El veto migratorio de Trump abre el primer conflicto institucional

Nunca en tiempos modernos una presidencia había comenzado con un ritmo tan intenso, en un ambiente caótico y con una resistencia tan masiva como la de Donald Trump.

La prohibición temporal a la entrada de refugiados de todo el mundo —indefinida para los que vienen de Siria— y a los inmigrantes de siete países ha sido el detonante de la primera crisis interna de la Administración Trump. Al despido a la fiscal general (ministra de Justicia) en funciones por desacatar el decreto y las críticas al presidente de un centenar de diplomático, se sumó este lunes el boicoteo de la oposición demócrata al nombramiento de cargos clave en la Administración Trump.

Los senadores del Partido Demócrata no comparecieron a la audiencia programada para la confirmación de los cargos de los secretarios del Tesoro y de Salud. La táctica dilatoria postergará su confirmación, pero no podrá evitarla: los demócratas son minoritarios y previsiblemente los nominados de Trump contarán con los votos de todos los republicanos. La fuerza de la oposición se encuentra hoy en la calle, en las organizaciones de activistas y en las ciudades y estados gobernados por el Partido Demócrata más que en Washington. El Partido Republicano de Trump ya controla los resortes en Washington, y el nombramiento de un nuevo juez del Tribunal Supremo, previsto anoche, debía reforzar la presencia conservadora en las tres ramas del poder federal.

La resistencia difícilmente vendrá de la mayoría republicana en el Congreso, pero los signos de inquietud se han multiplicado en la capital federal. Primero fue una carta de un centenar de diplomáticos de carrera que alertaba sobre los peligros para los intereses de EE UU del decreto sobre inmigrantes y refugiados. Después llegó otro mensaje, esta vez de Sally Yates, la fiscal general en funciones, expresando dudas sobre la legalidad del decreto Trump y anunciando que los juristas del Departamento de Justicia no lo defenderían en los tribunales.

La respuesta de la Casa Blanca fue fulminante. El portavoz Sean Spicer invitó a los diplomáticos disidentes a marcharse. Y, en un comunicado, anunció la destitución de Yates, que ocupaba el cargo a la espera de que el Senado confirme a Jeff Sessions, el fiscal general de Trump. Yates, según el comunicado, “traicionó” al Departamento de Justicia al negarse a velar por la aplicación del decreto.

La destitución de Yates se ha comparado con la llamada masacre del sábado por la noche, episodio central del drama del caso Watergate en los años del presidente Richard Nixon. En la noche del 20 de octubre de 1973, dimitieron el fiscal general y el fiscal general adjunto, a los que Nixon presionaba para destituir al fiscal especial que investigaba el Watergate.

El decreto ha molestado por su contenido como por las formas: redactado apresuradamente, sin consultar con los departamentos y expertos involucrados, y ambiguo en muchos puntos, lo que ha contribuido al desconcierto entre los funcionarios de inmigración y aduanas.

Los propios republicanos del Congreso, aunque aplaudan la decisión, se han sentido despreciados en el proceso. Y tres de las figuras más experimentadas en la Administración Trump —el futuro secretario de Estado Rex Tillerson, el de Defensa, el general James Mattis, y el de Seguridad Interna, el general John Kelly— han vivido con irritación la firma de un decreto que afecta directamente a sus carteras, según varias fuentes citadas por los medios estadounidenses.

En el círculo más íntimo de la Casa Blanca, están convencidos de que el nuevo presidente debe ser un agente de la disrupción, el hombre que acabe con los viejos modales y tradiciones de la política. Lo que para otro presidente novato habría sido una crisis alarmante —la rebelión de parte del cuerpo diplomático, la preocupación entre los abogados del estado, el desconcierto de los pesos pesados del aparato de seguridad— para Trump puede ser un triunfo.