Los sindicatos peronistas salen a la calle en la mayor protesta contra Mauricio Macri

Buenos Aires fue este martes una ciudad tomada. La Confederación General del Trabajo (CGT), cabeza del sindicalismo peronista, realizó la mayor movilización de trabajadores contra el gobierno de Mauricio Macri, en el poder desde hace 15 meses. Con decenas de miles de personas en la calle, los gremios pusieron límite a las aspiraciones dialoguistas del macrismo, al tiempo que marcaron el escenario de lo que será la disputa electoral de octubre, cuando los argentinos renovarán parcialmente el Congreso. La marcha coincidió con el segundo día de huelga de los maestros, protagonistas el lunes de otra movilización masiva, y contó con el apoyo de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), enemiga declarada de la CGT, movimientos sociales independientes y hasta el kirchnerismo, que respondió a un llamado a participar de la expresidenta Cristina Fernández. Los líderes de la CGT anunciaron una huelga nacional a más tardar en abril, la primera que enfrentará Macri, y cerraron el acto central con la marcha peronista. Para el Gobierno, la protesta ha ocultado intenciones políticas detrás de los reclamos contra los despidos, la inflación y la caída del poder de compra de los salarios. "Algunos actores deben entender que la especulación electoral debe quedar fuera de la discusión", dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

La CGT mantuvo una relación de cercanía prudente con Macri desde el inicio de su gobierno. La Casa Rosada fue generosa en los fondos que destinó a las obras sociales de los sindicatos, firmó un pacto con empresarios para evitar despidos y aceptó paritarias salariales que estuvieron a la altura de la inflación. Pero la tregua se rompió durante el verano austral. La crisis la lideraron los maestros, los primeros en discutir salarios. Los docentes declararon una huelga de 48 horas que impidió el inicio de clases, el lunes marcharon por Buenos Aires y el martes se sumaron a la marcha de la CGT. Los líderes de la Confederación, en tanto, terminaron por ceder al reclamo de sus bases, disgustadas con la posición dialoguista de la cúpula con el Gobierno. La movilización fue finalmente el punto culminante del fin de la paz social. "No vinimos a hacer diagnósticos. Vinimos a anunciar que va a haber medidas de fuerza en Argentina hacia finales de mes", dijo Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato que conduce la CGT.

La decisión parece tomada, pero también puede no ser tan así, un clásico en la política de mano dura y mano blanda que suelen aplicar los sindicatos. Héctor Daer, el tercer miembro de la dirigencia que cerró el acto, dijo que "el consejo directivo ya tomó la decisión de un paro de 24 horas", pero enseguida aclaró que dependerá de que el Gobierno "rectifique su política económica". La reticencia a dar una fecha cierta de huelga general no cayó bien entre algunas columnas de manifestantes, que al cierre del acto intercambiaron piedras y sillas con los grupos más dialoguistas. Al grito de "traidores, traidores" y "paro general, paro general" los manifestantes demoraron la salida del triunvirato de la CGT, que quedó atrapado durante más de media hora por los incidentes y se retiró entre botellas arrojadas por un grupo de manifestantes.

Lo cierto es que la CGT marcó en la calle que ya no comulga con el Gobierno, al tiempo que fue cuidadosa para evitar que la sangre llegue al rio. Sólo así se explica que el escenario para los discursos no se haya montado sobre la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada y marco tradicional de las demandas sindicales. Los gremios eligieron un punto intermedio, frente al ministerio de Producción, ubicado en una avenida diagonal a poco más de 200 metros de aquel lugar. Los manifestantes se repartieron allí entre decenas de calles angostas del centro financiero de Buenos Aires, sin posibilidades de exhibir una foto global de la convocatoria. El mismo cuidado tuvo el triunvirato a la hora de armar el palco oficial: nada de figuras políticas junto a los dirigentes gremiales.

Para el Gobierno, la protesta no tiene razón de ser porque la situación económica ya ha dado muestras de mejora. Según la visión oficial, la inflación del segundo semestre de 2016 fue menor a la del primero y este año el costo de vida aumentará en torno al 18%, frente al 40% del año pasado. Desde el ministerio de Trabajo admiten que durante los primeros seis meses de gobierno se perdieron 110.000 puestos de trabajo, pero aseguran que se crearon 85.000 nuevos entre julio y diciembre. Para la CGT, en cambio, la inflación en 2017 rondará el 24%, los empresarios no han cumplido con el compromiso de no despedir personal durante el verano y, si el Gobierno no cierra la economía a la competencia de productos extranjeros que compiten contra un peso apreciado, el futuro laboral será aún peor.