Choque total entre el Supremo y Parlamento en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado nulos todos los actos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición a Maduro. La corte, en manos del chavismo, obviará las decisiones del parlamento mientras se incumpla una sentencia que suspendió la juramentación de tres diputados del estado de Amazonas, al sur del país. El mandato de la corte representa un nuevo capítulo del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no representa una parálisis del Gobierno. El chavismo gobierna amparado en un decreto de Emergencia Económica que permite al presidente Nicolás Maduro desconocer el poder contralor del Parlamento.

El Supremo ha aprovechado una sentencia en la que declaró nula una reforma de la ley que le reserva al Estado la explotación y exploración del oro, aprobada por la mayoría opositora, para establecer que todos los actos futuros del Congreso serán "inconstitucionales y nulos", incluyendo las leyes sancionadas, hasta que acaten la resolución de la Sala Electoral, dictada en enero, que prohíbe la juramentación de tres parlamentarios opositores y uno del chavismo en Amazonas mientras se decide un reclamo sobre un supuesto fraude en las elecciones celebradas en diciembre.

La oposición buscaba evitar con la ley que el gobierno iniciara a gran escala la explotación de sus recursos mineros localizados en el sur del país. El régimen necesita con prontitud una inyección de dinero en efectivo para asumir los enormes costos de su modelo de desarrollo. La caída de los precios del petróleo, que ingresa el 96% de las divisas que se gastan en el país, ha puesto a Maduro frente al reto de buscar fuentes alternativas de ingresos. Parte de la izquierda que acompañó al proyecto chavista ha criticado las concesiones otorgadas a empresas internacionales y locales por los daños ocasionados que ocasionaría al ecosistema.

Con estos tres asambleístas incorporados en pleno, la opositora Mesa de la Unidad completaría una mayoría calificada que le permitiría legislar en contra de los intereses del chavismo y proponer cambios mayores en su proyecto político. Esta posibilidad ni siquiera ha podido ser considerada porque la Sala Electoral aún está recolectando pruebas para dictar sentencia, según un comunicado emitido el pasado 31 de julio.

La oposición decidió ignorar esa decisión e incorporó a los parlamentarios Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana el pasado 28 de julio. El bloque chavista se ausentó de la sesión y acudió entonces al TSJ para denunciar a la Mesa de la Unidad por desacato a la ley. Ha sido el recurso más utilizado por la bancada minoritaria para bloquear todas las iniciativas parlamentarias.

Hasta ahora el Supremo, controlado por el chavismo, ha dictado 19 sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por la mayoría opositora. La guerra de poderes se ha intensificado ahora con la puesta en marcha y desarrollo del referéndum revocatorio de la oposición contra Maduro.