Erdogan amplía el periodo máximo de detención sin cargos tras el golpe

Las personas que sean detenidas durante el estado de emergencia en Turquía —decretado por tres meses— podrán ser retenidas por la policía hasta un mes sin que se presenten cargos contra ellas. Además, una vez se le imputen delitos, las conversaciones con sus abogados —así como todos los mensajes que se envíen, aunque sean cifrados— podrán ser grabados si así lo ordena la fiscalía. Las autoridades se reservan la potestad de imponer restricciones a las visitas de los letrados a los arrestados y podrán vetar que determinados abogados defiendan a un encausado, de forma que será el Colegio de Abogados el que seleccione al nuevo representante legal.

La purga en todos los estamentos de la Administración —que ha costado su puesto a más de 60.000 empleados en una semana— se extendió el sábado a diversas instituciones de derecho privado. Con el decreto gubernamental, se ordena el cierre de 15 universidades y 1.043 escuelas privadas y residencias de estudiantes. Una fuente del Ejecutivo explicó que a los alumnos de estos centros se les ofrecerán plazas en el sistema de educación público. Además, el Ejecutivo ha aprobado que todos los académicos puedan ser despedidos con el aval del Consejo de la Educación Superior (YÖK), un órgano fuertemente controlado por el Gobierno. Y lo mismo ocurrirá con otros estamentos de la Administración Pública.

También se han clausurado 35 instituciones médicas, la mayoría de ellas clínicas privadas. Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, “se han tomado las medidas necesarias para evitar que los ciudadanos se vean perjudicados (…) y se ha iniciado el traslado de los enfermos a hospitales públicos”.

Otras 1.229 fundaciones y asociaciones junto a 19 uniones sindicales han sido ilegalizadas. Los sindicatos pertenecen todos ellos a las confederaciones Cihan Is y Aksiyon Is, ambas con fuertes vínculos a la comunidad gülenista. También la mayoría de las asociaciones prohibidas forman parte de esta red religiosa, lo que fuentes presidenciales turcas señalan como razón suficiente para su clausura.

Sin embargo, en la lista de asociaciones ilegalizadas también se encuentra la Unión de Jueces y Fiscales (Yarsav), a la que estaban afiliados magistrados kemalistas, nacionalistas e izquierdistas y que se había demostrado muy crítica con el creciente autoritarismo de Erdogan. El presidente de Yarsav, Murat Arslan, informó de que asimismo se le ha expulsado del Consejo de Cuentas del Estado, del que era uno de los miembros. La asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), de la que forma parte Yarsav, ya había mostrado su preocupación por los ataques que estaban sufriendo la judicatura turca tras el fallido golpe y urgió a las instituciones europeas a “exigir al Gobierno turco liberar a los jueces y fiscales detenidos arbitrariamente”.

Erdogan aseguró que, la noche del golpe, los militares sublevados ofrecieron al jefe del Estado Mayor, el general Hulusi Akar, que era mantenido como rehén por los rebeldes, conversar por teléfono con Fethullah Gülen. Aunque estos hechos aún no han sido probados en sede judicial.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Europeos y negociador jefe de la adhesión comunitaria, Ömer Çelik, afirmó que el clérigo turco “es más peligroso que Bin Laden”. “Bin Laden lleva a cabo actos terroristas después de amenazar con ellos. Estos (los gülenistas) en cambio se camuflan bajo un manto de tolerancia y diálogo mientras dirigen una organización terrorista”, justificó. Gülen mantiene que no tiene nada que ver con la intentona golpista en Turquía, pero las autoridades de Ankara han pasado a la ofensiva y exigen su extradición desde Estados Unidos.