La mujer portuguesa no se divorcia como las demás

Gracias a un despiste legal, Carolina Beatriz Ângelo fue la primera portuguesa que votó. Corría el año 1911 cuando solo los hombres mayores de 21 años y cabezas de familia tenían el derecho de acudir a las urnas, pero la cirujana era viuda y, por tanto, demostró que era la jefa de la casa. La justicia le dio la razón, votó y antes de que se extendiera la moda, los legisladores de la época se dieron prisa en tapar ese agujero normativo.

La discriminación legal y real de la mujer portuguesa es muy semejante a la de otros países desarrollados; desde tiempos pretéritos podía divorciarse en caso de adulterio de su marido “con escándalo público”, aunque él marido lo podía hacer en cualquier caso; si la esposa se decidía por matarle, las penas eran más severas que en el caso contrario. Hoy, la discriminación es sobre todo por vía laboral, pues la mujer gana menos por igual trabajo (un 23% menos, según los últimos estudios), mientras que el Código Civil se va sacudiendo discriminaciones. Hace unos meses, el Parlamento aprobó que las parejas lésbicas puedan realizar tratamientos de fertilidad en el país (hasta ahora se iban a España), un año después de que aprobara la adopción de las parejas homosexuales.

El último reto en este camino sin fin por reducir diferencias por razón de sexo lo ha descubierto el Bloco de Esquerda. Según la ley de 1967, refrendada en 1977, ya en democracia, la mujer divorciada puede volver a casarse 300 días después; el porqué de este plazo ya es curioso, pero aún lo es más que las mentes legisladoras del momento dispusieran que el hombre divorciado solo necesite 180 días, casi la mitad, para volver a contraer matrimonio.

En un país que se divorcia como pocos, los plazos son importantes. Según la Fundación Francisco Manuel dos Santos, Portugal tiene 73,7 divorcios por cada cien bodas, y no es poco habitual reincidir en un tercero y hasta cuarto divorcio.

La diputada del Bloco de Esquerda Sandra Cunha espera que el Parlamento apruebe por unanimidad, en el Día de la Mujer, la unificación de los plazos. Cunha justifica aquellos tiempos diferentes “por razones de decoro social” en el caso de embarazos interregnos, pero “hoy no tienen sentido alguno”. Aún argumentando que el Estado no debería meterse en cuestiones íntimas, el Bloco mantiene los 180 días de plazo entre bodas, no tanto por el decoro, como por los trámites y las discusiones para el reparto de muebles, discos, tiestos y gatos.