Unos de vuelta y otro de ida
En la guerra contra las drogas en México y en Colombia, el crimen organizado es más letal
Filipinas, lejana de Latinoamérica y España, estuvo, sin embargo, muy cerca en la historia. Josecito Pérez —o cualquier nombre parecido— podría ser el nombre de miles de filipinos en Manila, Cebú o Quezon City. Seguramente hablan hoy sólo tagalo o inglés y no castellano, pero en nombres hispánicos regados entre sus 100 millones de habitantes está la huella de la historia.
El Gobierno de Washington está ante un dilema más: la ley o la barbarie para enfrentar a las drogas ilícitas.
Colonizada por España en el siglo XVI, pasó a ser gobernada una etapa a través de la Capitanía General de Guatemala del americano Virreinato de Nueva España. Esa cercanía de antaño quedó luego en la distancia de la historia. Hoy, el discurso político que sale de Manila y el que, simultáneamente, emerge desde Latinoamérica sobre ciertos temas fundamentales está en las antípodas y pone al nuevo Gobierno de Washington ante un dilema más: la ley o la barbarie para enfrentar a las drogas ilícitas.
De un lado, el realismo y la sensatez que sale de la experiencia. Juan Manuel Santos, al recibir el Nobel de la Paz, enfatizaba hace unos días que era necesario “replantear la guerra contra las drogas [...] igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo”. “Esto no se resuelve a balazos”, decía casi simultáneamente en México el general Salvador Cienfuegos, secretario (ministro) de Defensa, enfático en que esa no es tarea del Ejército y que éste debe “regresar a sus tareas constitucionales”.
Sería muy grave la condescendencia con las ejecuciones extrajudiciales alentadas públicamente desde el poder
Mientras, en otro lado del globo, el nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, levanta la consigna de la muerte. Este mismo lunes declaraba orgulloso que él como alcalde de Davao hacía rondas en moto para matar él mismo a “sospechosos”. Como presidente inició en julio su propia “guerra contra las drogas” desde el Gobierno incentivando a la policía y a los ciudadanos a matar a sospechosos de comerciar o usar drogas; más de 3.000 personas han sido ya asesinadas.
Mientras unos van de regreso otro va letalmente de ida. Si hay dos países que podrían enrostrar al mundo los dramáticos efectos de la guerra contra las drogas, con sus decenas de miles de muertos, serían, precisamente, Colombia y México.
Mientras serían más de 100.000 los muertos de la guerra contra el narco en México y otro tanto en Colombia, después de tres décadas la producción y tráfico de drogas ilícitas no sólo se ha mantenido —o aumentado— sino que se han hecho más letales e intrincadas las redes del crimen organizado. El telón de fondo de la “guerra que nadie ganó” está, como se sabe, en líneas de política generadas desde Washington básicamente por Nixon, primero, y Reagan, después. Esta fue gradualmente revisada al punto de que las palabras y el concepto “guerra contra las drogas” desapareció totalmente del lenguaje de la política exterior estadounidense en la gestión de Barack Obama.
¿Qué viene ahora con Trump? Difícil saberlo en alguien tan errático en afirmaciones y juicios. Para Duterte, desde las Filipinas, la película parecería estar clara. Ha contado de una supuesta conversación telefónica el 2 de diciembre con Trump en la que éste le habría manifestado apoyo a sus políticas. Transcurridos más de 10 días, esas afirmaciones de Duterte no han sido desmentidas por Trump o sus asesores.
Si bien no cabe especular sobre el tema, la falta de reacción en el equipo de Trump frente a esa conversación con Duterte, así como el énfasis reiterado de Trump en su campaña a la “ley y orden” (law and order), lema principal de la campaña presidencial de Nixon, abren interrogantes sobre si Washington desde enero será silentemente cómplice de la sangrienta guerra contra las drogas de Duterte.
Sería muy grave la condescendencia con las ejecuciones extrajudiciales alentadas públicamente desde el poder. No sólo por lo que tiene de distorsión de las funciones de la autoridad, sino por la dificultad que le crearía a países que, habiendo pagado con la sangre de miles de sus compatriotas el mayor precio de la guerra contra las drogas, pugnan hoy por revisar el camino recorrido.
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