Un juez declara que Trump incitó a la violencia en un mitin de campaña

Donald Trump abusó del derecho a la libertad de expresión durante la campaña electoral. Ahora la justicia revisa sus polémicos comentarios y le pasa la factura. Un juez federal de Kentucky ha determinado que el presidente de Estados Unidos incitó a la violencia en 2016 durante uno de sus mitines de la campaña electoral en ese Estado.

“Sáquenlos de aquí”, repitió con tono despectivo Trump en marzo del año pasado. Se refería a tres personas que, infiltrados como asistentes a uno de sus discursos de campaña, comenzaron a protestar en su contra. El juez David Hale considera que las palabras motivaron a varios de sus seguidores a empujar y agredir a los manifestantes. Las imágenes muestran a varias personas blancas, con expresión furiosa en el rostro, incriminando a una de las víctimas, afroamericana mientras decenas de móviles graban la escena sin que nadie salga en defensa de la agredida.

“Es posible que la indicación de Trump para echarles del lugar pidiera el uso de la fuerza”, declara el documento judicial. Hale considera que “fue una orden, una instrucción”, y concluye que la violencia contra las víctimas son un “resultado directo” de las palabras del republicano.

Los abogados trataron de defender los comentarios del ahora presidente utilizando el argumento de la libertad de expresión. Pero Hale afirma que incitar a la violencia no está protegido por ese derecho. Esta línea de argumentación ya la han utilizado con anterioridad los asesores legales de Trump para defender las decenas de instancias en que hizo comentarios similares contra manifestantes, adversarios políticos, la prensa o minorías étnicas.

Entre las polémicas más conocidas se encuentran el llamamiento a un veto contra musulmanes, algo que se consumó en el veto migratorio contra seis países musulmanes una vez asumió la presidencia. O los insultos a mexicanos, a quienes describió como violadores y traficantes de droga en su primer discurso como candidato presidencial.

Hale se suma con esta declaración a una creciente ola entre la justicia por frenar las acciones ilícitas o inconstitucionales que ya ha cometido Trump en su corta vida política. El veto migratorio ha sido bloqueado por dos jueces federales en dos instancias separadas. También está bajo escrutinio por la contratación de su hija como su asistente en la Casa Blanca y los posibles beneficios económicos de la organización Trump y otras marcas de la familia que derivan de su cargo como presidente.