La atomización de las organizaciones criminales en México pone en jaque al Estado

Luis Alvarado es un tipo sonriente, menudo pero fortachón. El tipo de persona que habla alto para que quede bien claro lo que dice. Lo que quiere decir. “Pasó lo de la niña y pusimos el cartel”, dice, “para que le bajen”. Lo de la niña fue un intento de secuestro, otro. Luis, abogado, cuenta que han pasado cosas así últimamente en el pueblo: secuestros, robos, asaltos.

El cartel es un plástico enorme que él y los demás colgaron de la fachada de una casa en medio del pueblo. Todos los vecinos de Piedras Negras podían verlo. Todos pudieron leer: “La persona que sea detenida cometiendo un delito será castigada por el pueblo. No es juego ni broma. Piénselo antes de robar, secuestrar o asaltar”.

- ¿El pueblo castigará?

- No lo vamos a matar, pero al que agarremos servirá de ejemplo

Las autodefensas de Piedras Negras, un pueblo a hora y media del Puerto de Veracruz, se presentaron en sociedad hace ahora cuatro años. En marzo de 2013, varios medios locales contaban que vecinos de Piedras Negras se habían armado, cubierto la cara y hacían rondines para evitar asaltos, robos… El Gobierno estatal dijo entonces que aquello era un cuento: “En Veracruz no hay autodefensas”, dijo el secretario de Gobierno. Como si el problema fueran ellos y no aquello contra lo que se defendían.

Alvarado y los demás adoptaron un perfil más bajo. Descubrieron sus caras y guardaron rifles y machetes. Pero ahí siguieron. Hace unos días, desesperados, colgaron el cartel. La semana pasada compraron incluso un desplegado en Notiver, el periódico más importante del Puerto, exigiendo al actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, que les ayude. Que les mande policías. Que instale en el pueblo, hogar de 20.000 personas, una comandancia de la fiscalía estatal. “Eso”, dice Luis, “es un problema. Porque para denunciar un robo, o cualquier delito, tenemos que ir a Boca del Rio”. A una hora de allí.

El problema de Piedras Negras, un decadente núcleo agrícola del centro del estado, es el problema de todo México. El narco no es el mayor enemigo, sino las bandas que heredaron el territorio, la plaza.

El año 2016 fue el más violento del sexenio del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Hubo más ejecuciones y asesinatos en la mayoría de los estados que en años anteriores. En Veracruz, por ejemplo, la fiscalía contó 1.522 homicidios dolosos por 615 del año anterior. Las denuncias por secuestro también se dispararon, 132 en 2016 por 97 en 2015. Solo en enero de este año, los investigadores han acumulado otras 15 denuncias por secuestro.

En Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, estados del norte, aumentaron los asesinatos, producto en algunos casos de las peleas entre facciones del Cartel de Sinaloa, entre Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, o entre bandas delictivas independizadas de cárteles muertos. En Guerrero, Colima, Zacatecas, Campeche o Michoacán, lo mismo.

Peña Nieto inició su mandato con una lista de 122 objetivos criminales prioritarios. A un año de que concluya, las autoridades ya detuvieron a más de 90. La paradoja es que cuando el presidente deje el cargo, listas de ese tipo dirán muy poco del panorama del hampa en México.

Descabezados Los Zetas, dueños de Veracruz hasta 2011, las bandas que actuaban bajo su marca declararon su independencia. Por ese entonces irrumpió también el CJNG, que anunció su llegada a Veracruz a lo grande. En septiembre de 2011, sicarios del grupo abandonaron 35 cadáveres zetas en una camioneta en Boca del Río, junto al mayor centro de convenciones de del estado.

Las peleas entre las viejas células zetas, grupos antaño ligados al Cartel de Sinaloa, el CJNG y reminiscencias de los viejos aliados de Los Zetas, el Cartel del Golfo, hacen del estado costeño el ejemplo perfecto del nuevo paradigma criminal en México. Ya no es tanto la cocaína, la metanfetamina, la heroína. Son sobre todo pequeñas bandas de alcance local que tratan de sacar dinero a través del secuestro, la extorsión, el robo de combustible, etcétera.

Según la consultora Lantia, especializada en el análisis de la violencia en México, más de 200 bandas criminales actúan en el país. Nada que ver con las cinco grandes organizaciones que se encontró el presidente que lanzó la Guerra contra el Narco, Felipe Calderón. Eduardo Guerrero, uno de los socios de Lantia, escribía hace unos días en el diario El Financiero, que “el gran desafío de seguridad para el Estado mexicano no es el CJNG, ni ninguna facción del Cártel del Pacífico -Sinaloa- sino una multiplicidad de organizaciones relativamente pequeñas”.

Guillermo Valdés, jefe de los servicios de inteligencia durante el Gobierno de Calderón, opina igualmente que el gran problema son estas bandas: Los Guerreros Unidos, Los Rojos o Los Ardillos, en Guerrero; los 35-Z o el Cartel del Norte en Veracruz; Los Talibanes de Quintana Roo, etcétera. Solo en Tamaulipas, por ejemplo, Lantia cuenta 42 células criminales operativas. En Guerrero, 25.

Valdés difiere en parte de lo que escribe Guerrero, pues dice que el problema, junto a la “proliferación de estas bandas”, es que “se está recrudeciendo el conflicto por el control del narcotráfico, derivado de la extradición de El Chapo. Antes”, añade, “teníamos conflictos de grupos del narco. Luego agarramos a los jefes y aparecieron las bandas. Ahora tenemos una lucha de grupos del narco por una parte y bandas por otro”.

Guillermo Valdés opina que la única vía para detener el deterioro es fortalecer a las policías locales. Valdés lo dice justo el día en que policías de Culiacán, la capital de Sinaloa, fueron captados en un video, entregando un grupo de jóvenes a un comando armado. Los policías se excusaron en el miedo. Tenían miedo de lo que pudieran hacer los delincuentes. “Si tuviéramos buenas policías locales podrían enfrentar a las bandas, pero no las tenemos. Y mientras no las tengamos, el Ejército solo no va a dar abasto. Si el Gobierno tuviera interés en resolver este problema, fortalecería estos cuerpos”.

En esta vorágine de descomposición, incluso hay estados como Quintana Roo o Oaxaca, puntales del turismo nacional, que empiezan a sufrir la embestida. En Cancún, en enero, delincuentes dispararon contra las instalaciones de la fiscalía. Esta misma semana un grupo de sicarios balearon un carro de policías locales. En Mazunte, la meca hippie de Oaxaca, vecinos y hosteleros esperan la llegada de un destacamento de la policía estatal. Diez agentes armados en una playa sin luminarias en las calles. Emiliano Álvarez, vecino y activista del lugar, decía a EL PAÍS esta semana que además “piensan implementar una policía comunitaria de vigilancia e inteligencia”. El motivo: la inseguridad. En el caso de Mazunte, una playa paradisiaca, son la “banda de las motos”, como la llama Emiliano, que ya ha causado problemas a los visitantes. Emiliano, sociólogo de formación, explicaba que Mazunte, con el turismo, “es un plato de manzanas rodeado de niños hambrientos. En México”, insistía, “el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza”.

En Piedras Negras, Luis Alvarado apunta razones parecidas. Aunque no duda en escarmentar al primer ladrón que agarren, tiene claro el origen del problema: “Los jóvenes, cuando no tienen trabajo”…

Sea como sea, el grupo de autodefensa de Piedras negras acabó por bajar el cartel de la fachada. “Nos lo pidió el dueño”, dice Luis, “por temor”. Al despedirse, junto a las vías del tren que atraviesan el pueblo, dice: “No te preocupes, nosotros vigilamos que te vayas tranquilo”. Y él se va, tranquilo.