principal tema rumbo a las presidenciales de 2018. No es una percepción solo de los medios de comunicación o de algunos mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido su avance. “2017 nos presentó un desafío mayor. Los índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan”, confesó el mandatario a los 32 gobernadores del país en una reunión el miércoles. Los datos respaldan la advertencia del presidente. En México se asesinan cada día a 72 personas en promedio.

Con “los escenarios del pasado” Peña Nieto se refiere a los años más oscuros de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. La ofensiva del Estado frente a la delincuencia organizada provocó que México alcanzara sus índices más altos de homicidios en los últimos 20 años. En febrero de 2007, por ejemplo, la tasa de asesinatos fue de 5,7 por cada 100.000 habitantes. A partir de ese entonces la subida fue pronunciada. En mayo de 2011, se alcanzaron 2.627 homicidios, una tasa de 26,4. Ese ha sido el pico de una ola de violencia que se ha extendido por una década.

Pero los expertos en seguridad temen que 2017 rompa todos los registros. El Gobierno del PRI podría alcanzar, e incluso superar, los peores datos de la Administración anterior. Marzo ha sido el mes con los resultados más pobres en los cuatro años y tres meses de esta presidencia. Se contabilizaron 2.256 asesinatos, una tasa de 21,3 por cada 100.000 habitantes, y aún se espera la publicación de los datos de abril. “No podemos permitir que los esfuerzos que se habían logrado, en el que habíamos logrado una tendencia a la baja en la criminalidad… estén regresando nuevamente”, dijo el presidente a las autoridades locales.

El Gobierno de Peña Nieto ha mandado un mensaje para que los gobiernos locales hagan más en las tareas de seguridad. El presidente pidió en la Conferencia Nacional de gobernadores asumir “esfuerzos propios” en el combate a los delincuentes. El gabinete ha hecho suya esta invitación. La mañana del jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en una entrevista radiofónica que exigirán compromisos concretos a cada una de las entidades.

En el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, el ministro de Interior condicionó la permanencia del Ejército y la Armada en los estados asolados por la violencia. “Vamos a firmar el convenio de renovación de las fuerzas armadas, pero a partir del compromiso de la formación de instituciones estatales y municipales confiables y profesionales como se requiere”, dijo el funcionario. Los soldados y marinos son el método predilecto por los Estados para combatir a los delincuentes pues tienen más entrenamiento y capacidad de fuego que las policías estatales y municipales.

“El Gobierno siempre estará dispuesto a acompañarles… pero esta es una cooperación temporal y que de ninguna manera pretende sustituir la responsabilidad de los gobiernos locales”, dijo Peña Nieto el miércoles. Osorio Chong fue más allá al asegurar que el Gobierno dirá públicamente qué gobiernos están evadiendo estas tareas de capacitar y formar policías confiables.

El Gobierno de Peña Nieto ha politizado el tema de la violencia. En enero, Osorio Chong dijo a diputados federales que los delitos habían crecido en 50 municipios del país a lo largo de 2016 después de las elecciones. “[La tendencia] se presenta cuando, coincidentemente, se da el cambio en 22 gubernaturas de nuestro país”, dijo el secretario.

En marzo, el secretario de Gobernación, volvió a la idea. “Chihuahua se nos ha descompuesto muchísimo”, dijo. A pocos se les pasó que quien decía la frase era un político del PRI sobre un estado que el PAN arrebató al tricolor en 2016. En enero de 2016, la tasa de homicidios de la entidad fronteriza era de 28 por cada 100.000 habitantes (90 asesinatos). La violencia en Chihuahua explotó en octubre, tras la entrada del exsenador Javier Corral al Gobierno. La tasa se disparó a 64,6 (209 asesinatos). Casos similares han sucedido en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. La seguridad se convertirá en un tema de tire y afloje rumbo a las presidenciales de 2018.