China impone la condena más dura a un abogado de derechos humanos

El abogado defensor de los derechos humanos Xia Lin, célebre por haber representado al artista Ai Weiwei y a otros destacados activistas, recibió este jueves en Pekín una sentencia de 12 años de cárcel, en un nuevo y duro golpe del régimen chino contra la sociedad civil y los defensores de las libertades fundamentales. Xia había sido ya juzgado y declarado culpable en junio de fraude, un cargo del que se declaró inocente.

La condena contra Xia, un antiguo participante en las protestas estudiantiles de Tiananmen en 1989, es la más dura en años contra un abogado defensor de los derechos humanos, y superior incluso a la impuesta contra el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, condenado en 2009 a 11 años de prisión. El letrado había sido detenido hace casi dos años y acusado de haber obtenido mediante engaños cerca de 100 millones de yuanes (13,4 millones de euros) para pagar deudas de juego.

“Xia ha insistido en que el resultado (del juicio) representa una persecución y una venganza contra su defensa de los derechos humanos, especialmente en los casos que ha representado en los tribunales”, declaró su abogado, Ding Xikui, a este periódico tras conocerse la sentencia. “Es un veredicto injusto”. El abogado ha anunciado que apelará la sentencia, para lo que cuenta con un plazo de diez días.

Según la organización China Human Rights Defenders (CHRD), Xia fue detenido el 8 de noviembre de 2014 en su domicilio cuando se preparaba para representar a Guo Yushan, un célebre activista y fundador del clausurado centro de estudios Transition Institute. Guo había sido detenido un mes antes por su defensa del movimiento prodemocracia hongkonés Occupy Central.

Ding y los allegados de Xia declaran que el abogado pidió dinero prestado, pero que se trata de algo “normal”. Quienes le entregaron el dinero lo hicieron porque querían y ninguno de ellos, sostienen, ha presentado ninguna denuncia por impago. Durante el proceso de investigación del caso, agregan, los funcionarios chinos se interesaron más por las relaciones entre Xia y otros activistas, incluidos Ai y Guo, que por los préstamos.

“El cargo de fraude es solo una cortina de humo para tapar las verdaderas intenciones del gobierno, reprimir a los abogados dispuestos a defender a clientes en casos políticamente sensibles”, denuncia William Nee, investigador de Amnistía Internacional en Hong Kong. Frances Eve, de CHRD, apunta que “el Partido Comunista ha vuelto a enviar una señal escalofriante a los abogados para que se porten bien o se arriesguen a pasar años en prisión”.

China, que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping ha endurecido los controles sobre los críticos al gobierno, detuvo el año pasado a más de 200 activistas y abogados defensores de los derechos humanos. La mayoría han ido quedando gradualmente en libertad, pero otros permanecen aún retenidos, sin que se conozca cuál va a ser su futuro.

 Un grupo de estos activistas fue juzgado en agosto, aunque sus sentencias no alcanzaron la dureza de la impuesta hoy a Xia. “Aunque nunca debieron ni siquiera ser juzgados, para empezar, puede decirse que recibieron penas relativamente leves porque finalmente cooperaron con las autoridades, algo comprensible después de más de un año de detención sin acceso a abogados o familiares, bajo serio riesgo de torturas y maltratos. Hay quien conjetura que los abogados y activistas que aún están detenidos son los que aún no cooperan, y esta dura condena contra Xia Lin puede ser una manera de lograr que lo hagan por miedo”, apunta Nee.