Asesinados cuatro militares en una operación contra el robo de gasolina en Puebla

Dos patrullas del ejército fueron recibidas la noche de este miércoles con plomo de fusiles automáticos en Palmarito, un pequeño municipio de Puebla, Estado del centro de México. Los militares llegaron al lugar alertados por una denuncia de robo de gasolina, una de las prácticas más habituales de financiación utilizadas por el narco en esta zona del país. El enfrentamiento a balazos dejó al menos 10 personas muertas, cuatro de ellas militares, y 11 heridos.

En un primer encontronazo, los agresores utilizaron a mujeres y niños como escudo humano para inhibir la acción del Ejército. Parapetados, recibieron a plomo de fusil la llegada del convoy, que no respondió con disparos, según la información de la Secretaria de Defensa Nacional. Dos militares murieron y otro quedó herido.

A bordo de cinco camionetas blindadas, un grupo de hombres armados abrió fuego contra otra patrulla en un lugar cercano. En esta ocasión, el ataque “fue repelido por los soldados para proteger su integridad física, en virtud de que en esta ocasión no había presencia de mujeres y niños, como ocurrió en el primer incidente que fueron utilizados como escudo”, señala el comunicado oficial. En la refriega, otros seis personas fallecieron, dos de ellas militares, y 10 quedaron heridas.

Palmarito ha entrado en combustión. Un grupo de vecinos mantiene bloqueda este medio día la carretera de Orizaba (estado de Veracruz) a Puebla, a su paso por el pueblo. Con barreras de neumáticos en llamas,  denuncian la desaparición de 13 personas tras el operativo de la noche anterior, según la información de la televisión local.

Los enfrentamientos entre el Ejerctio y las bandas del narco se producen además un día después del salvaje ataque a un familia en la carreta que conecta la capital mexicana y el estado de Puebla. Un grupo de ocho hombres asesinaron al bebe y violaron a la madre y la hermana. La investigación, que aún no se ha cobrado ningún resultado, apunta a que se trata de una banda de huachicoleros o chupaductos, como son conocidos estos grupos de delincuentes dedicados a pinchar los ductos de petróleo. El móvil del ataque habría sido el robo de la furgoneta en que viajaba la familia, un jeep ranger, el tipo de vehículos más usados para estas prácticas.

El impacto del suceso redobló la vigilancia en la zona por parte tanto de la policía estatal como del Ejército. Las autoridades locales anunciaron este jueves en una rueda de prensa que hay hasta 600 soldados desplegados en la zona. Tras los enfrentamientos de este miércoles, los militares detuvieron a 12 agresores, entre ellos dos menores de edad, se confiscaron tres fusiles automáticos, un arma corta y cuatro camionetas blindadas.

El negocio de los 'chupaductos'

El descabezamiento y la debilitación de las principales mafias del narcotráfico en México han provocado una diseminación de los grupos y una mutación de sus prácticas. Cárteles más pequeños y menos organizados se han lanzado al robo de combustible como una de sus principales fuentes de financiación.

Durante 2006, antes de que el expresidente Felipe Calderón sacara al Ejército a la calle para iniciar su guerra contra el narcotráfico, el pinchazo de ductos de petróleo apenas superaba los 200 casos. El año pasado la cifra ascendió a 5.252.

Este tipo de robos se llevan a cabo o bien interceptando directamente los ductos de la empresa, o bien asaltado los camiones cisterna que transportan el crudo. En ambos casos, se presume que en estos delitos participan profesionales de Pemex, la petrolera estatal mexicana, que aportarían la información y la pericia técnica para llevar a cabo los pinchazos en los ductos. Las localidades donde el año pasado se registraron un mayor número de tomas son Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Jalisco.

México ha elevado las defensas contra este tipo de delitos. El Congreso encomendó el año pasado a la Procuraduría General de la República (Fiscalía) una nueva radiografía exhaustiva de este fenómeno. En 2015 se aprobó una ley que sanciona con una pena de 15 a 25 años de prisión a quién robe hidrocarburos, intercepte ductos, vehículos, equipos o instalaciones. Un año después el saldo es desalentador: en 2016 las tomas clandestinas aumentaron un 33% y sólo se lograron llevar 33 investigaciones ante un juez.