Holanda trata de impedir que un ministro turco haga campaña en Róterdam a favor de Erdogan
Si el Gobierno no consigue frenar el viaje, la decisión recaerá sobre alcalde de la ciudad portuaria, que debe evitar posibles altercados
El Gobierno holandés de centro izquierda está buscando la forma de impedir, por medios jurídicos, la visita del ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, a Róterdam, prevista para el próximo 11 de marzo. Unos 312.000 holandeses son de origen turco y disponen de doble pasaporte, y el político pretende hacer campaña entre ellos en favor del referéndum que aumentará los poderes del presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan. De ganar el sí, se convertiría también el primer ministro y podría gobernar por decreto. La pretensión supone un choque de valores democráticos para un país de la UE como Holanda. Y también la repulsa del arco político nacional ante la influencia que pretende ejercer Cavusoglu sobre unos ciudadanos que él considera propios, aunque hayan nacido y residan en otro país, han llevado al primer ministro, Mark Rutte, a advertirle a Turquía que su ministro no es bienvenido.
Rutte habla en todo momento de “nuestros ciudadanos” para referirse a sus compatriotas de ascendencia turca. Cavusoglu hace otro tanto, y apela a la libertad de expresión para poder convencerles de las ventajas de una consulta en la que pueden votar. Lodewijk Asscher, líder socialdemócrata holandés, ha repudiado de inmediato la alusión a dicho derecho fundamental de la siguiente manera: “Los compatriotas del ministro turco viven en Turquía, y allí, la libertad de expresión puede mejorar mucho”, ha señalado. Si los juristas consultados por el Ejecutivo holandés no encuentran la forma de impedir la visita, la decisión final quedará en manos del alcalde socialdemócrata de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. Para ello, sin embargo, deberá constatar antes que los ánimos están demasiado alterados y puede haber manifestaciones y desórdenes públicos en la ciudad portuaria durante la visita.
El roce diplomático entre Holanda y Turquía pone de manifiesto las consecuencias políticas de la inmigración, y el vacío legal que no permite afrontarlas adecuadamente. Si un país pretende cultivar en beneficio propio a los ciudadanos de otro, apelando a su identidad cultural, no hay normas locales o convenios internacionales que puedan contrarrestarlo. En el caso de Turquía, Holanda ya chocó con Ankara poco después del intento de golpe de Estado de julio de 2016. En febrero de 2017, el ministerio holandés de Justicia confirmó que al menos una veintena de personas habían perdido su pasaporte turco, supuestamente requisado por el consulado de Turquía. Para recuperarlo, debían demostrar en Ankara (adonde viajarían con un permiso temporal) que no eran seguidores de Fethullah Güllen, el clérigo acusado por el Gobierno de organizar la intentona golpista. El temor de los afectados era acabar en la cárcel si se trasladaban a Turquía.
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